MOCIONES DE IZQUIERDA UNIDA

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MOCIONES DE IZQUIERDA UNIDA

Mensaje  jose antonio diago sanche el Jue Ene 24, 2013 7:49 pm

Aparte de la Moción sobre los desahucios que esta recogida en este foro en IU informa, para el próximo Pleno a celebrar el día 30 a las 18,30 horas, también hemos presentado las siguientes Mociones:
MOCIÓN INSTANDO AL GOBIERNO A QUE PROMUEVA LA RETIRADA DE LA LEY 10/2012, DE 20 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE REGULAN DETERMINADAS TASAS EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y DEL INSTITUTO NACIONAL DE TOXILOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES.

De acuerdo con lo previsto en el reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales: el Grupo municipal de IUCyL en el Ayuntamiento de La Robla, viene a formular para su aprobación la siguiente MOCION

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 22 de noviembre entró en vigor la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
Tras una tramitación de vértigo en el Parlamento, con evidente afán de ocultación a los ciudadanos y ciudadanas, su contenido constituye una muestra más de la voluntad del Gobierno de llevar a cabo un desmantelamiento de los servicios públicos esenciales, cuestionando a su vez el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales.

La Ley 25/1986, de 24 de diciembre, de Supresión de las Tasas Judiciales, erradicó de nuestro ordenamiento jurídico la figura de la tasa judicial, para propiciar que todos los ciudadanos pudieran obtener justicia cualquiera que fuera su situación económica o su posición social.

Mediante la contrarreforma emprendida por el Grupo Popular, este cambio normativo tan radical se produce sin haberse aceptado ninguna propuesta de los Grupos Parlamentarios a lo largo de su tramitación en ambas Cámaras, extendiéndose el pago de las tasas judiciales a toda persona física y jurídica, así como a los órdenes jurisdiccionales civil, contencioso-administrativo y social.

Si bien el Tribunal Constitucional en Sentencia de fecha 16 de febrero de 2012, consideró constitucional la reintroducción de la tasa hecha por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, también afirmó que “Esta conclusión general sólo podría verse modificada si se demostrase que la cuantía de las tasas son tan elevadas que impiden en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo obstaculizan en un caso concreto en términos irrazonables, atendiendo a los criterios de la jurisprudencia expuesto en el fundamento jurídico 7. Sin embargo, la cuantía de las tasas no debe ser excesiva, a la luz de las circunstancias propias de cada caso, de tal modo que impida satisfacer el contenido esencial del derecho de acceso efectivo a la justicia”. En consecuencia, la cuantía de las tasas no deben impedir u obstaculizar el acceso a la Justicia.

Recientemente, el Sr. Manuel Cachón Cadenas, Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Autónoma de Barcelona, decía que: “Si el legislador, mediante la imposición de tasas judiciales o de otra forma, pone dificultades para que un ciudadano que ha sufrido una lesión de sus derechos pueda acudir a los tribunales a pedir protección, esto significa que ese legislador está favoreciendo a quien ha lesionado aquellos derechos. Por ello, la existencia de tasas judiciales fomenta la morosidad y, en general, el incumplimiento de las obligaciones. En la medida en que un sistema de tas judiciales dificulte la obtención de tutela judicial, en esa misma medida está beneficiando a los que incumplen sus obligaciones”.
El objetivo recaudatorio que persigue esta Ley es desproporcionado con la limitación del derecho de acceso a la Justicia, y puede convertirse en un obstáculo impeditivo para la obtención de la tutela judicial efectiva.

Por todo ello, el Grupo Municipal IU del Ayuntamiento de La Robla, somete a votación, para su aprobación la siguiente:

MOCIÓN

• Pedir al Gobierno que promueva la retirada de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, dejando sin efecto la misma.
• Pedir al Gobierno que garantice que nadie vea limitado su derecho de acceso a la Justicia por no poder hacer frente al pago de una tasa judicial.
• Remitir copia de la presente moción al Ministerio de Justicia y a la Presidencia del Gobierno de España
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MOCIÓN EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA
El Grupo municipal de IUCyL en el Ayuntamiento de La Robla, viene a formular para su aprobación la siguiente MOCION, que tiene su fundamento en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el Pleno del día 17 de mayo de 2012 se aprobó el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, “de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.”
Este Real Decreto Ley ha supuesto un cambio significativo en la concepción de la atención sanitaria y se ha llevado a cabo sin un debate previo no solo en el Parlamento sino también con entidades profesionales y sociales en este campo.
En el Capítulo I, concretamente en el artículo primero, se establecen las condiciones para acceder al “derecho a la asistencia sanitaria en España”, unas condiciones que están en vigor desde el 1 de septiembre y que restringen el derecho a múltiples colectivos como:
• Personas con nacionalidad, mayores de 26 años residentes en España que nunca han estado en situación de alta o asimilada al alta en el Sistema de Seguridad Social.
• Personas con nacionalidad de alguno de los países miembros de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza que carezcan de certificado de residencia en España y/o no puedan acreditar su situación de paro involuntario.
• Extranjeros nacionales de países terceros que carezcan de autorización de residencia en España.
Para éste último colectivo, cifrado en unas 150.000 personas, el Real Decreto prevé únicamente la atención sanitaria de urgencias (salvo en el caso de mujeres en proceso de gestación y los menores) como único supuesto de asistencia médica, volviendo a una concepción restrictiva que no aporta valor alguno a nuestra sociedad y que se erradicó en el año 2000 con la Ley Orgánica de Extranjería 4/2000.
Esta situación, supone el paso atrás mencionado y, en la práctica, además de un cambio en la concepción de Universalidad en el acceso a la salud pública, una vulneración del principio de equidad que guiaba hasta el momento las políticas de sanidad de este país. Esta situación puede provocar no sólo el colapso de las zonas de urgencia de los hospitales españoles, aumentando –paradójicamente- los costes en la atención sanitaria a la población, sino también dividir a la sociedad en ciudadanos de plenos derechos y no-ciudadanos o ciudadanos sin derechos.
Asimismo, la propuesta de la atención de estas personas a través de convenios entre las Comunidades Autónomas y ONG sigue vulnerando la vocación de universalidad de nuestro sistema sanitario y no haría sino ahondar en la brecha arriba señalada creando sistemas de atención sanitarias paralelos.

ACUERDOS:
1. Desde el Ayuntamiento de La Robla manifestamos nuestra disconformidad con el contenido de este Real Decreto Ley.
2. Exigir al Gobierno a que retire este Real Decreto Ley.
3. Instar al a la Junta de Castilla y León, para que retire de su agenda política cualquier pretensión de avanzar en la privatización de la gestión de la sanidad pública CyL.
4. Dirigirse a los Grupos Parlamentarios presentes en les Cortes de CyL con la finalidad de promover, ante el Gobierno del Estado, un PACTO POR LA SANIDAD que consolide nuestro Sistema Nacional de Salud y que asegure la cohesión social y la equidad para todos los ciudadanos. Un pacto que incluya a las fuerzas políticas, sindicales y de profesionales, a la industria y a los colectivos de pacientes que permita que nuestro SNS siga siendo uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo.
5. Dar traslado de los acuerdos de esta moción:
- Al Presidente del Gobierno y Junta de Castilla y León.
- A Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados y de les Cortes de CyL
- A la Ministra de Sanidad.


jose antonio diago sanche

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MOCION 8 DE MARZO

Mensaje  jose antonio diago sanche el Vie Mar 01, 2013 7:16 am

INTENTAREMOS QUE ESTA MOCION SE APRUEBE EN ESTE PLENO DE 5 DE MARZO

MOCIÓN “CONTRA LOS RECORTES EN POLITICAS MUNICIPALES DE IGUALDAD”
El Grupo Municipal de Izquierda Unida, ante el Pleno del Ayuntamiento de La Robla.
EXPONE:
El Anteproyecto de reforma de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, pretende la reducción general de las competencias municipales, centralizar en las diputaciones provinciales o a las 7 Comunidades Autónomas uniprovinciales las competencias de los ayuntamientos pequeños, y, en un paso posterior, reducir el número de concejales y concejalas, porque supone:
1.- la reducción de lo público, ya vemos lo que supone el lema “mas mercado, menos Estado”: privatizar las ganancias, socializar las pérdidas
2.- la centralización territorial, pese a que los ayuntamientos gestionan solo el 13% del gasto público en España, muy inferior a la media europea, y a que la Asamblea de municipios y regiones de Europa celebrada en Cádiz, en septiembre de 2012 acordó que la Descentralización, Desarrollo y Democracia deben ser las líneas de trabajo.
3.- la pérdida de democracia, que la Carta Europea de Autonomía Local define como acercamiento de las decisiones a la ciudadanía y “el derecho y la capacidad efectiva de las Entidades locales integradas por miembros elegidos por sufragio libre, secreto, igual, directo y universal –sin perjuicio de los cauces locales de participación directa de los ciudadanos- de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos, en el marco de la Ley, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes”.
4.- discriminación del medio rural, ya que pierde prácticamente la institución municipal.
Pero, además, la reforma tiene una incidencia negativa en la igualdad entre mujeres y hombres, porque:
a) Suprime el artículo 28, que ha permitido desde hace tres décadas a la mayoría de los ayuntamientos tener Concejalías, actividades y planes de promoción de la igualdad, en consonancia con el mandato del artículo 9.2 de la Constitución de promover activamente la igualdad (sobre su aplicación a los ayuntamientos, ver las sentencias del Tribunal Constitucional STC 216/1991 y STC 12/2008 FFJJ 5º y 2º).
b) Limita a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes (art. Siete.2.5 del borrador de 22.12.12) la posibilidad de ejercer “por delegación de la Comunidad Autónoma” la promoción de la igualdad de la mujer, lo que supone una discriminación de las mujeres del medio rural, una reducción de esfuerzos igualitarios y un alejamiento de las decisiones políticas respecto a la ciudadanía.
c) Además de restringir la autonomía local para responder a las demandas ciudadanas y de ignorar el mandato constitucional a todos los poderes públicos de promover la igualdad en el ámbito de sus competencias, esta reforma contraviene la Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la vida local (Consejo de Municipios y Regiones de Europa, 2006), que promueve las políticas municipales de igualdad, con objetivos relevantes y evaluables, y recursos humanos y materiales propios y adecuados.
d) Dificulta el cumplimiento de la Ley integral contra la violencia de género de 2004, cuyo artículo 19, para la asistencia social integral, exige la concurrencia de los ayuntamientos.
e) Atenta contra la Democracia paritaria, ya que la elección de 68.462 concejalías constituye el ámbito más extenso de participación de mujeres directamente elegidas, la inmensa mayoría no retribuidas, en la toma de decisiones.
El 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, es la fecha propicia, para que este Ayuntamiento muestre verdaderamente su voluntad de enfrentarse y poner freno a los recortes en políticas de igualdad y mostrar así su voluntad decidida y comprometida, para que la igualdad de las mujeres no sea la cabeza de turco de todas las políticas de “austeridad” de las Administraciones.
Por ello el Grupo municipal de Izquierda Unida, propone al Pleno,
ACUERDO:
Mostrar nuestro más firme rechazo a cualquier propuesta de supresión de las políticas municipales de igualdad.
Mostrar nuestro compromiso firme y decidido a aumentar los recursos materiales y humanos en políticas de igualdad.
A NIVEL MUNICIPAL
• Aumentando el presupuesto destinado a políticas transversales y específicas destinadas a conseguir la igualdad entre mujeres y hombres
• Aumentando los recursos materiales y de personal para la prevención y atención de las mujeres en situaciones de especial vulnerabilidad
A NIVEL ESTATAL:
• Elevar al Gobierno del Estado, la exigencia de no restringir los derechos de las mujeres y paralizar cualquier reforma regresiva de la ley de Bases del régimen Local.

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MOCION REVALORIZACION DE LAS PENSIONES

Mensaje  jose antonio diago sanche el Vie Mar 08, 2013 10:27 am

El Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de La Robla, al amparo de lo dispuesto en el ROFRJEL y en el Reglamento Orgánico Municipal, presenta para su discusión y aprobación esta MOCIÓN en base a los siguientes
ANTECEDENTES Y MOTIVOS
La decisión del Gobierno, de no revalorizar las pensiones en España en la cuantía equivalente a la desviación entre el IPC a 30 de noviembre y la previsión de inflación abonada a principio de año, del 1%, vuelve a incidir en disminuir la renta disponible de los pensionistas en el marco de las políticas de ajuste para cumplir con los objetivos de déficit.
Para ello, ha aprobado un Real Decreto Ley de Medidas de Consolidación y Garantía del Sistema de Seguridad Social, motivando la presentación de un Recurso de Inconstitucionalidad por parte de la mayoría de Grupos Parlamentarios, entre ellos Izquierda Unida. Igualmente, se modifica la Ley del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
Para Izquierda Unida esta medida constituye un perjuicio claro para uno de los colectivos más vulnerables, el de los pensionistas. Es, además de inconstitucional, una medida injusta e ineficaz y se enmarca en la continuada política de ajustes que está intensificando los negativos efectos de la crisis, deprimiendo la demanda interna y afectando intensamente a la actividad económica y el empleo. Con ella, se retiran de manera inmediata 2.000 millones de potencial consumo, en el caso de la pensiones la práctica totalidad se destina a ese fin, y otro tanto solo a lo largo de 2013.
Igualmente, el Gobierno ha cedido a las exigencias del núcleo más conservador de la Unión Europea y de los mercados, cuya actividad especulativa sigue provocando que la economía, no se recupere y que los trabajadores/as, los pensionistas y jubilados sigan perdiendo poder adquisitivo y unos derechos sociales que conseguimos durante muchos años de lucha.
También el Gobierno cambia la Ley Reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, para establecer que durante los ejercicios 2012, 2013 y 2014 no resultará de aplicación el límite del 3 por 100 de la nómina de pensiones contributivas y gastos de gestión del sistema, que pueden ser dispuestos para atender el pago de dichas pensiones. Durante esos años el límite será el que determine y prevea la Intervención General de la Seguridad Social.
Una medida que se hace sin explicación previa alguna a los grupos parlamentarios que integran la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Toledo ni a las organizaciones sindicales y empresariales, como debería ocurrir.
Por todo ello, se debe exigir que se mantenga el espíritu de consenso del Pacto de Toledo, pues las medidas del Gobierno perjudican a las personas más débiles y no se toma, ni una sola medida que afecte a los culpables de la crisis tan brutal que tenemos en estos momentos y que no son precisamente los trabajadores/as, ni los pensionistas y jubilados.
Existe una gran preocupación cuando vemos el impacto que la crisis está haciendo en las personas mayores. El progresivo envejecimiento de la sociedad española plantea uno de los principales retos socioeconómicos y políticos del Estado de Bienestar, ya que dibuja un escenario de nuevas necesidades sociales a las que tenemos que dar respuesta para asegurar los derechos democráticos de la ciudadanía.
El aumento de la proporción de personas mayores en la sociedad implica fortalecer los diferentes pilares sobre los que se sostiene el derecho a un envejecimiento digno y de calidad: las pensiones, la sanidad, la atención a la diversidad funcional o las medidas de servicios sociales…. que este Gobierno está recortando.
Las principales políticas públicas llevadas a cabo en los últimos años, a partir de la irrupción de la crisis, y sus efectos en la vida de las personas de 65 y más años, está siendo demoledor, llevando a un gran número de pensionistas y jubilados a la pobreza y a la exclusión social.
Hay que fortalecer la solidaridad intergeneracional para asegurar la calidad de vida de nuestra población mayor y poner fin a las injustas políticas de austeridad, como vía para una salida de la crisis de manera democrática y sostenible económica y socialmente.
El gobierno debe tener en cuenta que los más de 8.800.000 pensionistas y jubilados españoles, en la inmensa mayoría de los casos, tienen en sus pensiones la principal y/o única fuente de ingresos, que además sirve para el sustento de sus familiares en paro o en serias dificultades económicas, por lo que se hace necesario que recuperen el IPC perdido injustamente.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida eleva al Ayuntamiento Pleno la siguiente
MOCIÓN
1º El Ayuntamiento de La Robla insta al Gobierno de la Nación a retirar el Real Decreto Ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social, manteniendo el poder adquisitivo de las pensiones.
2º Que el Gobierno de la Nación proceda al abono de las cantidades dejadas de percibir por aplicación de la citada Ley.
3º El presente acuerdo se remitirá al Presidente de Gobierno, a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de Diputados y a las asociaciones de Pensionistas y Jubilados del municipio.





