MOCIONES DE IZQUIERDA UNIDA

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MOCIÓN RELATIVA A LA NACIONALIZACION DEL SECTOR ENERGETICO

Mensaje  jose antonio diago sanche el Lun Mar 03, 2014 6:44 pm

El Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de La Robla, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su aprobación la siguiente MOCIÓN Relativa a la nacionalización del sector energético.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La factura de la electricidad de España es la tercera más cara de Europa, después de Irlanda y Chipre, y las compañías eléctricas españolas de UNESA tienen un margen de beneficios del doble de las Europeas. Las grandes empresas eléctricas ya se beneficiaron de los ingresos por costes de transición a la competencia, la moratoria nuclear, las ayudas al gas, entre otras; y todo ello, según se decía, en la búsqueda de más competencia, al compás marcado por la OCDE y de las Directivas de la UE, para lograr un mercado más eficiente y conseguir una reducción de costes que deberían trasladarse a los precios.
Las empresas eléctricas españolas tienen unos ratios de rentabilidad bastante superiores a la de sus homólogas europeas. No es lógico que en nuestro país, con la crisis económica que estamos soportando, todas las grandes empresas eléctricas españolas sigan teniendo más beneficios que las grandes empresas europeas. De hecho los datos correspondientes a 2012 (los de 2013 globales no están todavía) señalan que Iberdrola y Endesa fueron la segunda y la tercera eléctricas europeas que más beneficio obtuvieron en 2012, solo por detrás de la francesa EDF y por delante de grupos como GDF Suez, National Grid, E.ON o Enel.
Desde el estallido de la crisis, los márgenes del sector en las grandes empresas europeas han ido retrocediendo con fuerza a ritmos de doble dígito anual, mientras que en España estos márgenes aumentaron en 2008, apenas cayeron en los ejercicios de 2010 y 2012 y todo apunta a que el cierre del ejercicio de 2013 volverá a darles beneficios. De hecho, en los tres primeros trimestres del año 2013, las principales compañías eléctricas españolas, aunque aseguran estar sufriendo mermas multimillonarias en sus cuentas de resultados, reconocen unos beneficios de 7.638 millones de euros. Por ejemplo Endesa, que vuelve a repartir dividendos, ha obtenido un beneficio de 1.551 millones hasta septiembre. El beneficio neto obtenido por Iberdrola hasta septiembre es de 2.275 millones y el de Gas Natural Fenosa llega hasta los 1.120 millones de euros.
Esta evidencia se da en unos momentos en los que, la crisis y las políticas neoliberales puestas en marcha con la justificación de ella, provoca que el 10% de la población sufra pobreza energética.
Es urgente abordar una reforma, en profundidad, del sistema energético. Es necesario planificar, en el corto y medio plazo, medidas estructurales de reforma del mercado eléctrico. Los múltiples cambios regulatorios que ha puesto en marcha el Gobierno no han solucionado el problema del déficit, han agravado el drama social, económico y ciudadano que significa el insoportable encarecimiento de la factura energética.
Hasta ahora, la benevolencia del regulador con las empresas eléctricas queda demostrada por la falta de control y por la generosidad en los criterios de fijación de tarifas: el resultado es que, a pesar de la liberalización teórica, al menos el 50 % son precios regulados para remunerar inversiones en generación, transporte y distribución, además de los costes de transición a la competencia y de la moratoria nuclear entre otros.