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MOCION RETIRADA PROYECTO DE LEY

Mensaje  jose antonio diago sanche el Vie Mar 08, 2013 10:31 am


El Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de La Robla en nombre y representación del mismo, y al amparo de lo establecido en la normativa aplicable, eleva al Pleno de la Corporación para su debate la siguiente Moción: Para Instar al Gobierno de España a la retirada inmediata del Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local .
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde IU hemos defendido contundentemente en los últimos años la necesidad de abordar las necesidades municipales garantizando el principio de autonomía local, reconociendo a los ayuntamientos su papel como parte del Estado, su autonomía política y su capacidad de gestión, y hemos exigido una profunda reforma del sistema de financiación de los entes locales que los dotara, efectivamente, de la financiación adecuada al cumplimiento de sus fines.
Desde este punto de vista y sin perjuicio de análisis más pormenorizado, la propuesta de modificación presentada por el Gobierno de Mariano Rajoy es absolutamente decepcionante en su contenido, falsa en su justificación y profundamente ineficaz y nociva para el interés de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país.
Es decepcionante porque vulnera lo establecido en el Art 142 de la Constitución española, menospreciando el principio de autonomía municipal, y modificando el modelo constitucional de estructura territorial del Estado relegando a los ayuntamientos al mero papel de delegaciones de las CCAA y del Estado, sin contenido político y sin capacidad de gestión más allá de lo que decidan las otras administraciones.
El anteproyecto presentado supone una radical modificación sobre el marco competencial municipal reduciéndolo de un modo lamentable y reservando a los ayuntamientos prácticamente las competencias relativas al mantenimiento de la ciudad, razones por las cuales habría que cuestionar tanto política como jurídicamente su constitucionalidad.
Es falsa en su justificación porque una reforma de tales características no se justifica en la crisis económica y financiera, toda vez que el conjunto de la deuda achacable a las administraciones locales apenas asciende al 5% por ciento del total, respondiendo además al Ayuntamiento de Madrid más de la mitad de la misma. Más bien habremos de convenir en que se trata de una reforma radicalmente involucionista que responde a modelos políticos y sociales propios de una derecha reaccionaria, centralista y acérrimamente liberal, cuyo objetivo no es otro que disminuir el estado a su mínima expresión, desmantelando aquellas de sus capacidades que no resultan económicamente rentables, y disponiendo el traslado a manos privadas de todas aquellas que resultan financieramente apetecibles.
Es profundamente nociva para los intereses de la ciudadanía porque en vez de avanzar en la línea de construir ayuntamientos más fuertes con más competencias y mayor capacidad de gestión se va en la dirección contraria, intentando alejar la política de los ciudadanos y convirtiendo a los ayuntamientos en rehenes políticos de otras administraciones y abriendo la puerta, aún más, si cabe, al clientelismo partidista y al trato arbitrario. Es perniciosa para ciudadanos y ciudadanas porque desdeña el respeto debido a sus derechos más básicos, atribuyendo competencias esenciales a instituciones cuya crisis económica y estructural es de tal calado que le impide, basta con analizar sus actuaciones y sus presupuestos, y por ende sus criterios políticos, el más mínimo ejercicio de la competencia, y, lo que es más grave, la voluntad política de desarrollarla.
Tal situación se cierne en todo su amenazante potencial sobre nuestro Municipio de si efectivamente como parece el Consejo de Ministros acaba consolidando dicho borrador en una modificación legal vía decreto Ley o proyecto de ley. Es preciso pues que nuestro Ayuntamiento tome conciencia de esta situación, y se apreste a hacerle frente. Por todo ello, y desde el grupo municipal de IU planteamos los siguientes.
ACUERDOS
1. El Pleno del Ayuntamiento de La Robla insta al Gobierno de España a la retirada inmediata del Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Insta del mismo modo al cumplimiento del Artículo 142 de la Constitución Española para la defensa de la Autonomía Municipal.
2. El Pleno del Ayuntamiento de La Robla insta al Gobierno de España a iniciar un Proceso de Negociación de un Pacto Local con la FEMP que permita la financiación adecuada de los Municipios, la búsqueda de fórmulas que permitan asegurar la pervivencia de los servicios que ofrecen a la ciudadanía y su prestación desde la iniciativa pública.
3. El Pleno del Ayuntamiento de La Robla insta al Gobierno de Castilla y León a elaborar, con la máxima urgencia, un informe de las afecciones que la aplicación de dicha ley, en su redactado actual, supondría para nuestro Ayuntamiento, incluido su personal.
4. Este Ayuntamiento se compromete a participar e impulsar cuantos procesos se lleven a cabo, incluido el recurso de inconstitucionalidad, para oponerse a la aprobación definitiva primero, y a la aplicación después, de dicha ley.
5. El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno de Castilla y León a iniciar un proceso de participación con la FRMPCyL, que permita la financiación adecuada de los servicios que prestan todos los municipios de Castilla y León, teniendo en cuenta las especiales características y la realidad de esta Comunidad, de manera que se garantice la prestación de los servicios públicos desde la iniciativa pública.
6. El Pleno del Ayuntamiento reprueba al Ministro Cristóbal Montoro por presentar la nueva Ley como una reducción del número de concejales que reciben una retribución; puesto que apenas sé reduce un 1% dicho número de concejales y sus declaraciones suponen una nueva descalificación de la política y de las personas que, sobre todo en los pequeños municipios, trabajan de forma altruista en beneficio de sus vecinos.


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MOCION INICIATIVA CIUDADANA EUROPEA SOBRE EL DERECHOA ALA AGUA

Mensaje  jose antonio diago sanche el Vie Mar 08, 2013 10:33 am

De acuerdo con lo previsto en el reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales el Grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de La Robla, viene a formular para su aprobación la siguiente MOCION
Moción de apoyo a la Iniciativa Ciudadana Europea: El derecho
humano al agua y al saneamiento
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 28 de julio de 2010, la Asamblea General de la ONU reconoció, mediante su Resolución A/RES/64/292, que el derecho humano al agua potable y el saneamiento era un factor esencial para la vida. La resolución pide a los países miembros y las organizaciones internacionales el suministro de recursos económicos, la creación de capacidades y la transferencia de tecnología con el fin de garantizar el acceso físico y económico de todos los ciudadanos a agua potable segura y limpia, y a un saneamiento adecuado.
Se abría las expectativas para ampliar el acceso al agua y al saneamiento, especialmente para las personas que están desprovistas de estos servicios: 1 millón de personas sin agua y 8 millones sin saneamiento sólo en Europa. Sin embargo esta expectativa no se ha hecho realidad: la gran mayoría de los gobiernos han seguido con la inercia y las prácticas anteriores, que no sólo no han logrado resultados sino que los han agravado.
Por ello, cada día más ciudadanos europeos están preocupados por la gestión del agua, más cuando aprovechando el actual contexto de crisis económica muchos gobiernos e instituciones europeas quieren favorecer los procesos de privatización del agua (en España ya alcanza al 50%) en vez de asegurar que sean disfrutados por todos y todas.
Con el objetivo de garantizar este servicio a todos los ciudadanos que residen en Europa y garantizar el futuro de las próximas generaciones se lanza la Iniciativa Ciudadana Europea, la primera desde la puesta en marcha del Tratado de Lisboa, que tiene los siguientes objetivos:
1. La garantía de unos servicios de agua y saneamiento para todos los ciudadanos en La Unión Europea
2- Los derechos humanos deben estar por encima de los intereses comerciales, con lo que no queremos la liberalización de los servicios de agua.
3- Acceso universal al agua y saneamiento.
Por todo lo anterior, proponemos:
ACUERDOS
1. El Pleno del Ayuntamiento se adhiere a la Iniciativa Ciudadana Europea.
2. Se dará difusión a la adhesión a dicha campaña y se visibilizará de manera clara en las dependencias municipales u otros espacios.
3. Se facilitará un espacio en dependencias municipales para la recogida de firmas y se difundirá este compromiso a toda la ciudadanía del municipio a través de los canales comunicativos del Ayuntamiento.
4. Se dará traslado de la adhesión a las organizaciones interesadas.


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MODIFICACION DE LA ORDENANZA DE IVT SEGUN SE APROBO EN LA MOCION SOBRE DESAHUCIOS

Mensaje  jose antonio diago sanche el Vie Mar 08, 2013 10:46 am

El Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de La Robla, a tenor de la moción referente a desahucios, aprobada en el Pleno Ordinario celebrado el día 30 de Febrero de 2013, donde en uno de sus puntos se acuerda acometer una reforma de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto de incremento de Valor de terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía) para que en caso de desahucio, nunca sea el desahuciado quien page la plusvalía, propone la siguiente modificación:
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA (IVT)
SUJETOS PASIVOS
Añadir: En las transmisiones realizadas por los deudores comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 2 del Real Decreto- Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, con ocasión de la dación en pago de su vivienda prevista en el apartado 3 del Anexo de dicha norma, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente la entidad que adquiera el inmueble, sin que el sustituto pueda exigir del contribuyente el importe de las obligaciones tributarias satisfechas. (De conformidad con el Real Decreto 6/2012, de 9 de Mayo, artículo 9 de “Modificación del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo”.)


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SOBRE LA LEY ORGÁNICA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA (LOMCE)

Mensaje  jose antonio diago sanche el Jue Abr 11, 2013 6:29 pm


El Grupo Municipal Izquierda Unida CyL del Ayuntamiento de La Robla, comparece y presenta a consideración del Pleno para su debate y aprobación la siguiente Moción: Sobre los recortes en educación y el Anteproyecto de Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE)


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde la llegada del Gobierno del PP, se han recortado 5.212 millones de euros en Educación. Todos estos recortes han ahondado en la política de deterioro de la educación pública, tanto en el desarrollo de las enseñanzas como en las políticas de personal (merma retributiva, precarización de condiciones laborales del profesorado, cerca de 80.000 docentes menos, más horas de clase y más estudiantes por aula; menos becas y más tasas en etapas no obligatorias y en servicios esenciales, como el comedor o el transporte escolar).

La inversión pública educativa en España ha descendido en casi 8.000 millones de euros en estos últimos años y en 2015 el PP se ha comprometido a recortarla hasta el 3,9%, lo que supondrá volver a los años 80 situándonos a la cola de la OCDE y la UE.

Estos recortes se quieren justificar ideológicamente mediante el Anteproyecto de Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), una reforma que atenta contra el derecho a una educación de calidad en condiciones de igualdad.

Es una reforma IMPUESTA: sin un diagnóstico compartido, sin debate previo y de espaldas a la comunidad educativa. Se plantea SIN RECURSOS: en medio de brutales recortes que degradan la calidad educativa y atentan contra su equidad. Tiene un marcado enfoque MERCANTILISTA: supedita la educación a intereses economicistas, anteponiendo las necesidades de los mercados a la formación integral, suprimiendo materias y contenidos poco “útiles” para el mercado. Es una reforma PRIVATIZADORA: incluye a las empresas como parte del Sistema Educativo, permite crear centros privados con recursos públicos y otorga un papel subsidiario a la escuela pública. Es una reforma SEGREGADORA: restaura itinerarios segregadores desde los 13 años, devalúa la FP y convierte la educación en carrera de obstáculos con continuas reválidas excluyentes.

Es una reforma ANTIDEMOCRÁTICA: suprime competencias de la comunidad educativa en la gestión de centros y opta por una dirección unipersonal nombrada por la administración. Es una reforma COMPETITIVA: promueve la competitividad entre los centros y su especialización, estableciendo clasificaciones según resultados o ranking, que servirán para obtener mayor financiación. Es una reforma ADOCTRINADORA: potencia la enseñanza de la religión e impone una alternativa “dura y evaluable” al gusto de la jerarquía católica. Es una reforma SEXISTA: permite la enseñanza separada por sexos asegurando financiación pública a centros que la practican. Es una reforma RECENTRALIZADORA: menosprecia la diversidad lingüística y cultural de las CCAA, impone la mayor parte de los contenidos curriculares, menosprecia y desconfía del profesorado.

Los principales cambios que introduce esta reforma responden a un pensamiento clasista y segregador. Viejas recetas que no han dado los resultados “esperables” en aquellos países donde se han aplicado y que la comunidad científica internacional viene rechazando de plano. No sirven para construir la escuela del futuro, sino para restaurar la mala educación del pasado apostando por la segregación del alumnado, por expulsar al alumnado con dificultades del sistema educativo, por reducir la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa y por consolidar dos redes de centros educativos, financiadas con dinero público, pero dirigidas a un alumnado bien diferenciado: los centros públicos como red asistencial, dirigida a los sectores más desfavorecidos de la población; y los centros privados concertados, con capacidad para seleccionar a su alumnado.

IZQUIERDA UNIDA considera que las medidas necesarias para mejorar nuestro sistema educativo tienen que ir en la dirección de ofrecer una educación de calidad para todos, tanto de quienes tienen mayores dificultades de aprendizaje como de quienes tienen mayor capacidad y motivación para aprender. Un sistema educativo de calidad debe asumir el compromiso de elevar el nivel de formación de todo el alumnado, sea cual sea su origen social o procedencia y su situación de partida, sin segregar ni limitar sus posibilidades futuras. Más educación y mejor educación para todos: éste es el camino a seguir.

Para ello, es preciso una educación PÚBLICA, de titularidad y gestión pública, que garantice el derecho universal a la educación en condiciones de igualdad y contribuya al éxito escolar de todo el alumnado. Una educación LAICA que respete la libertad de conciencia y elimine toda forma de adoctrinamiento del currículo escolar. Ello exige derogar los acuerdos con el Vaticano y otras religiones, sacar YA la religión del horario lectivo y suprimir la simbología religiosa de los centros escolares. Una educación PERSONALIZADA, INTEGRAL E INCLUSIVA, que reduzca la ratio de estudiantes por grupo y potencie la tutoría y la orientación educativa, con un currículo y una organización pensados para atender mejor a la diversidad del alumnado y formar ciudadanos críticos y capacitados para cooperar en la construcción de un mundo mejor y más justo. Una educación en IGUALDAD que fomente la coeducación y no segregue por razón de sexo ni de orientación sexual ni por ninguna otra característica de índole personal o cultural. Una educación DEMOCRÁTICA que potencie la participación de toda la comunidad educativa en la gestión y funcionamiento de los centros y distritos escolares. Una educación que MOTIVE AL PROFESORADO, reconociendo y confiando en su labor, acordando sus condiciones de trabajo y mejorando su formación inicial y permanente. Una educación con FINANCIACIÓN pública suficiente, garantizada por Ley, que se blinde frente a recortes, que alcance la media europea en PIB y asegure un sistema integral de becas, así como la gratuidad de materiales didácticos, comedor y transporte escolar en la enseñanza obligatoria.

Por ello IZQUIERDA UNIDA une su voz a la gran mayoría de la comunidad educativa para EXIGIR la RETIRADA del proyecto de LOMCE, que se promueva un amplio DEBATE PÚBLICO, con participación de expertos y de todos los sectores del ámbito escolar, para alcanzar un DIAGNÓSTICO COMPARTIDO sobre las causas de los principales problemas de nuestro sistema educativo y plantear MEDIDAS CONCRETAS con RECURSOS SUFICIENTES que sirvan para extender y mejorar nuestra EDUCACIÓN PÚBLICA.

Por ello, el Grupo Municipal Izquierda Unida eleva al Pleno esta Moción proponiendo el siguiente acuerdo:
1. Exigir la dimisión del Ministro Wert, que está desmantelando el sistema educativo público, del cual debería ser garante y firme defensor
2. Exigir que el Gobierno y la Comunidad Autónoma, en vez de recortar en educación, destinen un “rescate” similar a educación como están destinando a rescatar a los bancos y grandes grupos financieros, aumentando los Presupuestos para Educación Pública en los PGE y en los Presupuestos Autonómicos a la media europea, el 7% del PIB, destinando además un 2% del PIB a la Educación Superior.
3. Exigir la retirada inmediata el Anteproyecto de Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) por ser una reforma segregadora, antidemocrática, mercantilista y hecha a espaldas de la comunidad educativa y social.
4. Exigir al gobierno central debatir y alcanzar realmente un diagnóstico compartido con toda la comunidad educativa y las fuerzas políticas y sociales sobre la situación real de nuestro sistema público educativo, con el fin de plantear medidas efectivas para extender y mejorar la educación pública, avanzando hacia un modelo educativo que contribuya al éxito escolar de todo el alumnado y a la formación de personas más iguales, más libres, más críticas y más creativas que aporten su formación en la construcción de un mundo más justo y mejor.
5. Dar traslado de la presente Moción al Gobierno Central, al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla y leon y a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado.

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MOCIÓN MUNICIPAL PARA RECHAZAR LA FRACTURA HIDRAÚLICA

Mensaje  jose antonio diago sanche el Jue Abr 11, 2013 6:30 pm

El Grupo Municipal de Izquierda Unida CyL en el Ayuntamiento de La Robla en nombre y representación del mismo, y al amparo de lo establecido en la normativa aplicable, eleva al Pleno de la Corporación para su debate la siguiente Moción.

MOCIÓN

Si el municipio de ha sido o se pretende que sea incluido en uno de los proyectos de investigación sobre fractura hidráulica para la extracción de gas solicitados en el Servicio Territorial de la Consejería de Industria de la Junta de Castilla y León.

Considerando que la documentación aportada es genérica, pobre e insuficiente para poder valorar en su totalidad la dimensión de la actividad a realizar y los riesgos que de ella se pudieran derivar. Que los diferentes proyectos presentados a información pública no incluyen la preceptiva Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).

Que el permiso de investigación no elude la posibilidad de que esta actividad lleve aparejada graves riesgos para la salud humana y consecuencias muy negativas para el medio ambiente.

El promotor no establece requisitos mínimos para llevar a cabo esta peligrosa actividad, cuando cualquier actividad requiere de estos requisitos.

En la información pública no se ofrece información sobre las técnicas, los medios, la concreción de los lugares de investigación, ni los riesgos asociados.

Por lo que no se puede evaluar con un mínimo de rigor si esta investigación puede conllevar riesgos asociados a la salud humana, al medio ambiente, a la contaminación o desaparición de acuíferos de los que se abastece la población, el riego de cultivos y la ganadería.

En la documentación consultada no figuran fechas concretas de duración del permiso de investigación, lo que supone una carta en blanco para el promotor.

De acuerdo con lo anterior, se somete a la consideración del Pleno la aprobación de los siguientes:

ACUERDOS:

1.- El Pleno del Ayuntamiento de La Robla manifiesta su total oposición a que en el supuesto de que nuestro Ayuntamiento sea uno de los incluidos en este proyecto o se pretenda su inclusión en un futuro, se informen desfavorablemente las autorizaciones de investigación solicitadas en la Consejería de Industria de la Junta de Castilla y León para la extracción de gas del subsuelo de nuestro municipio por el método de la fractura hidráulica.
Así mismo este Ayuntamiento apuesta por mantener las actividades tradicionales, que estarían abocadas a su desaparición si se procede a la autorización de estos permisos de fractura hidráulica.

2.- El Ayuntamiento de La Robla rechaza la fractura hidráulica y se opone a que en su municipio se puedan realizar trabajos encaminados a la extracción de gas del subsuelo.




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MOCION ANTIDESAHUCIOS

Mensaje  jose antonio diago sanche el Lun Abr 15, 2013 6:42 pm

Don José Amador Lorenzana Ordiz Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida CyL en la comisión de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de La Robla viene a formular para su aprobación la siguiente MOCIÓN en base a la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 10 de diciembre 1948 la Asamblea General de la ONU aprobó una Declaración Universal en la que se estableció el derecho individual de cada persona “a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda…». Posteriormente el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 avanzó en este tutela efectiva de este derecho vinculando a los Estados Parte no sólo al reconocimiento del “derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados” sino también a garantizar las “medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho”.
En este sentido, nuestra Constitución en el artículo 47 recoge este derecho y la garantía de una vivienda digna y adecuada que, junto a la función social de la propiedad privada recogido en el artículo 33, constituyen uno de los pilares básicos del pacto social que da origen a la Constitución de 1978.
Hay que tener en cuenta que la asunción de estos Derechos entraña no sólo el reconocimiento de un derecho individual sino también la obligación de todas las Administraciones, empezando por la del Estado, de actuar, con todos los medios a su alcance, para garantizar estos derechos.
Sin embargo, y a pesar de esta exigencia las Administraciones durante mucho tiempo han mirado para otro lado y no han actuado regulando y dirigiendo el mercado de vivienda de manera que se garantizara para todas las personas una vivienda digna, en propiedad o en alquiler, donde cada persona pudiera desarrollar su proyecto vital.
La falta de vivienda, la imposibilidad de emanciparse o como ocurre en la actualidad, la pérdida de la vivienda provocada por un desahucio y la deuda arrastrada de por vida, supone la exclusión real de personas de nuestro sistema económico y social. Y esto a pesar de que nuestro ordenamiento jurídico, comenzando por nuestra Constitución, no permite el uso “antisocial de la propiedad” no permite el uso especulativo del suelo o la vivienda, el enriquecimiento injusto y las condiciones abusivas aprovechándose de un bien necesario. Por tanto, el uso como mercancía que se ha venido haciendo por algunos sujetos, especialmente las entidades bancarias, de la vivienda es un uso indebido y los poderes públicos están obligados a evitarlo. La función social de la vivienda, en suma, no es un límite externo a su definición o a su ejercicio, sino una parte integrante del derecho mismo. Utilidad individual y función social componen de forma inseparable el contenido del derecho de propiedad.
Pero es que además, la defensa de la función social de la propiedad y la garantía de una vivienda digna constituyen, hoy más que nunca, la garantía de la no exclusión de grandes capas de la sociedad y la defensa de la dignidad para todas las personas. Casi 300.000 familias en todo el Estado están afectadas por desahucios con una injusta regulación hipotecaria que hace que las personas no sólo pierdan sus viviendas sino que encima se queden con buena parte de la deuda.
Y mientras tanto existe un atesoramiento por parte de las entidades financieras de dichas viviendas, adquiriéndolas en ejecuciones hipotecarias a un precio muy inferior al que estas mismas entidades valoraron en la concesión de sus créditos, y manteniéndolas en muchas ocasiones desocupadas una vez han procedido al desahucio. Un entramado constituido por entidades financieras y sus filiales inmobiliarias, entidades de gestión de activos, incluidos los procedentes de la restructuración bancaria y entidades inmobiliarias dedicadas a la utilización de la vivienda como mercancía.
Esta situación puede ser calificada como emergencia social y económica y por tanto obliga a los Gobiernos que quieran acatar el contenido de nuestra Constitución a adoptar medidas extraordinarias y urgentes.
En este sentido es necesario extender las medidas adoptadas por el Gobierno Andaluz a través de la Consejería de Fomento y Vivienda mediante el Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, ante la inacción demostrada por el Gobierno Central que no adopta las medidas de salvaguarda de dichos derechos a las que viene obligado y se niega a modificar la legislación hipotecaria que ha generado en buena parte este problema.
Por tanto tenemos que avanzar en medidas que como el Decreto andaluz suponen un “plan de choque en salvaguarda del bien jurídico protegido: el derecho a una vivienda digna”, acciones como obligar a la banca y sociedades filiales e inmobiliarias a declarar cual es el parque de viviendas vacías disponibles y sacarlas al mercado del alquiler, sancionar su incumplimiento o incluso expropiar temporalmente del uso de las viviendas en aquellos casos que vayan a ser desalojados ciudadanos en los que concurran circunstancias sociales, tales que su salida del domicilio, suponga una condena a la exclusión social o una amenaza para la salud física o psíquica.
ACUERDO
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de La Robla insta al Gobierno de la Comunidad autónoma Castilla y León a la adopción de medidas legales de similares características a las aprobadas por el Gobierno de Andalucía recogidas en el Decreto Ley 6/2013 de 9 de abril, de Medidas para Asegurar el Cumplimiento de la Función Social de la Vivienda en la Comunidad Autónoma.
SEGUNDO.- Trasladar el presente acuerdo al Gobierno de Comunidad Autónoma de Castilla y León.




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MOCION AUDITORIAS PLANES DEL CARBON

Mensaje  jose antonio diago sanche el Jue Jun 06, 2013 7:33 am

MOCIÓN AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LA ROBLA El Grupo Municipal de Izquierda Unida del Ayuntamiento de La Robla viene a formular para su aprobación la siguiente MOCIÓN sobre la “solicitud de auditoría sobre todos los fondos públicos destinados al Plan Miner y a todas las comarcas que acogen explotaciones de carbón” destinados a España por las instituciones de la UE y por el Gobierno de España, todas ellas susceptibles de inspección bajo las competencias de la Comisión Europea, en base a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los diferente Planes del carbón 1990-1994, 1995-1997, 1998-2005 y 2006-2012, reconocen, como principios generales, el carácter integral del mismo, la necesidad de estabilizar la actividad del sector en niveles compatibles con su condición de recurso estratégico en el abastecimiento energético, promover la reactivación de las comarcas mineras, todo ello de modo coherente con la normativa europea.
Asimismo, el Plan contempla entre sus prioridades el respeto al medio ambiente, el fomento de la I+D+i, la mejora de la calidad de vida en las comarcas mineras y la creación de empleo juvenil en las mismas. Nada de esto se ha realizado, dejando a su suerte a las diferentes comarcas mineras en régimen de monocultivo, cuyo único medio de vida es la minería.
El dinero público, sobre todo si se incluye dentro de planes regulados y bajo el seguimiento de comisiones y mesas constituidas ex profeso, debe ser controlado para asegurar los fines a los que se destina. Por este motivo y visto la inexistencia de resultados surgen diversas cuestiones a defender: ¿Dónde ha ido a parar este dinero? ¿Qué se ha realizado con él? ¿Quién se ha enriquecido con el dinero destinado a apostar por el futuro de las cuencas mineras? Todavía esperamos una respuesta adecuada a estas preguntas y responsables del fracaso.
En el caso del grupo Alonso, con sus matrices UMINSA y Coto Minero Cantábrico, que recibieron ingentes subvenciones públicas, planteando hoy en día despidos ilegales y ERES e imponiendo condiciones de trabajo tercermundistas amenazando con la quiebra, ha creado un gigantesco emporio de empresas satélites que le reportan importantes beneficios.
Por todo lo expresado, en aplicación de la honestidad y transparencia por todas aquellas personas que ostentan puestos de responsabilidad y representación, mediante la presente, el grupo político IU propone al Pleno del Ayuntamiento que adopte el siguiente acuerdo:
- Solicitar el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea que lleve a cabo una auditoría sobre todos los fondos Miner destinados a España.
- Trasladar esta solicitud a la Comisión de Peticiones del mismo Parlamento Europeo.
- Instar al Tribunal de Cuentas de España y al Consejo de Cuentas de CyL a auditar los Planes Mineros estatales y el nivel de ejecución de la Leyes Autonómicas de Actuación minera aprobadas por la Junta y Las Cortes de Castilla y León
- Instar al Congreso de los Diputados a trasladar esta exigencia a la Comisión del Tribunal de Cuentas y su Fiscalía, de haber indicios de delito.
- Instar igualmente al Senado a tomar medidas de control y auditoría sobre estos fondos.



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MOCIÓN PARA DECLARAR LA ILEGITIMIDAD DE UNA PARTE DE LA DEUDA DEL AYUNTAMIENTO.

Mensaje  jose antonio diago sanche el Sáb Jul 27, 2013 7:44 am

MOCIÓN AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LA ROBLA

El Grupo Municipal de Izquierda Unida del Ayuntamiento de La Robla, viene a formular para su aprobación la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 30 de Agosto de 2011, en una fecha, como mínimo extraña para realizar una reforma constitucional de gran calado, tanto PSOE como PP, consagraron en el artículo 135 CE la estabilidad presupuestaria como el nuevo totem que supedita cualquier política pública a estrictos parámetros económicos, que alejan nuestra carta magna del objetivo consagrado en su artículo 1: que España es “un estado social y democrático de derecho…” definición que ahora queda relegada, por lo que a su significado social se refiere, en la imposición de un modelo de funcionamiento institucional, en donde se consagra con contundencia la obligatoriedad y prioridad para la administración, el pago de la deuda por encima de garantizar el bienestar de la ciudadanía.
La deuda pública representa hoy uno de los principales problemas de la administración, especialmente la local. Ésta ha condicionado sustancialmente la calidad de vida en nuestras ciudades, fundamentalmente a través de las limitaciones e importantes devaluaciones en la prestación de los servicios públicos, que ya no pueden aportar el necesario reequilibrio social y económico en los territorios, así como, el imperativo cumplimiento de una legislación que obliga a las administraciones a convertirse en meras entidades deudoras de los poderes financieros.
Después de más de treinta años de democracia, las instituciones públicas son despojadas de su autonomía, de su capacidad de generar estructuras de bienestar que permitan minimizar las desigualdades sociales y son constreñidas a convertirse en meros apéndices de la sacrosanta banca, que ha pasado, a ocupar de facto, las Alcaldías de nuestros municipios.
El “austericidio constitucionalizado” al que asistimos, hace que los programas municipales que podrían minimizar los efectos de la crisis, sean orillados en pos del interés crediticio que han sido obligadas a contraer las administraciones a raíz del Plan de Pago de Proveedores, y que permite que asistamos impotentes, a la desnutrición infantil, más propia de países en desarrollo o de tiempos preconstitucionales, así como la eliminación de distintos programas de ayudas, becas de comedor y servicios en general que garantizan el bienestar de la ciudadanía. Todo ello, en aras de la priorización del pago del déficit y el yugo que supone la amortización crediticia, que expulsa a los poderes públicos de tener un papel vertebrador frente a la crisis.
El mecanismo de sometimiento al interés crediticio impuesto a las entidades locales por el Ministerio de Hacienda, se inició con el RD Ley 4/2012, de 24 de Febrero, cuyo requisito esencial pendía de la elaboración obligatoria de un plan de ajuste que garantizara el cumplimiento de las obligaciones de las entidades acogidas, supeditado a la aprobación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
La imposición de dicho plan de ajuste ha obligado a la eliminación de servicios básicos, despido de trabajadores, disminución de ayudas, aniquilamiento de la empresa pública, etc., propiciando una parálisis de la economía regional y de los servicios públicos.
Abordar el pago a proveedores era necesario, pero se aborda de la peor forma posible para los intereses de los Ayuntamientos y de la ciudadanía, que son denostados en beneficio del sector bancario: mientras el gobierno central inyecta liquidez a la banca, a un interés inferior al 1%, dichas entidades, traducen los créditos a las administraciones públicas a través de la aplicación abusiva de intereses superiores al 5%. Por tanto, el Estado está prestando a un tipo inferior, cargando los intereses de su endeudamiento, como gastos financieros que forman parte del déficit público, desviando recursos de aspectos más necesarios (sanidad, educación…) y justificando las políticas de recortes por déficit excesivo. Se produce por tanto una trasferencia sin contraprestación hacia el sector bancario.
Asimismo, los distintos decretos de pago a proveedores (el próximo se iniciará a partir de septiembre), hasta ahora, no afrontan el problema de la financiación municipal ni establecen diferenciación entre unos consistorios y otros; ni tampoco contemplan las deudas que las comunidades autónomas tienen con los ayuntamientos.
Asistimos, por tanto al desmantelamiento de los servicios públicos a través del estrangulamiento económico de las administraciones, mediante el uso del concepto de “deuda” como único paradigma de análisis y como nueva herramienta de autoritarismo.
Deuda, que por otro lado, ha sido contraída sin condiciones objetivas de libertad de elección, contemplada en condiciones preestablecidas y sin capacidad de negociación con distintas entidades financieras. Los Planes a proveedores han supuesto la sumisión a los planes de ajuste, que a su vez, han condicionado el endeudamiento impuesto a los consistorios en clave de intereses abusivos y yugos crediticios que anulan su independencia política y de gestión, hipotecando el futuro de la calidad de vida de la ciudadanía.
Tradicionalmente, numerosa doctrina de Derecho internacional ha denunciado como deuda ilegítima u odiosa, la deuda externa de un gobierno contraída, creada y utilizada contra los intereses de los ciudadanos, reconociendo que no tiene porque ser pagada y por tanto no es exigible su devolución. En este sentido, la Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en sesión de 5 de julio de 2012 "Recuerda que todo Estado tiene la responsabilidad primordial de promover el desarrollo económico, social y cultural de la población y, a tal efecto, tiene el derecho y la obligación de elegir sus objetivos y medios de desarrollo y no debe verse condicionado por fórmulas específicas de política económica externas "y" Afirma que, desde el punto de vista de los derechos humanos, la liquidación de deuda con fondos oportunistas en condiciones abusivas tiene un efecto negativo directo en la capacidad de los gobiernos para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, especialmente los derechos económicos, sociales y culturales".
Tanto por parte de instituciones internacionales como por diversos movimientos sociales, está siendo consensuado reconocer como causa de ilegitimidad de la deuda el hecho de utilizar mecanismos políticos y económicos que faciliten de forma deliberada el aumento de la deuda o las decisiones políticas que aumentan este en contra del interés general de la población.
En este sentido, hay que destacar el trabajo de denuncia que está siendo desarrollado por la Plataforma de la Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD), que expone la existencia de claros indicios de ilegitimidad en la generación de deuda que el Gobierno español, junto con la UE o los gobiernos autonómicos y locales, están utilizando como justificación para aplicar sus políticas de austeridad.
Desde IU creemos que la única deuda pública legítima es aquella que sirve para equilibrar las cuentas de la Administración del Estado respecto de las operaciones propias de la actividad del Estado (Justicia, Servicios Generales, Seguridad, Sanidad, Educación, prestaciones sociales, infraestructuras…) y que no debe recurrirse al endeudamiento para otros fines, pues este uso “ilegítimo” de la deuda, en la actual “crisis de deuda”, dificulta el acceso al crédito del Estado, hace aumentar los tipos de interés, aumenta, vía gastos financieros, el déficit público y facilita la justificación de los agentes neoliberales para los recortes al Estado de Bienestar.