No es ajena a la situación la cuestión del déficit tarifario. Déficit tarifario, por otra parte, que consideramos ilegítimo por cuanto no es nada evidente que el origen del déficit tarifario, la famosa diferencia entre coste real y el calculado, que “justifica” un presunto déficit de miles de millones de euros, se haya valorado de forma correcta ya que se basa en acumulaciones sucesivas al valor de origen (Marco Legal Estable), y además esa cifra se ha alcanzado a partir de los datos de las propias compañías que han dado por buenos los sucesivos gobiernos del estado y que reconoce el Ministerio de Industria, Energía y Turismo
El “presunto” déficit tarifario existente es de naturaleza regulatoria y no económica tal y como la propia Comisión Europea afirmaba en la evaluación del programa nacional de reformas enviado por el Gobierno, en la que atribuía el problema del déficit tarifario a que el sistema de tarificación de la electricidad sigue siendo ineficiente y presenta un nivel de competencia insuficiente. Es necesaria una auditoría energética, pública y rigurosa, que determine las causas reales, si las hay, del déficit tarifario.
El Gobierno, en varias ocasiones, ha anunciado su intención de presentar antes una nueva reforma del sector eléctrico, que es realmente necesaria pero que, para que sea efectiva, debe abordarse en profundidad para que nuestro mercado esté basado en la eficiencia, la independencia energética y las energías limpias. El nuevo sistema debe eliminar de la factura que paga la ciudadanía, aquellos conceptos de la tarifa que hoy se muestran innecesarios como son los costes por interrumpibilidad, o los pagos por capacidad o los de compensación por los Costes de Transición a la Competencia cobrados de más por las eléctricas que han sido cifrados en 3.400M€ por la CNE.
Esta reforma debería garantizar un mix energético en el que, junto a la reserva estratégica de fuentes primarias de energía autóctona se favorezca la implantación progresiva de las energías renovables.
También se hace necesario favorecer el autoconsumo de energía con balance neto, que además de reducir las emisiones contaminantes y de CO2, mejorar la balanza comercial al tener que importar menos petróleo y gas, disminuir la dependencia energética y asegurar el suministro energético, supone una clara mejora en la eficiencia energética al generar la energía en el punto de consumo, logrando una producción descentralizada; y a medio plazo supondría una reducción de los costes medios del kW, democratizaría el sistema energético y fomentaría el desarrollo local, generando empleos en el sector.
Tenemos, en estos momentos, una posibilidad de actuar para solucionar el problema, para evitar el drama de la pobreza energética, para evitar las repercusiones negativas que sobre la ciudadanía, sobre los servicios públicos y sobre la actividad económica tienen los excesivos costes del suministro eléctrico. Se trata de aplicar lo que recoge el Artº 128 de la Constitución.
Por lo expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de La Robla, adopta los siguientes acuerdos:
1º.- El Ayuntamiento insta al Gobierno Central a aplicar al sector privado energético español lo recogido en el Artº 128.2 de la Constitución y, por consiguiente:
- Acuerde la inmediata intervención de las empresas del sector energético para preservar el interés general de un servicio esencial.
- Presente de forma inmediata un Proyecto de Ley ante el Congreso de los Diputados, que reserve para el sector público la totalidad de los servicios energéticos.
- Abra una mesa de diálogo y negociación, con participación de los agentes sociales y económicos, la ciudadanía y los grupos parlamentarios, al objeto de acordar la necesaria reforma del sector energético español.
2º.- El Ayuntamiento insta al Gobierno Central a adoptar todas las medidas legislativas oportunas para que quede garantizado el suministro básico esencial de energía y nadie más pueda verse privado de este servicio básico por carencia constatada de recursos económicos.
3º - Dar traslado de este dicha resolución, además de al Gobierno de la Nación, a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de Diputados.

jose antonio diago sanche

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MOCION DE APOYO PARA QUE LOS PENSIONISTAS Y JUBILADOS RECUPEREN EL IPC

Mensaje  jose antonio diago sanche el Miér Mar 12, 2014 8:13 am


el Grupo Municipal de IUCyL en el Ayuntamiento de La Robla, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su aprobación la siguiente MOCION DE APOYO PARA QUE LOS PENSIONISTAS Y JUBILADOS RECUPEREN EL IPC
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Gobierno, vuelve a incidir en disminuir la renta disponible de los pensionistas en el marco de las políticas de ajuste para cumplir con los objetivos de déficit. Se debe aclarar que la fórmula de revalorización incluida en la Ley en la que se mantiene una revalorización mínima del 0,25 % para los años de dificultad económica del sistema y una revalorización máxima del IPC+ 0,50 %, para años en que la situación económica mejore, esta medida supondrá una pérdida importante del poder adquisitivo de este colectivo, en los próximos años.
Un colectivo importante pues suman más de 9 millones y que están manteniendo a más del 25% de los hogares en estos momentos. Se debe tener en cuenta que los/las pensionistas y jubilados Españoles, en la inmensa mayoría de los casos, tienen en sus pensiones la principal y/o única fuente de ingresos.
Con esta política de ajustes se están intensificando los negativos efectos de la crisis, deprimiendo la demanda interna y afectando intensamente a la actividad económica y el empleo. Además estas medidas tienen unas consecuencias muy negativas en la vida de las personas de 65 y más años, que están siendo demoledoras, llevando a un gran número de pensionistas y jubilados a la pobreza y a la exclusión social.
El Gobierno cede a las exigencias del núcleo más conservador de la Unión Europea y de los mercados, cuya actividad especulativa sigue provocando que la economía, no se recupere y que los/as trabajadores/as, los pensionistas y jubilados sigan perdiendo poder adquisitivo.
El Gobierno utiliza el BOE para congelar las retribuciones de los que dependen directamente de sus decisiones: empleados públicos, pensionistas, desempleados, salario mínimo, IPREM, mientras que, por el contrario, suben los precios de servicios públicos, que también están sometidos a su decisión, ejemplos:
Los medicamentos incrementaron su precio el 20,9% desde 2011 como consecuencia del copago, repago en realidad, impuesto por el gobierno. El transporte público urbano sufrió una subida del 14,6%. La calefacción, la luz y el agua subieron en estos dos años más del 11,4% por los “tarifazos” eléctricos y los precios del gas.
Este panorama sitúa en el centro de nuestras preocupaciones la insuficiencia de ingresos del sistema y hay que decir al Gobierno que trabaje en la urgente necesidad de abordar este problema con una combinación de medidas sobre las fuentes tradicionales de ingresos, las cotizaciones, y el uso de fuentes adicionales de financiación del sistema, para abordar la actual coyuntura de pérdida de ingresos asociada a la masiva destrucción de empleo y al consumo anticipado del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
Tenemos que mirar por el camino de fortalecer la solidaridad intergeneracional para asegurar la calidad de vida de nuestra población mayor y poner fin a las injustas políticas de austeridad, como vía para una salida de la crisis de manera democrática y sostenible económica y socialmente.
Por lo expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de La Robla, adopta los siguientes acuerdos:
1º.- Instar al Gobierno de la Nación a que ponga las medidas necesarias para que los pensionistas y jubilados recuperen el IPC que por justicia les corresponde.
2º.- Exigir que se mantenga el espíritu de consenso del Pacto de Toledo, pues las medidas del Gobierno perjudican a las personas más débiles y no se toma, ni una sola, como: Controlar el fraude fiscal, la economía sumergida, los paraísos fiscales, etc., pudiendo recaudar en torno a 70.000 millones de Euros más. Pues hay culpables de esta crisis tan brutal que tenemos en estos momentos y que no son precisamente los pensionistas y jubilados.

3º.- Dar traslado de este acuerdo a:
- La Presidencia del Gobierno de la Nación.
- A los grupos parlamentarios del Congreso de Diputados y Senado.
- Al Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
- A las Asociaciones de Pensionistas y Jubilados del municipio.

jose antonio diago sanche

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MOCIÓN POR UN PROCESO CONSTITUYENTE HACIA LA III REPÚBLICA.