Por todo ello, el Grupo Municipal de IUCyL en el Ayuntamiento de La Robla, propone al pleno la adopción de los siguientes acuerdos :
1- El pleno Municipal considera ilegítimos los intereses contraídos con las entidades financieras privadas Banco de Santander por el capital de 1.778.868,28€ prestados en el marco del Plan de Pago de Proveedores 2012 del Ministerio de Hacienda donde se han aplicado intereses del 5,96% para pagar con dinero público, que estas entidades financieras han obtenido a intereses inferiores al 1%.
2 - El Pleno insta al gobierno Municipal a cuantificar la cifra total de estos intereses y a emprender las acciones legales necesarias ante la justicia española, europea e internacional para lograr la nulidad de esta deuda ilegítima.
3 - Instamos al Gobierno municipal que se sume a la iniciativa de la PACD, para proponer la realización de una Auditoría Ciudadana de la Deuda, auditoría que nos permitirá evidenciar la ilegitimidad de esta deuda y tener a la vez más fuerza para exigir el cambio en el modelo económico y social, así como recuperar la soberanía de los pueblos y renunciar al pago de deuda ilegítima.







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MOCIÓN SOLICITANDO LA DIMISIÓN DEL GOBIERNO DE LA NACIÓN:

Mensaje  jose antonio diago sanche el Sáb Jul 27, 2013 7:46 am

MOCIÓN AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LA ROBLA

El Grupo Municipal de Izquierda Unida del Ayuntamiento de La Robla viene a formular para su aprobación la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Partido Popular llegó al Gobierno Central con un programa electoral distinto al que ha impuesto. Rajoy incumple sistemáticamente todos y cada uno de los puntos de su Programa Electoral. Estamos ante un enorme fraude democrático.
Prometió hacer de la creación de empleo su principal objetivo y crear 3.000.000 de puestos de trabajo. Y los resultados son 6.200.700 de parados/as, los 1,7 millones de hogares donde todas las personas están en paro, los 2.000.000 sin prestación alguna, el 57% de jóvenes en paro.
Prometió reactivar la economía para mantener los niveles del Estado del Bienestar. Rajoy y el Gobierno nos han instalado en una depresión económica y con ello abocan a la pobreza y la exclusión social, cada vez más a mayor número de ciudadanos y ciudadanas.
Prometió gobernar para la mayoría. Sin embargo, gobierna para los bancos y no para las personas. Con su Gobierno y anteriormente con el PSOE, se ha producido la mayor transferencia de recursos públicos a la banca: más de 185.000 millones de euros en fondos comprometidos para salvar a bancos y al conjunto del sistema financiero.
Prometió en campaña que no se tocarían los 3 pilares básicos del Estado del Bienestar: la sanidad, la enseñanza y las pensiones. En menos de un año, privatizan la sanidad allá donde gobiernan ( Valencia, Madrid…), quieren acabar con la enseñanza pública (Ley Wert) y preparan el hachazo a la pensiones. Su objetivo es privatizar los servicios y empresas públicas.
Prometió que no retrocedería en derechos sociales conquistados. No obstante, preparan la ley de aborto más retrógrada de la etapa democrática de nuestro país.
Prometió acabar con la corrupción y presentó al PP como el Partido que no avalaba a los corruptos. Por el contrario hoy el PP es el Partido de la corrupción: Bárcenas, Gürtel, Rato, Ana Mato, Fabra, etc.
Se comprometió a gobernar de otra manera: escuchando a la sociedad y a las propuestas ciudadanas. Rajoy ha hecho todo lo contrario: ha desoído el clamor social que desde las calles exige otras políticas: preferentes, dación en pago, mareas, tasas universitarias…Desoye las peticiones de comparecencia en el Congreso, no atiende a la prensa.
Se comprometió en campaña electoral en regenerar la vida democrática del país. Por el contrario, gobierna aplicando el rodillo de su mayoría absoluta y gobernando a golpe de Decreto Ley.
Prometió lealtad institucional a los demás gobiernos (Comunidades Autónomas y Ayuntamientos). Sin embargo, limita ya el poder de autogobierno de las CCAA y propone una ley de Administración Local que reducirá ayuntamientos, privatizará servicios municipales y acabará con competencias históricas de los mismos.
El Gobierno del Partido Popular está desmantelando el Estado de Bienestar, camina hacia la privatización de la educación y de la sanidad, recorta en derechos laborales,…
En estos últimos tiempos estamos viviendo nuevos escándalos de corrupción, el caso Gürtel, el Brugal, Emarsa, Noos, la trama de Blasco con dinero destinado a cooperación, etc. Y ahora el caso Bárcenas, el extesorero del PP, con cuentas en Suiza y los supuestos sobresueldos de dirigentes del PP. Un caso que apunta directamente al presidente del Gobierno Mariano Rajoy y al Partido Popular.
Todo esto en la peor situación económica por la que está pasando nuestro país, con ya 6 millones de parados, con políticas impuestas por la troika, de austeridad y de recortes que cada día estrangulan más a la ciudadanía.
Este tipo de prácticas desde la administración pública están distanciando cada vez más a los dirigentes políticos de la ciudadanía y están deteriorando la democracia.
De acuerdo con lo anterior, se somete a la consideración del Pleno la aprobación de los siguientes:
ACUERDOS
1. El Ayuntamiento de La Robla exige la dimisión del presidente del gobierno y la convocatoria de elecciones anticipadas.
2. Dar traslado de los acuerdos a:
• Los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados.
• Al presidente del Gobierno.




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MOCION GERSUL

Mensaje  jose antonio diago sanche el Sáb Jul 27, 2013 7:48 am

MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LA ROBLA PARA EXIGIR Y DAR CUENTA A LA CIUDADANIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE LA UTE LEGIO VII CON LA MANCOMUNIDAD GERSUL Y SU POSIBLE RECONOCIMIENTO DE DEUDA


El grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de La Robla, al amparo de lo dispuesto en el artículo 97.3 del Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta al pleno corporativo la siguiente MOCIÓN:


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El R.D 8/2013, denominado eufemísticamente “de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros”, en el típico neolenguaje del PP y que en romano paladín, entendible para la ciudadanía, se debería denominar “de medidas urgentes para recortar aún más los servicios Municipales y la democracia en los Ayuntamientos aprovechándose de sus dificultades financieras”, está destinado a financiar el pago de la deuda de las Mancomunidades que anteriormente no estuvieron incluidas en el anterior RD de pago a proveedores.
En la provincia de León la Mancomunidad más importante que tiene deudas actualmente es el Consorcio Provincial para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (Gersul). La deuda de Gersul con la Unión Temporal de Empresas (UTE) Legio VII, estaba en 2009 en torno a 51.000.000€.
Pero el informe del gerente y los datos del informe económico financiero aprobado por la asamblea general del Consorcio Provincial para la gestión de residuos sólidos urbanos de la provincia de león en sesión celebrada el 12 de junio de 2009 (BOP 15 de junio de 2009), es clarificador sobre el incumplimiento de la UTE Legio VII sobre su contrato.
En este informe emitido por el Gerente, con fecha 15 de enero de 2009, se reitera la pérdida de ingresos respecto a la enajenación de los productos (energía eléctrica, compost, envases, papel, cartón, plásticos, etc…). Pone de manifiesto los siguientes aspectos:
“a) Respecto el aprovechamiento de la energía eléctrica: durante el proceso de biometanización se libera gas metano el cual, según el plan de gestión, debería utilizarse para la producción de energía eléctrica, que abastecería el funcionamiento de la instalación e incluso produciría excedentes en las horas de bajo consumo (domingos y horario nocturno). Hasta la fecha, no se han puesto en marcha los motores, por lo que no ha sido posible producir energía eléctrica, quemándose el gas obtenido a través de la antorcha de seguridad, con las pérdidas económicas y ambientales que ello supone….”. Según el Gerente del Consorcio además de pérdidas de producción de energía señaladas en el citado informe, a fecha de hoy los motores de producción de energía eléctrica están funcionado en régimen regular pero la aparamenta (equipos de conexión con la red) no es adecuada a las necesidades que exige la compañía eléctrica para la exportación y esto impide la generación de ingresos por este concepto.
b) Respecto el porcentaje de recuperación del Sistema respecto a la distribución mensual de los residuos depositados en el vertedero, sobre el total de los gestionados. Se aprecia una tendencia de aumento, puesto que el año comenzaba con vertidos por debajo del 76% de las entradas y terminaba con más del 80%, situándose el mes de mayo como el más crítico, con un porcentaje superior al 87%. Teniendo presente que los residuos gestionados han aumentado en menos de 3.000 toneladas y los depósitos en vertedero lo han hecho en más de 8.000, puede concluirse que el incremento en la generación de residuos produce una disminución de la eficacia del sistema, creciendo los depósitos en vertedero más que las entradas.
Así en el informe del Gerente se especificaba que, por la energía eléctrica se podría estimar hasta una pérdida de unos 718.000 euros anuales, y por la venta del resto de productos, unos 2 millones de euros anuales.
En definitiva, acaba concluyendo dicho informe, si la UTE estuviera prestando el servicio de acuerdo con los compromisos adquiridos por la oferta presentada, el importe que se recaudaría por este concepto ascendería a unos 3,9 millones de euros anuales.”
Supuestamente estos graves incumplimientos iban a ser corregidos con la entrada en vigor del reglamento de servicio de instalaciones integradas en el sistema provincial, y el informe manifestaba que, con la entrada en vigor de dicho Reglamento, “se ha terminado cualquier excusa de la empresa concesionaria para no cumplir adecuadamente con sus obligaciones”.
Por lo tanto, en el informe se ponen de manifiesto la existencia de graves incumplimientos en la recuperación de productos sobre los compromisos contraídos por la UTE Legio VII, así concluye afirmando que:
“Primera. El retraso en la puesta en marcha de la generación de energía eléctrica, dependiente del sistema de biometanización ha ocasionado pérdidas económicas derivadas del no aprovechamiento de un recurso importante obtenido como es el biogás, ha generado unos costes de explotación que no han tenido su compensación en forma de ahorro por autoconsumo de energía eléctrica producida y, además, la deficiente gestión del gas obtenido ha supuesto una degradación ambiental al eliminarse a la atmósfera en forma de CO2.
Segunda. Las pérdidas ocasionadas al Consorcio por la UTE Legio VII por la ineficiente gestión de los sistemas de producción de biogás y energía eléctrica se pueden cuantificar desde la puesta en marcha de los instalaciones, en septiembre de 2004, hasta octubre de 2008, en un mínimo de 808 659 €, que en el peor de los casos deberían haber supuesto un ahorro en la explotación, derivada del autoconsumo de energía y un máximo de 2.874.385 €, que en el mejor de los supuestos podría haber ingresado GERSUL por la venta de esa misma energía, después del autoconsumo de la UTE.
Tercera. En el año 2007, la selección de productos en las Plantas de Clasificación de envases alcanza rendimientos del 45% y 52% para las Plantas de Clasificación de León y Ponferrada, respectivamente, frente al 65% que debería haber alcanzado, según la obligación contractual de la UTE Legio VII, generando esta situación unas pérdidas de ingreso al Consorcio que pueden estimarse en un 20% en la Planta de León y un 12,74% en la de Ponferrada. En el año 2006, estas pérdidas de ingresos representarían para cada una de estas Plantas de Clasificación unos valores de 14% y 22%, respectivamente. Estas pérdidas, durante los primeros años de explotación en valor absoluto se podrían cuantificar en más de 3.800.000 €.
Cuarta. Siguiendo el actual sistema de explotación y la actual progresión de rechazos enviados a vertedero, éste se colmará en el año 2014, habiéndose reducido la vida útil del mismo en un 50% de los cálculos iniciales. La estimación actual de pérdidas por amortización anticipada de la instalación se puede cuantificar en 2.600.000 €. Esta última conclusión implica que debe iniciarse, con carácter inmediato, los estudios preliminares para determinar una ampliación de la infraestructura existente”.
Es por tanto, debido al incumplimiento del contrato por parte de la UTE Legio VII, que desde IU de La Robla se plantea como denunciable y motivo suficiente para no abonar la deuda contraída hasta que no se efectúe una auditoria exhaustiva sobre el funcionamiento de la UTE Legio VII. No se debe pagar por lo que no se ha hecho: falta de clasificación de envases y reciclado, falta de generación de energía, falta de producción de compost de calidad, etc.
Además el hecho de que en este informe se prevea necesario iniciar la construcción de un nuevo vaso vertedero, debido a que la insuficiencia del actual vaso en un 50% por causa de la falta de reciclaje de la empresa concesionaria, implica un nuevo gasto de dinero público que supondría una nueva deuda que habría que adjudicar a esta empresa por su nefasta gestión.
En conclusión, de acuerdo con este informe oficial publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de León nº 111 de 15 de junio de 2009, desde IU consideramos que La UTE no ha venido realizando el contrato tal y como estaba establecido.
Por ello, el Grupo Municipal Izquierda Unida eleva al Pleno esta Moción proponiendo los siguientes acuerdos:
1. No reconocer las deudas con dicha UTE Legio VII, que no estén avaladas por el funcionamiento correcto según lo establecido respecto al porcentaje de basura reciclada, electricidad producida, composts y calidad de compost producido, establecidos en los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Condiciones Técnicas que rigen la adjudicación de la explotación del CTR a la unión temporal de empresas (UTE), Legio VII, de acuerdo a las Memorias anuales de gestión de la actividad que la entidad explotadora está obligada a presentar ante la autoridad competente todos los años desde el inicio de la actividad hasta la actualidad.
2. No pagar a través del RD 8/2013 la deuda con la UTE Legio VII hasta que no se haya clarificado el punto anterior de forma fehaciente.
3. Solicitar una auditoria de las cuentas de Gersul y la UTE Legio VII
4. Dar traslado de la presente Moción a la Diputación provincial y a la asamblea general del Consorcio para la gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la provincia de León


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PREGUNTAS GERSUL

Mensaje  jose antonio diago sanche el Sáb Jul 27, 2013 7:53 am

PREGUNTAS QUE SE PRESENTARAN A PLENO SI SE APRUEBA LA MOCIÓN PARA QUE A TRABES DEL AYUNTAMIENTO LAS CONTESTE EL ENTE QUE CORRESPONDA.

Al Sr. Alcalde
Al Pleno del Ayuntamiento de La Robla
El Grupo Municipal IU del Ayuntamiento de La Robla, al amparo de lo dispuesto en el reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, solicito al Sr. Presidente de la corporación, que incluya en el orden del día, del Pleno Ordinario que se celebrará en el mes de Julio del presente, la petición de información a quien proceda de las siguientes cuestiones:

Exactamente cuál es la deuda de Gersul con la UTE Legio VII.
A cuanto se paga cada TM de basura en el momento actual
Quien pesa las TM – que control existe por parte de Gersul sobre las Tm que entran en la planta de reciclaje. Nombre y cargo de los funcionarios que hacen ese control.
Exactamente a cuánto asciende la venta de electricidad.
% de Reciclaje en las plantas de clasificación de León y Ponferrada
Que deuda con la UTE Legio VII está reconocida desglosada por años
2004, 2005, 2006, 2007, 2008. 2009, 2010, 2011, 2012
En el plan económico financiero en el punto 3.4 de medidas gestión se preveía la contratación de los servicios jurídicos precisos para valorar la posible responsabilidad patrimonial de UTE Legio II derivada de los incumplimientos denunciados por el gerente en el sistema de gestión. Se ha llevado a cabo esta contratación.

Asimismo se solicita
El Pliego de Cláusulas Administrativas y Condiciones Técnicas que rigen la adjudicación de la explotación del CTR a la unión temporal de empresas (UTE), Legio VII”.
Las Memorias anuales de gestión de la actividad del UTE Legio VII que la entidad explotadora está obligada a presentar ante la autoridad competente de todos los años desde el inicio de la actividad hasta la actualidad

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MOCIÓN DE OPOSICIÓN AL PROYECTO DE LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Mensaje  jose antonio diago sanche el Sáb Oct 26, 2013 8:25 am

El Grupo Municipal Izquierda Unida CyL, en el Ayuntamiento de La Robla viene a formular para su aprobación la siguiente MOCIÓN DE OPOSICIÓN AL PROYECTO DE LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL, en base a la
EXPOSICION DE MOTIVOS
Los Alcaldes y Alcaldesas de todos los grupos políticos, exceptuando al Partido Popular, mostraron el pasado 13 de octubre en Madrid, su posición radicalmente contraria al Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, leyendo un manifiesto con el siguiente texto literal:
“El Gobierno presenta esta reforma con el único objetivo de dar cumplimiento a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Y pretende basarse en el argumento de la carga financiera y económica que las corporaciones locales significan para la economía del país. Se trata de una afirmación sin fundamento, puesto que el endeudamiento público de las entidades locales está en torno al 4% del PIB, mientras que su déficit conjunto público total alcanzó en 2012 el 0,3% y será del 0% para el periodo 2013-2015. Estamos ante una apreciación errónea de los fines constitucionales de la Administración Pública, que no son otros que servir eficazmente a los intereses de los ciudadanos y donde las restricciones presupuestarias constituyen una limitación que se respeta totalmente por las corporaciones locales, y no un fin en sí mismo.
Pero además, son las administraciones locales las únicas que están disminuyendo su nivel de endeudamiento, de tal modo que en 2012 más de tres mil ayuntamientos tuvieron superávit en sus liquidaciones presupuestarias.
El ciudadano, que es a quien nos debemos, acude a quien le presta mejor los servicios y si a este fin acude a los municipios, en lugar de a otros entes de mayor ámbito territorial, es porque percibe que de la cercanía en la prestación se proporcionan servicios donde sus necesidades particulares tienen mejor acomodo.
La ampliación del ámbito territorial del Ente prestador provoca, indudablemente, la pérdida de atención a la particularidad; por otro lado, la eliminación de alternativas al ciudadano no provoca mayor bienestar a éste, sino pura prestación monopolística de los servicios y la clara tentación a privatizar su gestión y/o a requerir mayores pagos o copagos por el acceso a los mismos, lo que indudablemente redundará en unos servicios de menor calidad y mayor coste para el ciudadano. Esta va a ser la consecuencia ineludible de la nueva ley: servicios de mucha peor calidad con un coste más elevado que tendrán que costear los ciudadanos.
Recordemos que la Ley de Bases del Régimen Local, al referirse al municipio, señala que éste es “marco por excelencia de la convivencia civil, cuya historia es en muy buena medida la del Occidente a que pertenecemos. Tanto en España como en Europa el progreso y el equilibrio social han estado asociados desde la antigüedad al esplendor de la vida urbana y al consiguiente florecimiento municipal. Y viceversa, los períodos de estancamiento o de retroceso se han caracterizado igualmente por la simultánea decadencia de las comunidades ciudadanas, que en siglos ya lejanos llegó a consumarse con la ruina y extinción de los Municipios”.
El texto del proyecto del gobierno no es sino una apuesta por la decadencia de las referidas comunidades ciudadanas, que no resuelve en absoluto los problemas reales de estas entidades, que no son los de los alcaldes y alcaldesas sino los de los vecinos. Es un texto que en lugar de profundizar en los derechos democráticos de participación ciudadana, atenta decididamente contra ellos.
Los municipios y Entidades Locales Menores, tal como los concebimos en la actualidad, nacen en el medievo, cuando grupos de gentes se reúnen para mejor administrar sus propios intereses comunes en torno a un núcleo urbano. Así se inicia un proceso que, a lo largo de los siglos permite a estas comunidades deshacerse de los vínculos de vasallaje que los unían a una nobleza ausente, lejana e indiferente a los intereses de los ciudadanos del burgo y organizarse para la mejor gestión de sus intereses comunes. Hacernos desistir del ejercicio de nuestras históricas competencias supone hacernos renegar de lo que somos, recuperar modos de gestión territoriales que han decaído para suerte de todos muchos siglos atrás y negar el modelo de convivencia democrática por el que hemos optado, confundiendo el Estado Constitucional Autonómico con un Estado Antimunicipal.
Así, la demonización que en el proyecto de ley del gobierno se hace por un lado de la entidad local menor, reducto de gran tradición democrática y que no sólo debe conservar su cualidad de Entidad Local sino que debe ser regulada en cuanto a su competencia y financiación, y por otra del pequeño municipio, ejemplo paradigmático de democracia participativa, propugnan un modelo que no podemos sino rechazar.
Queremos rechazar también y muy enfáticamente el injusto reproche insinuado de las excesivas remuneraciones de muchos de los representantes municipales que, realizan un gran trabajo en miles de casos dedicando larguísimas jornadas sin prácticamente ninguna retribución. Miles de alcaldes y concejales realizan su tarea sin retribución alguna.
El texto presentado, y que se pretende entre en vigor el 1 de enero de 2014, erosiona la autonomía local no respetando las competencias municipales, no tiene en cuenta los principios de proximidad y de equidad en la prestación de los servicios públicos, no respeta las competencias de las Comunidades Autónomas ni las distintas peculiaridades y realidades históricas reconocidas en los respectivos Estatutos de Autonomía y pone en peligro la prestación de los servicios sociales básicos que tanto necesitan los ciudadanos en estos momentos de dura crisis económica.
Pero además, supone obviar los compromisos internacionales adquiridos por España con la firma de la Carta Europea de Autonomía Local en 1985, que establece que el contenido del compromiso adquirido con la adhesión se manifiesta en que las Entidades locales tengan “libertad plena para ejercer su iniciativa en toda materia que no esté excluida de su competencia o atribuida a otra autoridad” pero sobre todo que “el ejercicio de las competencias públicas debe, de modo general, incumbir preferentemente a las autoridades más cercanas a los ciudadanos” y que por tanto “la atribución de una competencia a otra autoridad debe tener en cuenta la amplitud o la naturaleza de la tarea o las necesidades de eficacia o economía”. Este desprecio en poco coadyuva a mantener una credibilidad exterior imprescindible en momentos de crisis como la actual, máxime cuando claramente el modelo propuesto no es ni más eficaz ni más económico.
Al contrario, el modelo propuesto por el gobierno significará una gran ineficiencia en la prestación de servicios básicos (recogida y tratamiento residuos sólidos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario agua potable, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías) pero también en las prestaciones sociales fundamentales para millones de ciudadanos. Servicios de atención domiciliaria, teleasistencia, menores, discapacidad, inclusión de inmigrantes, infancia, dependencia, mayores... dejarán de ser prestados desde el conocimiento que proporciona la cercanía, perderán su calidad y eventualmente podrían dejar de dar cobertura a muchos ciudadanos. Ineficiencia y mayor coste para los ciudadanos es el paradigma orientativo del proyecto de ley del gobierno.
Así, en el caso de los municipios con población inferior a 20.000 habitantes, la nueva redacción propuesta por el gobierno del artículo 26.2 de la Ley de Bases, vaciando de contenido competencial a éstos y disponiendo la prestación por las Diputaciones de servicios básicos, constituye el mayor atentado a la autonomía municipal y a la eficiencia en la prestación de servicios imaginable. Sólo provocará servicios peores y más costosos.
Ante la propuesta gubernamental no somos solo los Alcaldes/as los que vemos con preocupación esta reforma, sino que ha habido una reacción social unánime frente a la misma. Es necesario atender las razones que una inmensa mayoría de alcaldes y concejales, asociaciones y federaciones de entidades locales, empleados públicos, organizaciones sociales, sindicales o empresariales han pronunciado con toda claridad y contundencia.
Hoy queremos recoger todas estas voces, poniendo de manifiesto que no se trata tanto de una cuestión de mayorías parlamentarias para la aprobación de la Ley, sino de la necesaria búsqueda del consenso para alcanzar mayorías sociales.
Debe ser a través del diálogo constructivo con las Entidades Locales como se debe abordar el desarrollo del capítulo I del Título VIII de la Constitución y este desarrollo debe definir en primer lugar el modelo institucional de participación efectiva de las Entidades Locales en la elaboración de las Leyes que les afectan y ampliar el régimen de impugnación por éstas de éstas ante el Tribunal Constitucional.
Por la hondura y la trascendencia de esta reforma, por la propia naturaleza de la materia que se pretende modificar y por la necesaria estabilidad y permanencia a que una ley que regule la vida local debe aspirar, solicitamos al Gobierno que, fin de evitar la intervención del Tribunal Constitucional, retire su proyecto de ley y elabore uno nuevo en base a estos principios consensuado con los Alcaldes/as en el que se materialicen las necesidades reales de los municipios y de las entidades locales menores.
Denunciamos pues o estamos en contra de la vulneración del principio de autonomía local, en su configuración constitucional y en el marco de la Carta Europea de Autonomía Local.
El Proyecto reduce el respeto a la autonomía local a una mera declaración sin contenido, frente a un alud de instrumentos de tutela económica y de gestión.
La invasión del marco competencial de los diferentes Estatutos de Autonomía que otorgan competencias plenas en materia de organización de la Administración Local a diferentes CCAA.

La reforma local que se define en el Proyecto, sin perjuicio del conjunto de objeciones de fondo que se formulan en estas alegaciones, tendría que establecer su carácter supletorio respecto a las CCAA con competencias plenas en la materia.
La inadecuación del contenido del Proyecto a las finalidades en que se fundamenta.

El Proyecto penaliza las administraciones que han realizado un esfuerzo más eficaz en favor de la contención del déficit público.
Ni mejora la financiación local, ni consigue la racionalización y sostenibilidad de las finanzas locales
Finalmente manifestar la insolvencia del Proyecto de Ley desde la perspectiva de la financiación de las corporaciones locales. El Proyecto de Ley incorpora modificaciones substanciales en las competencias locales y no lo acompaña con la consiguiente reforma de la Ley de Haciendas Locales con el fin de adecuar su financiación a las responsabilidades que les encomienda”.
Por todo lo anterior el pleno del Ayuntamiento asume los siguientes:
ACUERDOS
1.- El Ayuntamiento de la Robla muestra su rechazo a la reforma de la administración local y solicita al Gobierno de la nación que, a fin de evitar la intervención del Tribunal Constitucional, retire su Proyecto de Ley y elabore uno nuevo en base a los principios de consenso y de los compromisos políticos básicos, debiendo contar con la participación de las administraciones locales, tanto directamente como a través de las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias.

2.- Dar traslado de los acuerdos a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados y al Presidente del Gobierno.















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MOCIÓN “25 DE NOVIEMBRE DE 2013

Mensaje  jose antonio diago sanche el Sáb Nov 16, 2013 8:09 am

El Grupo Municipal de Izquierda Unida CyL en el Ayuntamiento de La Robla viene a formular para su aprobación la MOCIÓN “25 DE NOVIEMBRE DE 2013: Por una sociedad libre de violencia de género”, en base a la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

Un año más, este día se convierte en un día de denuncia de la violencia contra las mujeres, la violencia sexista y machista, que no tiene tregua.

También tenemos que denunciar este día la violencia institucional que se ejerce contra las mujeres a través de medidas que inciden directamente en sus vidas: la reforma regresiva de las normas laborales y de la ley de aborto.

Días como éste, deben servir cuanto menos, para remover conciencias y analizar de manera estructural, y preguntarse por qué a pesar de que teóricamente la violencia de género sea rechazada desde cualquier ámbito político, es aún, una lacra endémica que junto con la desigualdad, se muestran como elementos inseparables.

Esta lacra requiere medidas específicas y especiales que proporcionen a las mujeres elementos de prevención y protección reales y a la sociedad conciencia y cultura política para rechazar todo tipo de violencia y, particularmente, la violencia sexista.

Si en muchas partes del mundo las mujeres se encuentran en una situación insostenible de negación de derechos, que las oculta, las empobrece y que las sitúa en continuo riesgo, incluso institucionalizado, de violencia extrema, de explotación sexual, de agresiones, violaciones, asesinatos y ejecuciones, en nuestro país, la deriva conservadora y patriarcal hacia posiciones políticas de modificación regresiva de la Ley de Aborto, de imposición de la corresponsabilidad irreal en las obligaciones familiares, de recortes en recursos de protección social y en programas de igualdad, etc….sigue poniendo de manifiesto más aún, que la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres , es la lucha contra la violencia de género.

El Pleno del Ayuntamiento de La Robla exige que la lucha contra la erradicación de la violencia hacia las mujeres sea una prioridad en las agendas políticas e institucionales, y para ello, es necesario:

1º-. El Ayuntamiento de La Robla se compromete decididamente y con propuestas concretas y reales a centrar sus esfuerzos en consolidar la igualdad y la no violencia de género a través de Planes anuales que tengan un reflejo específico y general en los Presupuestos municipales, reforzando los recursos económicos, materiales y humanos.

2º-. Este Ayuntamiento de La Robla se compromete a poner a disposición de la ciudadanía todos los mecanismos personales y materiales públicos necesarios y a su alcance, para la prevención de la violencia sexista y atención integral de las víctimas de la misma.













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MOCION POR LA DEFENSA DEL MODELO PÚBLICO ACTUAL DE PENSIONES

Mensaje  jose antonio diago sanche el Sáb Nov 16, 2013 8:12 am

El Grupo Municipal de IUCyL en el Ayuntamiento de La Robla, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Presenta para su aprobación la siguiente Moción
POR LA DEFENSA DEL MODELO PÚBLICO ACTUAL DE PENSIONES Y LA DIVERSIFICACIÓN DE SUS FUENTES DE FINANCIACIÓN.