Mensaje  jose antonio diago sanche el Lun Abr 14, 2014 5:54 pm

HOY DÍA 14 DE ABRIL, CON MOTIVO DEL 83 ANIVERSARIO DE LA PROCLAMACIÓN DE LA SEGUNDA REPÚBLICA, HEMOS PRESENTADO PARA SU DEBATE EN PLENO LA SIGUIENTE MOCIÓN:

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LA ROBLA
El Grupo Municipal de Izquierda Unida, CyL. en el Ayuntamiento de La Robla, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su aprobación la siguiente MOCIÓN POR UN PROCESO CONSTITUYENTE HACIA LA III REPÚBLICA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los republicanos de toda condición, comprometidos con los ideales de Justicia, Libertad, Igualdad y Fraternidad, herederos del legado social, cultural y emancipador de la II República, hemos de manifestar nuestro más firme rechazo al modo en que la actual Constitución impone a los españoles una monarquía heredera directa de la dictadura de Franco. Asimismo, no podemos aceptar que se hurte a la ciudadanía la posibilidad de elegir la forma de Estado.
ACUERDOS QUE SE PROPONEN AL PLENO:
PRIMERO.- El Ayuntamiento de La Robla aprueba la siguiente declaración institucional:
En la España de hoy, el régimen republicano sería el mejor marco para la defensa de los derechos y libertades democráticas, instrumento imprescindible para asegurar el autogobierno de los diversos pueblos que componen nuestro Estado y un medio para superar los límites que la economía capitalista impone al desarrollo efectivo de los derechos sociales.
El Ayuntamiento de La Robla, hace un llamamiento al conjunto de los hombres y mujeres del municipio para defender la memoria y los valores de la república de los trabajadores y trabajadoras, de la paz, a denunciar y combatir con fuerza las diversas acciones que pretenden denigrar la realidad de lo que fue la II República Española. Por ello propiciamos una estrategia unitaria para apertura de un proceso constituyente. Llamamos a iniciar y desarrollar este movimiento cívico y político de carácter convergente y unitario en todos los niveles organizativos, como germen para la consecución de la III República Española, sobre los siguientes pilares:
1º.- En primer lugar, tendrá que vertebrarse a partir del reconocimiento de los derechos humanos: civiles, políticos, sociales y medioambientales, de este modo avanzaremos hacia una sociedad de pleno empleo, con reducción de la jornada laboral y reparto del tiempo de trabajo, con desarrollo sostenible, con protección social plena y fiscalidad progresiva.
2º.- Planteamos, en el marco del modelo de estado republicano, la democracia radical y participativa, se trata de llevar la democracia a ámbitos hoy vedados, como la economía o la cultura, así como profundizar en la democracia política.
3º.- Queremos rescatar el inmenso valor histórico, ético y político del artículo sexto de la Constitución Republicana de 1931 para defender una política de paz: “España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional”.
4º.- Apostamos por un modelo de estado inspirado en los valores del humanismo laico, que se asienta en el principio de la libertad absoluta de conciencia. Hay que derogar el inadmisible Concordato suscrito con el Vaticano hace tres décadas y liberar a la escuela pública del adoctrinamiento de la religión católica.
5º.- Está el valor de la austeridad, entendido como la racionalidad y la sintonía entre las necesidades sociales y las aportaciones presupuestarias y de infraestructuras necesarias.
6º.- La situación política prueba la necesidad de construir un Estado federal republicano y solidario que supere la denominada “España de las autonomías”. Los territorios federados, para la construcción del nuevo Estado, aceptarán como patrimonio común de todos los siete ejes que desarrollan la propuesta republicana. El desarrollo legislativo corresponderá a las Cortes Generales de la República y el desarrollo ejecutivo al Gobierno Federal. El Estado tendrá tres administraciones: la General, la de cada federación y la municipal, avanzaremos hacia la comarcalización de cada federación. En la atribución y ejecución de las competencias se tendrá en consideración el principio de subsidiariedad.
7º.- Pretendemos construir la Tercera República Española en el marco de una Europa federal a partir del impulso de un auténtico proceso constituyente europeo.
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de La Robla, solicita la voluntad de formar parte de la Red de Municipios por la Tercera República.
TERCERO.- El Ayuntamiento de La Robla, se constituye en Comisión Promotora de la III República, como ya han hecho y avalado los Plenos de otros Ayuntamientos, para impulsar un proceso constituyente hacia la República, utilizando todos los mecanismos democráticos y pacíficos que prevé la Constitución Española en sus artículos del 166 al 169.
CUARTO.- Declaramos agotado el modelo de Estado actual, y llamamos a la ciudadanía a demandar la reforma de la Constitución, y la convocatoria de un referéndum, donde sean los ciudadanos y las ciudadanas los y las que decidan con votos democráticos, la forma de Estado que prefieren para el Estado Español.