El Gobierno del Estado presentó el 13 de septiembre un anteproyecto de ley por el que se desvincula el aumento anual de las pensiones del IPC, y en el que se establece para su revalorización una cláusula “suelo” del 0,25% y un “techo” del IPC más el 0,25%.

El propio Gobierno, ya apunta que en los próximos nueve años las pensiones sólo se incrementarían el 0’25% anual, muy por debajo del 2% en que subirá el coste de la vida, de acuerdo con las previsiones del Banco Central Europeo para la Zona Euro. Esto supondría una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones del 15’75 %, siempre que la inflación no supere ese 2% anual, estimación bastante improbable, pues la media de estos años pasados ha estado en torno al 3%.

Este proyecto, prevé un aumento de las pensiones equivalente al IPC más el 0,25% en los ejercicios o años con superávit. Aunque parezca un sarcasmo, se necesitarían más de siete años de incremento continuado de las pensiones para recuperar el poder adquisitivo perdido en un solo año malo o con déficit.

El factor de equidad intergeneracional, que completa la propuesta de reforma, y que entraría en vigor en el año 2019, se basa en la previsión del crecimiento de la esperanza de vida, a partir de los 67 años, aplicándose una fórmula que disminuirá la pensión inicial cada cinco años.

La pensión media actual apenas alcanza los 800 euros mensuales y miles de pensionistas están muy por debajo de esa cantidad. Más del cincuenta por ciento no sobrepasa los 700 euros y el 25 % de las pensiones contributivas –así como el total de las no contributivas- están por debajo del umbral de la pobreza.

El gasto imparable de la luz, el gas, el agua, el transporte y la cesta de la compra, al que hay que sumar el copago sanitario, que incide especialmente en los pensionistas, devaluando aún más su mermado poder adquisitivo. La reforma que propone el gobierno agravaría notablemente esta situación, hasta condenar a la miseria a una buena parte de las y los pensionistas.

El Gobierno justifica su reforma, no como consecuencia de la crisis actual, sino basándose en la inviabilidad del sistema debido al supuesto aumento de la población jubilada, al pretendido crecimiento de la esperanza de vida, al descenso de la población activa y a la bajada continua de la natalidad.

Sin embargo, el déficit actual de la Seguridad Social no obedece a esas causas sino a la recesión económica actual que ha provocado el aumento del paro y los recortes de los salarios, así como a las exenciones empresariales en materia de cotización.

La política económica del Gobierno es la responsable del aumento del paro y de las reducciones salariales, por la reforma laboral y la pérdida de empleo público. Todo ello en aras de la privatización de los servicios y del ahorro del gasto para destinarlo al pago de la deuda contraída para salvar a los bancos y a las grandes empresas.

De llevarse a cabo éste proyecto de reforma, las pensiones adquirirían un carácter benéfico en lugar de derecho adquirido, mediante el pago de las cotizaciones durante la vida laboral. Esto es para tratar de complementarlo con planes privados de pensiones para la minoría que pueda pagarlos.

LAS PENSIONES SON UN DERECHO CONSTITUCIONAL

El Sistema Público de Pensiones es uno de los mejores logros del Estado Social, recogido en la Constitución del Estado, no podemos permitir que lo destrocen.

Recibir una pensión digna es un derecho constitucional y un derecho garantizado por la Declaración Universal de Derechos Humanos, por ello no podemos dejar de denunciar enérgicamente la nueva reforma de las pensiones públicas que prepara el Gobierno, ya que supone un nuevo engaño a los ciudadanos para favorecer a entidades bancarias y aseguradoras, por ello:

1. Denunciamos que esa reforma se hace en el peor momento, con argumentos falsos y sin participación de la sociedad, y solo dirigida a rebajar una vez más las pensiones. Disminuir aún más el nivel de vida en medio de una crisis como esta y hacer ver a una parte tan numerosa de la población que seguirá bajando en el futuro es todo lo contrario de lo que conviene hacer para recuperar la confianza y el consumo imprescindible para salir de una recesión.
2. Denunciamos ante la opinión pública que es falso que una mayor esperanza de vida sea lo que ponga en peligro el futuro de las pensiones.

3. Denunciamos que se está difundiendo de manera deliberada un mensaje engañoso y catastrofista sobre el futuro de las pensiones.
4. Denunciamos que quienes ahora dicen saber lo que ocurrirá con las pensiones dentro de treinta años no han acertado nunca en las predicciones hechas anteriormente.

5. Denunciamos también que la propuesta de aumentar la edad de jubilación para todos los grupos de trabajadores sin distinción es tremendamente injusta.
6. Denunciamos que el grupo "de sabios" que ha elaborado la propuesta solicitada por el Gobierno ha tenido una composición claramente sesgada y muy poco independiente.
7. Denunciamos que a pesar de que el Gobierno dice preocuparse por el equilibrio financiero del sistema de pensiones no toma nada más que la medida de recortarlas para alcanzarlo.

8. Denunciamos que se ocultan a los españoles algunos elementos fundamentales.
9. Denunciamos que se oculta a los españoles, que las cotizaciones sociales no son necesariamente la única vía de financiación de las pensiones públicas.

10. Denunciamos que lo que se pretende con las reformas que se realizan de las pensiones públicas es promover la gestión privada de los recursos de la Seguridad Social.

11. Denunciamos la complicidad de los gobiernos con estos intereses, por no abrir un debate público, transparente y plural sobre el futuro auténtico de las pensiones públicas y por doblegarse ante quienes vienen imponiendo las políticas que crean el paro, la concentración de la riqueza y el empobrecimiento productivo que las pone realmente en peligro.

Por lo expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida CyL, propone al Pleno de la Corporación Municipal la adopción de los siguientes ACUERDOS para ser trasladados a los órganos legislativos y de gobierno de la Nación:
1. Manifestarnos en contra del proyecto de ley de reforma de las pensiones públicas, presentado en el Consejo de Ministros del 13 de septiembre del 2013.
2. Solicitamos la apertura de un debate público, transparente y plural sobre el futuro autentico de las pensiones para que estas no se financien exclusivamente por la Seguridad Social, y diversifique su financiación con los Presupuestos Generales del Estado.
3. Instar al Gobierno a que se mantenga, ahora y en el futuro, el poder adquisitivo de las pensiones de acuerdo con el IPC.
4. Sustituir todas las medidas de reducción de las cotizaciones por medidas de bonificación y su financiación con cargo a la imposición fiscal general.
5. Financiación por los PGE de los programas y gastos de personal de la Seguridad Social que no se corresponden con las pensiones contributivas (incluidas las prestadas por el INSS no vinculadas a jubilación o incapacidad) y otros gastos de prestaciones sociales y sanitarias de la Seguridad Social.
6. Acuerdo en el Pacto de Toledo para la financiación progresiva en los PGE de las prestaciones no contributivas (las superiores al 52% de la base reguladora) por muerte o supervivencia.
7. Recuperación por parte de la Seguridad Social de la deuda del Estado para financiación la separación de fuentes, de acuerdo con los plazos fijados en el Pacto de Toledo. Esta deuda se pagaría en 30 años, a partir de 2015, e iría a engrosar el Fondo de Reserva y las cantidades anuales estarían determinadas por la diferencia entre el incremento de las rentas salariales y el aumento del PIB. De esta forma el sistema actuaría de forma contra cíclica.
8. Elevación de los topes de cotización máxima en un 20%.
9. Incremento de la cuota patronal en las contingencias comunes en los siguientes casos:
a) Horas extraordinarias en contrato a tiempo completo: 50%; en contrato a tiempo parcial: 100%.
b) Incremento en un 10% sobre de los actuales tipos de la cuota patronal en todos los tipos de contratos que no sean indefinidos a tiempo completo.
10. Combatir radicalmente la prácticas empresariales de despedir a los 11 meses, de terminar los contratos en viernes o de contratar falsos autónomos.
11. Revisión de las cotizaciones y formalización de los contratos de los trabajadores domésticos, para ampliar su regularización.
12. Equiparación progresiva de las bases medias de cotización de los Trabajadores Autónomos con los del Régimen General. 13. Lucha eficaz contra la economía sumergida. Se estima que unos 800.000 trabajadores tiene relaciones laborales sumergidas sin alta ni cotización en la Seguridad Social. Dentro de este objetivo, reconocer la validez a efectos de alta en la Seguridad Social de los contratos verbales o de hecho, tal como establece el artículo 8 del Estatuto de los Trabajadores. 14. Elevación del Salario Mínimo a 1.100 euros mes en lo que queda de legislatura. 13. Programa eficaz para garantizar el principio de “a trabajo igual, salario Igual” y conseguir la equiparación de salario de las mujeres con el de los hombres. 16. Programa de recuperación de empleo hasta lograr al menos la generación de los 3 millones de empleos destruidos por la crisis. 17. Poner éste acuerdo en conocimiento del Gobierno de la Nación y de todos los grupos parlamentarios del Congreso, así como a las organizaciones representantes en el Pacto de Toledo.





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MOCIÓN DE RECHAZO AL PROYECTO DE LEY DE RACIONALIZACION Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACION LOCAL EN LOS ASPECTOS QUE AFECTAN A LAS ENTIDADES LOCALES MENORES.

Mensaje  jose antonio diago sanche el Vie Dic 06, 2013 7:57 am

El Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de La Robla, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Presenta para su aprobación la siguiente MOCIÓN DE RECHAZO AL PROYECTO DE LEY DE RACIONALIZACION Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACION LOCAL EN LOS ASPECTOS QUE AFECTAN A LAS ENTIDADES LOCALES MENORES.

Exposición de motivos
La Ley Antiayuntamientos o Ley Montoro, presentada por el Gobierno del Partido Popular, cuya denominación en Proyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local; habla explícitamente e incluye diversas causas de disolución de las Juntas Vecinales. De este modo el Gobierno Central provoca un conflicto al inmiscuirse en una competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas, tal y como recoge el Artículo 24 bis de la propia Ley, la de regulación en su funcionamiento de las entidades locales menores. Situación que se agrava una vez el Estatuto de Autonomía de Castilla y León reconoce como administraciones propias de Comunidad a los concejos y obliga a la Junta a su defensa y protección.
De este modo, el articulado de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en los aspectos que afectan a las entidades locales menores no solo regulan materias de las que no son competentes, además lo hacen para provocar la pérdida de personalidad jurídica de las mismas, reduciéndolas a meras herramientas de descentralización de las competencias municipales (artículo 24 bis). Igualmente el articulo 3, apartado 2, las excluye del listado de entidades locales, para convertirlas en entidades de ámbito territorial inferior al municipio. Cuyas consecuencias son las anteriormente descritas. Aunque la Disposición Transitoria Cuarta reconoce dicha personalidad jurídica a las entidades locales menores preexistentes a la entrada en vigor de la norma, es importante analizar la serie de exigencias incorporadas a la redacción, que con una única lectura, queda claro, provocarán que las mismas, entre ellas los concejos de León, puedan ser suprimidos de forma individual en un plazo de tiempo muy corto.
La primera se recoge también en la Disposición Transitoria Cuarta. Las Juntas Vecinales dispondrán de un plazo de un año, hasta el 31 de diciembre de 2014, para presentar sus cuentas ante los organismos correspondientes del Estado y de la Comunidad Autónoma respectiva para no incurrir en causa de disolución. La no presentación de cuentas será causa de disolución. Que a su vez conllevará: a) Que el personal que estuviera al servicio de la entidad disuelta quedará incorporado en el Ayuntamiento en cuyo ámbito territorial esté integrada. b) Que el Ayuntamiento del que dependa la entidad de ámbito territorial inferior al municipio queda subrogado en todos sus derechos y obligaciones. c) Conforme a la legislación autonómica que afecta a los Montes de utilidad Pública se se podría dar el caso de traspaso definitivo de la titularidad de los mismos a la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Se les impone, según reza el articulo 26, apartado 2, la coordinación de la Diputación en servicios que tradicionalmente son ofrecidos por las Juntas Vecinales: como es el caso del “abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales”. Dado que en todos los aspectos legales no regulados expresamente por la Ley de Régimen Local de Castilla y León, para las entidades locales menores, se aplicará de forma subsidiaria la normativa general vigente reguladora de Bases de Régimen Local; esta norma, redactada en exclusiva para las competencias municipales, se aplicará igualmente a las Juntas Vecinales. También los apartados del artículo 116 bis y ter.
Un artículo el 116 que supone la mayor amenaza contra la supervivencia de los concejos leoneses. Primero porque un Ayuntamiento que se vea obligado a formular su Plan económico-financiero deberá incluir en el mismo ,al menos, “ la supresión de entidades de ámbito territorial inferior al municipio” entre otra serie de medidas diseñadas a reducir, degradar o suprimir los servicios y competencias municipales que ahora mismo ofrecen a la ciudadanía. En un caso extremo y teniendo en cuenta la jurisprudencia que avala la aplicación subsidiaria a las Juntas Vecinales de la normativa general de bases de régimen local; una Diputación podría forzar la disolución de una entidad local que cumpliese los requisitos exigibles para formular igualmente un Plan económico-financiero propio. En vez de suprimir servicios podría desaparecer solo por verse recogida esta posibilidad en el articulado de esta Ley,
Finalmente y dado que las entidades locales menores de Castilla y León tienen competencias propias, derechos y obligaciones reconocidos por la Ley de Régimen Local Autonómica, se les podría aplicar el apartado ter del mismo artículo 116. En este caso se les obligará a calcular, con fecha de 1 de noviembre de cada año, el coste efectivo de los servicios que prestan. Los criterios para el cálculo serán impuestos por el propio Ministerio. En el caso de existir déficit de cualquier tipo se aplicará el apartado bis. Reiterar que las Juntas Vecinales preexistentes a la Ley conservarán su personalidad jurídica y a efectos prácticos continuarán siendo entidades locales. Por lo cual serán víctimas en igual medida de este articulado, que por otro lado genera el agravio de imponer medidas leoninas de intervención efectiva, por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a los municipios que en el caso de las entidades locales menores supondrá su supresión definitiva sin posibilidad de ser reconstituidas.
Por todo lo expuesto, IU propone a este Ayuntamiento, los siguientes ACUERDOS:


1. La negativa expresa a incluir en un supuesto Plan económico-financiero la supresión de cualquiera de las entidades locales del municipio.
2. Ofrecer asistencia jurídica a cualquier entidad local menor del municipio amenazada de supresión por cualquiera de los supuestos recogidos en la Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
3. Sumarse a cualquier recurso de inconstitucionalidad o iniciativa en contra de esta Ley que surja del ámbito municipal.