QUINTO.- Hacer llegar la presente iniciativa a Las Cortes Generales y a las Comunidades Autónomas, así como a la Unión Europea y a la Comunidad Internacional para su reconocimiento y estudio, para que transcurra por los cauces democráticos, y para que se hagan eco las instituciones constitucionalmente competentes.

jose antonio diago sanche

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MOCIÓN POR LA DEFENSA, CLARIFICACIÓN Y MEJORA DE LAS COMPETENCIAS MUNICIPALES EN EL ÁMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES.

Mensaje  jose antonio diago sanche el Lun Abr 14, 2014 5:56 pm

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LA ROBLA
El Grupo Municipal de Izquierda Unida, CyL de La Robla, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, somete a la consideración del Pleno de la Corporación para su debate y aprobación la siguiente MOCIÓN POR LA DEFENSA, CLARIFICACIÓN Y MEJORA DE LAS COMPETENCIAS MUNICIPALES EN EL ÁMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES.

Exposición de Motivos

La reciente aprobación de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local; supondrá el desmantelamiento efectivo del cuarto pilar sobre el que se sustenta el maltrecho Estado del Bienestar Social en nuestro país.

En particular, nos referimos al Artículo Primero, base ocho, que da una nueva redacción al Artículo 25.2.e de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las bases de Régimen Local sobre competencias de los Ayuntamientos, y específicamente de los Servicios Sociales. Tras esta nueva redacción, tal artículo genera incertidumbre y preocupación social, cuando señala que la única competencia propia de los Ayuntamientos en este ámbito será, “la evaluación e información de situaciones de necesidad y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”.
A tenor de este redactado, conviene señalar, que no se menciona el Sistema de Servicios Sociales como una competencia propia de las corporaciones locales. La nueva Ley ignora cómo se ha configurado este sistema en los últimos treinta años en España y que ha adquirido identidad suficiente para ser reconocido como el cuarto pilar fundamental de nuestro Estado del Bienestar.

En la actualidad, los Servicios Sociales Municipales deben ser una parte fundamental del Estado social y de derechos definido por nuestra Carta Magna, junto con el sistema de pensiones, sanidad y educación. La Constitución los enmarcó como una competencia autonómica, por tanto no existe un marco estatal que los defina, a diferencia de los otros sistemas, descentralizados de una forma o de otra, pero siempre con una legislación básica estatal; es decir, es el único sistema donde no hay una cartera de servicios mínimos definida que establezca la extensión e intensidad de la protección; sin embargo, los servicios sociales han adquirido su máxima visibilidad e implantación a través de las corporaciones locales.

A partir de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local se disparan todas las alarmas. Denunciamos el intento de dibujar un Estado Asistencial basado en la Beneficencia y no de derechos sociales; un Estado en el que los derechos sociales de ciudadanía no quedan
garantizados, por la imposición de políticas públicas alejadas del ciudadano/a. La participación ciudadana en la creación, gestión y evaluación de los servicios sociales desaparece. La fortaleza en la proximidad de los servicios y la mejora de la gobernanza se elimina; quedando las personas y familias en manos de unas administraciones (Diputaciones y Comunidades Autónomas) que no conocen ni su realidad ni sus necesidades; en las que no participan directamente, y a las que, como en el caso de las Diputaciones, ni tan siquiera han votado.