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MOCIÓN PARA PEDIR INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA DE GERSUL CON LA UTE LEGIOVII

Mensaje  jose antonio diago sanche el Vie Dic 06, 2013 8:00 am

El grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de La Robla, al amparo de lo dispuesto en el artículo 97.3 del Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta al pleno corporativo la siguiente MOCIÓN:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Que en el Pleno cebrado por esta Corporación en Sesión Ordinaria el pasado 31 de Julio, se aprobó una Moción solicitando no reconocer las deudas que mantenemos o podamos mantener con la UTE Legio VII, que no estén avaladas por un funcionamiento correcto según lo establecido respecto al porcentaje de basura reciclada, electricidad producida, composts y calidad de compost producido, establecidos en los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Condiciones Técnicas que rigen la adjudicación de la explotación del CTR a la unión temporal de empresas (UTE), Legio VII, de acuerdo a las Memorias anuales de gestión de la actividad que la entidad explotadora está obligada a presentar ante la autoridad competente todos los años desde el inicio de la actividad hasta la actualidad.
Solicitar una auditoria de las cuentas de Gersul y la UTE Legio VII
Dar traslado de la presente Moción a la Diputación provincial y a la asamblea general del Consorcio para la gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la provincia de León.
Que desde la fecha de la aprobación de esta Moción y según se nos informa por la Secretaria de este Ayuntamiento solo se ha tenido respuesta por carta de la citada UTE, informando que esta contestación así como las preguntas que se aprobaron en este mismo Pleno por procedimiento de urgencia para su contestación por el ente que procediera, las tiene que contestar Gersul órgano al que según nos dicen ellos rinden cuentas. Por lo que desde este Grupo Municipal consideramos que con el fin de recibir la información que solicitamos y que por derecho nos tienen que dar al ser parte integrante de la Mancomunidad de Gersul proponemos tomar los siguientes.
ACUERDOS
1º.- El Ayuntamieto de La Robla insta a quien proceda a remitir para nuestro conocimiento la siguiente información:
-Exactamente cuál es la deuda de Gersul con la UTE Legio VII.
-A cuanto se paga cada TM de basura en el momento actual
-Quien pesa las TM – que control existe por parte de Gersul sobre las Tm que entran en la planta de reciclaje. Nombre y cargo de los funcionarios que hacen ese control.
-Exactamente a cuánto asciende la venta de electricidad.
-% de Reciclaje en las plantas de clasificación de León y Ponferrada
-Que deuda con la UTE Legio VII está reconocida desglosada por años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. 2009, 2010, 2011, 2012
-En el plan económico financiero en el punto 3.4 de medidas gestión se preveía la contratación de los servicios jurídicos precisos para valorar la posible responsabilidad patrimonial de UTE Legio II derivada de los incumplimientos denunciados por el gerente en el sistema de gestión. Se ha llevado a cabo esta contratación.
-El Pliego de Cláusulas Administrativas y Condiciones Técnicas que rigen la adjudicación de la explotación del CTR a la unión temporal de empresas (UTE), Legio VII”.
-Las Memorias anuales de gestión de la actividad del UTE Legio VII que la entidad explotadora está obligada a presentar ante la autoridad competente de todos los años desde el inicio de la actividad hasta la actualidad
2º.- Este Ayuntamiento se compromete a que si en el plazo de dos meses desde la aprobación de esta Moción no se ha recibido contestación a las preguntas que en la misma se realizan tomara medidas legales contra la institución que proceda.

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MOCION POBREZA ENERGETICA

Mensaje  jose antonio diago sanche el Mar Ene 07, 2014 7:18 pm


El Grupo Municipal de Izquierda Unida CyL en el Ayuntamiento de La Robla, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su aprobación la siguiente Moción de MEDIDAS PARA PREVENIR LA POBREZA ENERGÉTICA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La pobreza energética se puede definir como aquella situación que sufre un hogar incapaz de pagar una cantidad de servicios de la energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas y/o cuando se ve obligado a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura energética de su vivienda.
La pobreza energética depende fundamentalmente de tres componentes: los ingresos familiares, los costes de la energía y la calidad de la vivienda en cuanto a su eficiencia.
Según la Encuesta de Presupuestos Familiares —EPF— y la Encuesta de Condiciones de Vida —ECV—, entorno al 10% de la población española la sufre (4 millones de personas), y se trata de un fenómeno in crescendo, mientras el desempleo y la crisis económica merman el poder adquisitivo de la ciudadanía, los servicios básicos como la electricidad, el gas o el agua, cuyos precios se han encarecido sin tregua, están acaparando cada vez mayor proporción en el presupuesto familiar.
La ECV de 2011 destaca que el 6% de la población no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada, porcentaje que se sitúa en el 8% el caso de mujeres que habitan solas. Se trata todavía de un fenómeno invisible tanto por su carácter doméstico como por su interrelación con otras manifestaciones de la pobreza y exclusión social. Y pese a la dificultad de cuantificar este fenómeno ya existen estudios reflejan como la pobreza energética se incrementa en nuestro país.
El último informe del Observatorio de Vulnerabilidad de Cruz Roja señala que cerca del 58% de las personas atendidas por Cruz Roja durante el 2013 tenía problemas para mantener su casa a una temperatura óptima, un 16% más que en el 2011. Otro dato es que una de cada tres personas atendidas por Cruz Roja no puede pagar los suministros básicos, como el agua, la luz o el gas.
La pobreza energética tiene un impacto profundo en la vida de las personas y puede influenciar en su esperanza de vida y en el agravamiento de enfermedades crónicas. Se estima que la pobreza energética puede ser responsable de más de 2.300 muertes prematuras anuales frente a las 1.480 provocadas por accidentes de tráfico. Las consecuencias de la pobreza energética son múltiples: la falta de calefacción afecta a la higiene, la salud (dilema «heat or eat», afecciones respiratorias, etc.) y, a menudo, genera sobre mortalidad y sobreendeudamiento, así como aislamiento social y geográfico.
mercado interior de electricidad y gas, respectivamente, plantean exigencias que obligan a los Estados Miembros La UE también comparte este diagnóstico y ya en las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE del a adoptar medidas para abordar el fenómeno de la pobreza energética.
El Dictamen del CESE —Comité Económico y Social Europeo— de 2011 sobre «La Pobreza Energética en el contexto de la liberalización de la crisis económica» señala que la pobreza energética es una nueva prioridad social que necesita apoyo a todos los niveles y propone que la pobreza energética se tenga en cuenta a la hora de elaborar cualquier política energética.
Y en un posterior dictamen de 2013 «Por una acción europea coordinada para prevenir y combatir la pobreza energética», el mismo CESE —Comité Económico y Social Europeo—, manifiesta que la energía es un bien común esencial, debido a su papel indispensable en todas las actividades cotidianas, que permite a cada ciudadano tener una vida digna, mientras que carecer de él provoca dramas. Añade que la pobreza energética mata física y socialmente.
El Estado español es el país de la UE27 con los precios de la electricidad más caros, después de Malta y Chipre (FACUA 2012). Según datos de Cruz Roja de 2012, en dos años el gas se ha incrementado el 22%, la luz el 34%, el agua el 8,5% y la bombona de butano el 23%. Según Eurostat, desde 2001 a 2012, la factura de electricidad en España cuesta de media un 105,1% más. Entre 2007 y 2012, un 49% más. Si se cuenta desde 2006 hasta los últimos incrementos, en el caso del pequeño consumidor la subida es del 88%, lo que, unido a la crisis económica, agrava la dificultad de afrontar la factura energética de las personas más vulnerables, haciendo crecer con fuerza la pobreza energética y los cortes de suministro.
Las compañías no ofrecen datos para cuantificar el número de clientes que no pagan y, por tanto, se ven afectados por cortes de suministro. Lo cierto, no obstante, es que a los servicios sociales llegan cada vez más casos de este tipo. Así, mientras ayuntamientos y entidades sociales incrementan las ayudas destinadas a urgencia social, y concretamente las referidas al pago de facturas de gas, luz y agua, las grandes compañías de suministro continúan obteniendo beneficios millonarios, que llegan a ser del 6,78% frente al 2,62% de las europeas, y ordenando el corte de suministros por deudas irrisorias.
El Estado español carece de una política específica dirigida a prevenir el fenómeno de la pobreza energética que sufren cada vez más familias y hogares para garantizar unos consumos mínimos vitales a todas las familias en función del número de miembros y de periodos estacionales. Todas las compañías suministradoras aseguran disponer de bonos sociales para las familias más desfavorecidas, pero no tan solo son insuficientes sino que a menudo provocan que quien más los necesite se queda fuera.
El Estado debería mejorar el actual bono social, para tener en cuenta también las condiciones de la vivienda y el nivel de ingresos familiares y no solos la potencia contratada o la situación familiar/laboral. También habría que valorar la posibilidad de establecer un bono social para el gas butano, como ya hacen otros países.
El Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electrónicas, y por el que se adoptan medidas para la corrección de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores eléctrico y gasista, hace referencia en su redactado a la pobreza energética, anuncia el establecimiento de medidas de protección para el consumidor vulnerable y revierte transitoriamente al bono social eléctrico regulado en el Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social.
La reforma del mercado energético emprendida por el Gobierno hasta ahora tampoco establece solución alguna al fenómeno de pobreza energética y el déficit tarifario amenaza con incrementar todavía más la factura. Los precios suben debido a la falta de una auténtica reforma eléctrica, y la consecuencia de ello está recayendo sobre los consumidores y las renovables, sin un diagnóstico previo.
Además, los cambios regulatorios en el sector eléctrico, especialmente los más recientes, supondrán un encarecimiento de los costes que afectarán fundamentalmente a los consumidores con la revisión automática de los peajes. El cambio del sistema de facturación que aumentará los costes fijos de la factura supone una penalización añadida a los que menos consumen, ya sea por menor renta o por ser eficiente, empeorando el problema de la pobreza energética y aumentando la exclusión.
La teórica liberalización del sector eléctrico no ha servido para abaratar el precio del suministro. La cuestión no resuelta del déficit tarifario se está convirtiendo en la causa principal del incremento de las tasas de pobreza energética en tanto que se resuelve mediante un incremento de los precios fijados al consumidor, mientras el Gobierno mira para otro lado.
Existen experiencias a nivel europeo donde además de ayudas puntuales a colectivos vulnerables para el pago de facturas o dirigidas al ahorro y eficiencia energética, aseguran el suministro en momentos críticos, se trata de impedir la desconexión durante los meses de más frío o a consumidores vulnerables, es decir aquellas personas que por razones de edad, salud, discapacidad o inseguridad financiera grave no están en condiciones de garantizar su bienestar personal y el del resto de miembros de su familia.
Por todo lo expuesto el Grupo Municipal de Izquierda Unida CyL PROPONE AL PLENO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA ROBLA LA ADOPCION DE LOS SIGUIENTE ACUERDOS:
1º.-Exigir al Gobierno de España la aprobación de una Ley de medidas para prevenir la pobreza energética que regule el sistema de suministros básicos del hogar e incluya mecanismos que prime el ahorro y penalice el consumo ineficiente, garantizando que las tarifas no sean objeto de mercado, estableciendo precios sociales y elementos de fiscalidad energética favorables para las familias con bajos ingresos económicos.
Igualmente, en la citada Ley se establecerán medidas para que todos los hogares puedan mantener unas condiciones adecuadas de temperatura como disponer de otros servicios energéticos esenciales a un precio justo. Se creara el bono social para aquellos hogares con poder adquisitivo reducido o en riesgo de exclusión social, estableciéndose una tregua invernal e impidiendo el corte de suministro a estas familias.
2º.- El Ayuntamiento de La Robla elaborará un plan contra la pobreza energética, con el objetivo de garantizar el derecho de la ciudadanía a los suministros básicos del hogar que permita identificar, prevenir y corregir las situaciones detectadas.

3º.- Instar al Gobierno de España a modificar la Ley 3//1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido estableciendo un IVA reducido para el precio de gas y la electricidad a nivel domestico.




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MOCIÓN SOLICITANDO LA RETIRADA DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL CONCEBIDO Y DE LA MUJER EMBARAZADA

Mensaje  jose antonio diago sanche el Sáb Ene 18, 2014 9:16 am

El Grupo Municipal de Izquierda Unida CyL en el Ayuntamiento de La Robla, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su aprobación la siguiente MOCIÓN SOLICITANDO LA RETIRADA DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL CONCEBIDO Y DE LA MUJER EMBARAZADA DEL PARTIDO POPULAR.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El derecho a decidir de las mujeres sobre su maternidad, no se puede enmarcar en un debate ajeno a la libre decisión de las mujeres. Es un derecho fundamental y, como tal, no puede ser objeto de intercambio con los estamentos religiosos y sociales más reaccionarios.
El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, a la libre decisión de las mujeres: sin interferencias, sin condicionantes, sin tutelas, ni penalizaciones, es un Derecho Fundamental.
En 1985, en nuestro país, con el gobierno del PSOE, se produjo una despenalización parcial y tuvieron que pasar 25 años, hasta 2010, para una reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo algo más avanzada, pero aún con muchas limitaciones.
Ahora el PP plantea un Anteproyecto restrictivo y retrógrado que vulnera derechos y libertades de las mujeres en relación a su capacidad de decisión sobre su maternidad.
Frente a ello es necesario una ley:
• que contemple la prevención contra los embarazos no deseados con una educación sexual que recorra todos los estadios educativos, con perspectiva de género.
• que permita a las mujeres interrumpir su embarazo en el momento y por las razones que desee, sin restricciones, sin plazos y sin tutelas en la sanidad pública.
• que regule la objeción de conciencia para que ésta no sea una coartada de la clase sanitaria más reaccionaria;
• que elimine el aborto voluntario del código penal tanto para las mujeres como para las y los profesionales sanitarios que lo practican.
• que incluya la cobertura de la totalidad de los métodos anticonceptivos por la sanidad pública
• en la que no sea necesario de consentimiento materno/paterno para las jóvenes de 16‐18 años, etc.
• que incorpore incorporar la formación en salud sexual y reproductiva, tanto en el ámbito sanitario como en el educativo.
• que garantice la preparación del conjunto de profesionales para la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo y que ésta se incluya en las carreras de medicina, enfermería y otras profesiones sociosanitarias.
• que no cuestione la capacidad de las mujeres para tomar decisiones sobre su vida, sino que potencie su autonomía,
• que incluya un protocolo común para la práctica del la IVE en el Sistema Nacional de Salud
• que garantice el equilibrio territorial.

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida CyL PROPONE AL PLENO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA ROBLA LA ADOPCIÓN DE LOS SIGUIENTE ACUERDOS:
1. El rechazo del Anteproyecto de Ley de Protección de los Derechos del Concebido y de la Mujer Embarazada aprobado por el Consejo de Ministros/as porque restringe derechos fundamentales de las mujeres, solicitando su retirada inmediata.
2. El posicionamiento a favor de que cualquier reforma que se haga sobre Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, esté encaminada a ampliar los derechos que son fundamentales y específicos de las mujeres, de forma que las mujeres puedan decidir en sobre si quieren o no ser madres.
3. hacemos un llamamiento, a la sociedad en su conjunto, a la movilización y la denuncia en contra de la restrictiva reforma del aborto del Partido Popular. Y por la defensa de un Derecho al Aborto, libre, público, gratuito y fuera del Código Penal.


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MOCIÓN DE RECHAZO AL ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR EL QUE EL GOBIERNO DE ESPAÑA PRETENDE REVISAR LA LEGISLACIÓN VIGENTE SOBRE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

Mensaje  jose antonio diago sanche el Jue Ene 30, 2014 10:48 am

Los Concejales del Grupo Socialista y del Grupo de Izquierda Unida, al amparo de lo establecido en el artículo 97.3 del Real Decreto 2.586/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, formula para su debate y votación en el Pleno del Ayuntamiento de La Robla, la siguiente:
MOCIÓN DE RECHAZO AL ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR EL QUE EL GOBIERNO DE ESPAÑA PRETENDE REVISAR LA LEGISLACIÓN VIGENTE SOBRE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO
La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, declara el derecho de todas las personas a adoptar libremente decisiones que afectan a su vida sexual y reproductiva, sin más límites que los derivados del respeto a los derechos de las demás personas y al orden público garantizado por la Constitución y las Leyes, y se reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida lo que implica no sólo reconocer a las mujeres la capacidad de decisión sobre su embarazo, sino también que esa decisión, consciente y responsable, sea respetada.
Esta Ley fue elaborada, debatida y aprobada desde el consenso con la gran mayoría de los grupos políticos con representación parlamentaria e incorporó la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos así como distintos pronunciamientos, en forma de conclusiones y recomendaciones, del Consejo de Estado y organismos internacionales de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, del Consejo de Europa y de la Unión Europea.
El 20 de diciembre de 2013 se presentó en el Consejo de Ministros un Anteproyecto de Ley Orgánica cuyo contenido ha confirmado, y tristemente superado, las peores conjeturas acerca de sus desastrosos efectos sobre la libertad y los derechos de las mujeres. Un extraordinario retroceso normativo, social e ideológico que volvería a situar a las mujeres españolas en la clandestinidad, suprimiendo su derecho a decidir responsable, consciente y libremente sobre su sexualidad y maternidad.
Con el Anteproyecto aprobado por el Gobierno se suprime el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo en las primeras catorce semanas, considerándose como delito despenalizado sólo en los supuestos de violación y "grave peligro para la vida o la salud" de la mujer, privando a ésta de su derecho a decidir sobre su maternidad. Se suprime también, por tanto, el supuesto de malformaciones o anomalías fetales incompatibles con la vida, que había justificado la interrupción del embarazo desde los años ochenta del siglo pasado.
Esta norma que supondrá un grave retroceso de más de treinta años para la legislación española en este ámbito, ha provocado un enorme rechazo social de la ciudadanía, también de la inmensa mayoría de mujeres y hombres del municipio de La Robla, y escandalizado al resto de Europa, a las organizaciones sociales y profesionales y sólo ha cosechado la felicitación de formaciones políticas de extrema derecha de otros países.

Por todo ello, proponemos al Pleno del Ayuntamiento de La Robla que adopte los siguientes
ACUERDOS:

• El Ayuntamiento de La Robla manifiesta su rechazo a este brutal retroceso normativo que supone el Anteproyecto de Ley Orgánica presentado el 20 de diciembre de 2013.

• El Ayuntamiento de La Robla se posiciona a favor de que cualquier reforma que se haga sobre Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, esté encaminada a ampliar los derechos que son fundamentales y específicos de las mujeres, de forma que las mujeres puedan decidir en sobre si quieren o no ser madres.

• El Ayuntamiento de La Robla hace un llamamiento, a la sociedad en su conjunto, a la movilización y la denuncia en contra de la restrictiva reforma del aborto del Partido Popular. Y por la defensa de un Derecho al Aborto, libre, público, gratuito y fuera del Código Penal.
• El Ayuntamiento de La Robla insta al Gobierno de España a retirar inmediatamente y no continuar la tramitación del Anteproyecto de Ley Orgánica por el que pretende revisar la legislación vigente en España sobre salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo.

• Dar traslado de esta Moción al Congreso de los Diputados







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CAMPOS ELECTROMAGNETICOS

Mensaje  jose antonio diago sanche el Jue Ene 30, 2014 10:49 am


los efectos de los campos electromagnéticos generados a gran escala, principalmente, por la tecnología telefónica inalámbrica (antenas, móviles, wifis, teléfonos ´fijos´ inalámbricos, PDA´s) y similares (microondas) son nocivos para la salud a todos los niveles: endocrino, cardiovascular, sistema hormonal, neurológico, celular€ siendo uno de los efectos demostrados (Informe Reflex, 2004, financiado por la CCE) que se rompen los enlaces de ADN a niveles de radiación bajos. Hay que advertir que, en los niños los efectos son muy superiores a los que padecemos los adultos y también que son acumulativos. El organismo suma y sigue. Lo que sucede es que hay personas que desarrollan una sintomatología ´de aviso´, la ´electro hipersensibilidad´ y otras que no, pero están igualmente expuestas a los riesgos para la salud de esta nueva plaga
Esto no sólo lo atestiguan numerosos artículos de investigación sino que científicos de todo el mundo han suscrito numerosos llamamientos públicos colectivos alertando a las autoridades y a la sociedad de los inminentes y graves riesgos que para la salud pública conlleva la proliferación de este tipo de tecnologías: resolución de Salzburgo 2001; declaración de Friburgo, 2002; declaración de Venecia, 2007; llamamiento de Bruselas, 2007; panel de Seletun, Noruega, 2009; declaración de París, 2009.
Aun así, a pesar de que la comunidad científica internacional (frente a los sesgados contrainformes de la industria) se expresa con voz unánime, esto es, a pesar de que no se da la posibilidad de que las autoridades responsables desconozcan el problema, los límites legales que serían adecuados para nuestra salud (mil megavatios por metro cuadrado se considera exposición extrema) se superan en nuestro país en miles de veces y el debate de la nueva ley no contempla rebajarlos.
Mientras, una parte de nuestros vecinos europeos y occidentales como Italia, Alemania, Austria o Suiza, tienen legislaciones más restrictivas que la nuestra (incluso Rusia y China), advierten a sus ciudadanos de los efectos dañiños del uso privado de estas tecnologías, retiran de escuelas, centros educativos, hospitales, bibliotecas, instituciones públicas, etc., antenas, wifis, wimax, bluetooth y dispositivos inalámbricos, y cuidan, como es su deber, a los grupos de riesgo (niños, ancianos, epilépticos, embarazadas) así como a las personas ´electrosensibles´, muchas, gravemente incapacitadas. Suecia lidera aquí los logros y reivindicaciones.
De todo lo anterior también nos advierten: la OMS (IARC), clasificando el 31 de mayo de 2011 las radiaciones electromagnéticas de radiofrecuencia como posible cancerígeno en humanos (grupo 2B); la Asamblea del Consejo de Europa, resolución 1815 (2011), instando a los Gobiernos europeos a que adopten de inmediato medidas para reducir la exposición de los ciudadanos a todo tipo de radiaciones electromagnéticas; la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA), confirmando que «las radiaciones de microondas pueden provocar enfermedades tales como leucemia infantil, tumores cerebrales, cáncer de mama, alteraciones en el sistema nervioso, cambios en las funciones cerebrales y daños en el sistema inmunitario».
Pero, por favor, no consintamos que nuestros hijos estén todo el día irradiados en los colegios. Reclamemos, como mínimo, que retiren los wifis de los centros educativos públicos. Sólo contando el periodo de educación obligatoria, un niño pasa más de 10.000 horas en su centro. Según la Convención Internacional de los Derechos del Niño de 1989, niños y niñas tienen derecho a vivir con salud y bienestar, a tener una protección especial para desarrollarse, y a ser los primeros en recibir protección y auxilio. No se trata de dar la espalda a la tecnología, sino de utilizarla de forma segura. Apostemos por el cable y el principio de precaución
Muchos municipios han solicitado a la Asociación de Estudios Geobiológicos (GEA), la realización de un mapa de radiación de microondas o solicitando asesoría técnica para la elaboración de ordenanzas que limiten la proliferación de las antenas repetidoras.
Por lo que desde IU, pedimos medir el nivel de electrocontaminación en los radios de las antenas que tenemos dentro del casco urbano.


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MOCION SOBRE MODIFICACIO DE ORDENANZAS FISCALES

Mensaje  jose antonio diago sanche el Lun Feb 10, 2014 6:06 pm


El Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de La Robla en nombre y representación del mismo, y al amparo de lo establecido en la normativa aplicable, eleva al Pleno de la Corporación para su debate la siguiente Moción, sobre modificacion de Ordenanzas Fiscales y creacion de un articulado que regule la pobreza energetica:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Las medidas adoptadas por el Gobierno de la Nación provocan una mayor pobreza para la mayoría de la ciudadanía, en un empeoramiento del conjunto de los servicios públicos (fundamentalmente sanidad, educación y servicios sociales) y en un incremento de las personas desempleadas y de las pequeñas y medianas empresas que cierran, agravando de esta manera la crisis.
El Estado español carece de una política específica dirigida a prevenir el fenómeno de la pobreza que sufren cada vez más familias y hogares y que se considera que en estos momentos afecta en nuestro país a más de 1.800.000 familias, para garantizar unas ayudas que consideramos vitales a todas estas familias asentadas en nuestro Municipio.
Basándonos en los acuerdos alcanzados entre el Ministerio de Hacienda y las entidades locales, en la reunión celebrada el día 16 de abril de 2013, en el seno de la Comisión Nacional de la Administración Local, que permite, a los Ayuntamientos, que hayan tenido superávit el pasado ejercicio, destinar este remanente a gasto corriente e inversión, y como este acuerdo contempla la modificación del artículo 32 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, donde se contempla que "el superávit se destinará a reducir endeudamiento", para permitir destinar el superávit a gasto corriente e inversiones, para los ejercicios 2013 y 2014, considerando que nuestro Ayuntamiento y a falta de confirmar por intervención ha tenido un superávit que ronda los 54.000€ en el ejercicio 2013, y para este ejercicio según la prorroga presentada al presupuesto de 2013, se recoge un superávit que ronda los 220.000€.
Por lo tanto, y considerando que las bases ya están creadas, pues la ORDENANZA FISCAL Nº11 REGULADORA DE LA TASA DE ALCALTARILLADO en su Articulo 10º. Denominado reducción de cuotas dice:

1. El Ayuntamiento de la Robla en uso de las competencias que le atribuye el artículo 25 y s.s. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y el Art. 24.3 de la Ley 39/1988, del 28 de diciembre reguladora de las Haciendas Locales con las modificaciones introducidas por la Ley 25/1998 y 50/1998, determina establecer la reducción de la cuota anual de la tasa por conservación de alcantarillado en determinados supuestos atendiendo a criterios de capacidad económica de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo.
2. La reducción de cuotas constituye una prestación económica, que se concede en el ámbito territorial de la Robla destinada a unidades familiares cuyos recursos económicos serán precarios, de acuerdo con el procedimiento y demás circunstancias que se detallan en este artículo.
3. La prestación de la reducción de la cuota anual en la tasa por (LO QUE PROCEDA) tiene carácter personal e intransferible, por lo que no podrá ser objeto de cesión, descuento o retención.
4. Tendrán derecho a la prestación todas aquellas unidades familiares que suplan los siguientes requisitos:
a) Estar empadronado y llevar residiendo en la Robla durante un mínimo de seis meses anteriores a la solicitud.
b) Tener una situación de carencia de recursos económicos.
c) Se considerarán unidades familiares a efecto de lo dispuesto en este artículo, quienes convivan en el mismo hogar sea cual fuere su relación.
5. Podrán ser beneficiarios:
a) En unidades familiares de una sola personal, aquellos que no dispongan de ingresos por encima de 75% de salario mínimo interprofesional.
b) Unidad familiar de dos personas, cuando los ingresos no excedan del 100% del salario mínimo interprofesional.
6. Índices correctores.
a) Por vivienda alquilada se detraerá de los ingresos generales brutos, el 80% de la renta. No se incluirán las cuantías por gastos de comunidad u otros conceptos
b) Aquellos solicitantes que tengan propiedades rústicas o urbanas excepto domicilio habitual –será valorado individualmente como índice corrector negativo.
7. Para la valoración de la situación económica, se contemplarán todos los ingresos, por cualquier concepto, de todos y cada uno de los miembros de la unidad familiar.
8. El beneficiario queda obligado a comunicar al Ayuntamiento en el plazo de un mes, cualquier variación que se produzca en la situación de las personas que componen la unidad de convivencia, hecho que de no producirse implicaría:
a) El pago de las cuantías objeto de la reducción, en el año en curso.
b) No poder volver a ser beneficiario durante los dos años siguientes.
9. El importe de la prestación consistirá en la bonificación de hasta el 50% en la cuota tributaria anual de la tasa objeto de esta Ordenanza. La prestación será por un año, pudiendo renovarse si la situación continúa siendo carencial.

9. La solicitud se presentará en las oficinas municipales, mediante instancia dirigida al Sr. Alcalde, en los plazos que para ello se establezcan.
10. El solicitante deberá acompañar a la solicitud, los siguientes documentos:
a) Fotocopia del DNI., de todos los miembros de la unidad familiar que estén obligados a poseerlo y para los no obligados, el libro de familia.
b) Declaración jurada de la residencia del solicitante y personas que constituyen la unidad de convivencia con seis meses de antelación a la fecha de solicitud.
c) Documentos fehacientes que acrediten los ingresos que, por cualquier concepto, percibe el solicitante y los demás miembros de la unidad familiar, o en su defecto, declaración jurada de la no percepción de ingreso.
d) Documentos fehacientes que prueben la propiedad o el usufructo de bienes, pertenecientes al solicitante y/o a cualquier otro miembro de la unidad familiar o en, su defecto, declaración jurada de su falta de titularidad.
e) Justificante de pago de arrendamiento de la vivienda habitual en su caos.

11. A principios de año se abrirá para la presentación de solicitudes un periodo de un mes.
12. Los servicios administrativos correspondientes, procederán a la recepción de la solicitud y de la documentación requerida, pudiendo requerir al interesado para que subsane defectos o aporte información adicional si se considera necesario para una correcta valoración.
13. El Alcalde-Presidente u órgano en quien delegue, en virtud de los datos presentados dictará resolución motivada, concediendo o denegando la presentación.
De la Resolución se dará traslado al solicitante, el cual podrá presentar recurso de alzada ante el órgano competente en el plazo de 15 días.
De la misma Resolución se remitirá copia al Servicio de Intervención y de Recaudación a los efectos oportunos.
14. Se aplicará en los recibos de la tasa correspondiente del año de su concesión, independientemente de la fecha de su puesta al cobro.
15. Anualmente en el plazo de solicitud, el beneficiario deberá presentar la solicitud de renovación de la prestación, por un nuevo plazo de un año.

En la solicitud de renovación se inclinará:
a) Justificante de ingresos económicos. B)Declaración jurada de que se mantienen las mismas condiciones que sirvieron de base para la concesión de la prestación.
Transcurridos cinco años desde la concesión de la prestación y efectuadas las renovaciones oportunas, la unidad familiar interesada, deberá presentar otra solicitud para el reconocimiento de la misma, incoándose nuevo expediente, que seguirá el procedimiento establecido en este artículo.
Mediante la presente Moción, el grupo Municipal de Izquierda Unida CyL, propone al Pleno del Ayuntamiento de La Robla para su aprobación que adopte los siguientes:
ACUERDOS
1º. Modificar o en su caso cambiar la ORDENANZA FISCAL Nº12 REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DE BASURAS, ORDENANZA FISCAL Nº13 REGULADORA DE LA TASA POR DISTRIBUCIÓN DE AGUA Y DERECHOS DE ENGANCHE, ORDENANZA FISCAL Nº 1 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, aplicando a las mismas lo recogido en el Articulo 10º. De la ORDENANZA FISCAL Nº11 REGULADORA DE LA TASA DE ALCALTARILLADO.
2º. Que este Articulo sirva como base para las reducciones aprobadas en la Moción para prevenir la pobreza energética en el Pleno de 29 de Enero de 2013, con la creación de un bono social que supla las carencias hasta que las mismas sean cubiertas por la Administración del Estado.

3º con el fin de que la reducción de cuotas sea efectiva para las situaciones de pobreza sobrevenida el artículo 10 punto 11 que dice “A principios de año se abrirá para la presentación de solicitudes de un mes”, se completará:
“En caso de que la situación de necesidad se produzca después de ese plazo, de manera excepcional, se estudiará el caso y se tomarán las medidas oportunas para evitar que las tasas municipales agraven esta situación”.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
La aprobación de esta Moción conlleva la apertura de un plazo de un mes para que los vecinos que se consideren afectados por la misma presenten solicitudes. Este plazo solo tendrá validez para el año en curso, en próximos años se aplicara las fechas previstas en el Articulo.







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DEFENSA DE JA AUTONOMIA LOCAL

Mensaje  jose antonio diago sanche el Mar Feb 11, 2014 7:04 pm

PROPUESTA DE ACUERDO DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN

D. José Antonio Diago Sánchez como portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida CyL, en el Ayuntamiento de La Robla, al amparo de lo dispuesto en el art 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
PROPONE AL PLENO:

PRIMERO.- Iniciar la tramitación para la formalización del conflicto en defensa de la autonomía local contra los artículos primero y segundo y demás disposiciones afectadas de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (BOE nº 312 de 30 de diciembre de 2013) de acuerdo al texto que se adjunta, según lo señalado en los arts. 75 bis y siguientes de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
SEGUNDO.- A tal efecto, solicitar Dictamen del Consejo de Estado, conforme a lo establecido en el art. 75 ter 3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, por conducto del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a petición de la entidad local de mayor población (art. 48 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local), así como otorgar a dicha entidad la delegación necesaria.
TERCERO.- Facultar y encomendar al Alcalde para la realización de todos los trámites necesarios para llevar a cabo los acuerdos primero y segundo y expresamente para el otorgamiento de escritura de poder tan amplio y bastante como en derecho se requiera a favor de la Procuradora Dña. Virginia Aragón Segura, col. nº 1040 del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid para que, en nombre y representación del Ayuntamiento de La Robla, de forma solidaria e indistinta, interponga conflicto en defensa de la autonomía local contra la ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013 (BOE nº 312 de 30 de diciembre de 2013), de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local siguiéndolo por todos sus trámites e instancias hasta obtener sentencia firme y su ejecución.


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Re: MOCIONES DE IZQUIERDA UNIDA

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