En la actual Ley se observa, una vez dejado sin contenido el antiguo artículo 28, que en el único punto donde se hace referencia a los Servicios Sociales de forma clara y directa, es en el artículo 26, donde se estipula que: “la Administración del Estado y las de las Comunidades Autónomas podrán delegar,…, en los Municipios……, entre otras, las siguientes competencias: apartado -C. Prestación de los servicios sociales…”.

Las políticas sociales de Atención Primaria no pueden depender de la voluntad de delegar o gestionar que tengan, en cada momento, cada una de las Comunidades Autónomas que configuran el Estado. Esta medida supone, además, una recentralización de la atención social a la ciudadanía, la pérdida de capacidad de proyección social futura de los municipios, dejando la cohesión social que tanto depende del territorio en manos de actores ajenos a la misma.

No estamos ante una cuestión meramente terminológica. El cambio en la definición de la prestación supone un cambio en el modelo de gestión; transitar de la “prestación de servicios sociales y promoción y reinserción social” (ley 7/85 de Bases de Régimen Local, Art.25.2), a la “evaluación e información, de situaciones de necesidad social, y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”.

Esto implica dejar por el camino un modelo eficiente que garantiza los derechos sociales de los ciudadanos. Nada positivo parece sugerir este cambio.

Los municipios han demostrado con creces, en los últimos treinta años, su responsabilidad institucional y su capacidad de gestión en términos de pertinencia, eficacia y eficiencia; al mismo tiempo que, por su proximidad a los/as ciudadanos/as y su especial sensibilidad en la atención a los colectivos sociales más vulnerables, contribuye a garantizar los derechos sociales en nuestro país.

Es justo reconocer que contamos con la experiencia suficiente y con un personal técnico formado, competente y eficaz, para mantener el sistema municipal de Servicios Sociales. No tiene sentido, ni desde el punto de vista de la rentabilidad económica ni de la cohesión social, el desmantelamiento del sistema de servicios sociales de atención primaria y comunitaria. No es el momento de tirar por la borda los logros conseguidos.

El Gobierno está destruyendo el sistema de servicios sociales en su red básica, a pesar de que este sistema es más eficiente en el ámbito local que en el autonómico. No hay detrás de ello ni un razonamiento económico científico serio, ni un análisis pormenorizado de los impactos reales en la población.
Las comunidades autónomas no podrán asumir todos esos servicios. Que nadie se equivoque, estos servicios no se privatizarán, simplemente desaparecerán. Esto no es la sanidad. Atender a millones de personas empobrecidas en sus necesidades básicas NO ES NEGOCIO. Eso si, se abrirán de par en par las puertas de la limosna tranquilizadora de conciencias y de la beneficencia más rancia.

Cuando en pocos años surjan entornos urbanos tremendamente degradados y llenos de miseria, los Ayuntamientos no tendrán ninguna capacidad de respuesta, ni preventiva, ni paliativa, mas allá de la respuesta policial.

En consonancia con las propuestas formuladas por los actores y agentes sociales significativos, ante la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, los representantes del grupo municipal de Izquierda Unida, proponemos a la sociedad y a los poderes públicos en particular, lo que consideramos debería ser el mínimo irrenunciable en la expresión de los Servicios Sociales Municipales.

Compete a los Ayuntamientos, por sí solos o agrupados, a través de un nuevo sistema de financiación municipal adecuado y suficiente, el nivel de atención primaria, que debería de integrar, como mínimo, la siguiente cartera de prestaciones:

- Información, valoración, orientación, asesoramiento y diagnóstico de situaciones de necesidad.
- Ayuda a domicilio y apoyo a la unidad de convivencia.
- Ayudas económicas de emergencia social.
- Intervención y mediación familiar.
- Prevención, intervención e integración, dirigida a personas, familias, grupos y colectivos en riesgo o situación de exclusión social.
- Acompañamiento en los itinerarios de inclusión social.
- Adopción de medidas de protección de menores en situación de riesgo.
- Atención primaria a mujeres victimas de violencia de género.
- Atención primaria a la tercera edad y personas con discapacidad. Gestión de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.
- Alojamiento de urgencia.
- Servicios de promoción y dinamización comunitaria, y voluntariado social.

Por ello, el GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA CyL presenta la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:

1. Reafirmar la autonomía local y la trascendencia del papel de los Ayuntamientos en defensa de la protección social, la igualdad de oportunidades, la democracia y la calidad de vida; políticas públicas que han permitido vertebrar el territorio y prestar servicios esenciales y básicos, descentralizados y de proximidad para la ciudadanía.
2. Solicitar la modificación o la retirada por parte del gobierno de la Ley 27/2013, de 27 de Diciembre para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y afrontar una reforma de la administración local que garantice una financiación municipal adecuada y suficiente, y la autonomía municipal para, desde la cercanía, prestar servicios públicos básicos a los ciudadanos.

3. Solicitar la elaboración de una Ley Marco de Servicios Sociales que integre una cartera de servicios básicos de atención social para todo el conjunto del estado.


4. Manifestar y transmitir al resto de Ayuntamientos del Estado, nuestro reconocimiento y apoyo por la labor de defensa de los derechos sociales de ciudadanía, por mantener las políticas de desarrollo socio-económico sostenible en el territorio y por mejorar la cohesión social.

5. Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de España, al Gobierno de la Comunidad Autónoma, a los Grupos Políticos del Congreso de Diputados y de las Cortes Regionales, a la Junta de Gobierno de la FEMP, así como a los colectivos profesionales que representan a la/os trabajadora/es. de los servicios sociales (Colegios Profesionales, Asociaciones de defensa de servicios sociales, etc.).



jose antonio diago sanche

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MOCIÓN EN DEFENSA DEL SERVICIO DE CORREOS

Mensaje  Lidia el Lun Jul 21, 2014 11:46 am


En un contexto como el actual, Correos juega un indudable papel para contribuir a la cohesión social, territorial y económica del país, tanto a nivel estatal como autonómico, asumiendo y prestando un servicio público a ciudadanos/as, empresas y administraciones en la totalidad de los núcleos de población, al margen de su rentabilidad económica.
Los datos lo ponen en valor: más de 8.000 municipios atendidos, 16 millones de hogares, 3,2 millones de empresas (más del 99% son pymes) y un total de 7.100 puntos de atención en el ámbito rural (carteros rurales y oficinas) y más de 100.000 kilómetros diarios.
Consecuentemente, la regulación postal europea y española contempla mecanismos de financiación para garantizar la prestación del correo en todo el territorio. Un servicio público que sólo es atendido en amplias zonas por la empresa Correos y que, de no ser así, desaparecería, al no darse las condiciones de rentabilidad para su prestación por parte del sector privado.
Se observa con preocupación el sistemático asedio del servicio postal público por parte de algunos grupos de presión con fuertes intereses empresariales y financieros en el sector de la logística y la paquetería. Asedio empresarial, mediático y jurídico que podría afectar a millones de ciudadanos, así como al correcto funcionamiento de la Administración.
Se ha tenido conocimiento de la demanda presentada a la Comisión Europea por la patronal del sector logístico, exigiendo al Estado español la devolución de la financiación del Servicio Postal Universal desde 1998. Mayor preocupación que los contenidos de la propia demanda supone, si cabe, la nula actuación del Gobierno en una cuestión que afecta no ya a Correos, sino al propio papel del Estado (porque es al Estado a quien se ataca) como responsable de garantizar la prestación del servicio postal público.


El estrechamiento de márgenes económicos y empresariales que, como consecuencia de la apatía de los responsables políticos directos (Ministerio de Hacienda, Fomento y SEPI), está sufriendo el operador, está conllevando un coste social muy alto a nivel general (8.000 puestos suprimidos, miles de barrios sin reparto, cientos de zonas rurales descubiertas, más de 16 millones de ciudadanos de medianas y pequeñas poblaciones afectadas) y en nuestra (Comunidad Autónoma/provincia), en la que el ajuste ha significado en concreto: ……………. puestos suprimidos, las poblaciones de ……….. sin reparto regular,………… ciudadanos afectados por la pérdida o debilitamiento del servicio postal,…….. kilómetros de reparto recortado, etc. Y, sobre todo, puede afectar a medio plazo a la futura viabilidad empresarial de Correos, al servicio público que presta y al empleo de los casi 55.000 de trabajadores.
A fecha de hoy la paz social con los representantes de los trabajadores y trabajadoras está a punto de romperse como lo demuestra el bloqueo del Convenio Colectivo tras 6 meses de negociación sin avance alguno o las distintas movilizaciones y paros que empiezan a surgir en diversas provincias y esto puede impedir el desarrollo del Plan de Acción de Correos (plan de desarrollo empresarial).
Así las cosas, de no darse un posicionamiento del Gobierno en este sentido, consideramos que -además de realizar una clara dejación de responsabilidades- se podría poner en peligro la figura del cartero y de los servicios postales a la ciudadanía, y, tal y como han anunciado las organizaciones sindicales, hay un claro riesgo de conflictividad laboral y social.
Por lo expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de La Robla a través de esta MOCIÓN REQUIERE AL GOBIERNO DE LA NACIÓN para que tome las siguientes medidas necesarias para garantizar la viabilidad del servicio postal público:

1ª.- Definiendo una posición de Estado que exprese sin ambigüedad su defensa del servicio postal público y sus compromisos con el futuro de Correos como empresa puntera del sector público, cesando cuanto antes las disputas de intereses y posiciones entre Ministerios.

2ª.- Garantizando los compromisos de financiación para la prestación de los servicios postales a todos los ciudadanos expresados y aprobados en sede del Parlamento español.

3ª.- Impulsando una regulación del mercado que no recorte el PLAN DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO POSTAL UNIVERSAL a los ciudadanos y que cierre espacios a los intereses mercantiles que las multinacionales y lobbies financieros que sólo buscan beneficio y rentabilidad a corto plazo a cuenta del derecho de los ciudadanos.


4ª.- Asegurando que los ciudadanos reciban el reparto de correspondencia 5 días a la semana como mandata la Directiva Postal europea.

5ª.- Desbloqueando las medidas ministeriales que están impidiendo a Correos la transición de la carta, hoy en clara caída por el efecto sustitución, hacia nuevos mercados, sobre todo paquetería.

6ª.- Desbloqueando las decisiones ministeriales que impiden para la consecución de un acuerdo laboral, hoy inexistente, del que dependerá el empleo y las condiciones de 55.000 trabajadores, pero también la paz social a punto de romperse y, en consecuencia, la estabilidad en la gestión del operador público Correos.

7ª Garantizando el 100% de participación publica en la Sociedad Anónima Estatal de Correos.
Se dará traslado de este acuerdo al Gobierno de la Nación y a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de Diputados.



Lidia

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MOCIÓN EN DEFENSA DEL SERVICIO PÚBLICO DE CORREOS.

Mensaje  jose antonio diago sanche el Jue Jul 31, 2014 7:40 am

JOSÉ AMADOR LORENZANA ORDIZ, Portavoz del Grupo Municipal de IUCyL en el Ayuntamiento de LA ROBLA, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su aprobación la siguiente MOCIÓN EN DEFENSA DEL SERVICIO PÚBLICO DE CORREOS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En un contexto como el actual, Correos juega un indudable papel para contribuir a la cohesión social, territorial y económica del país, tanto a nivel estatal como autonómico, asumiendo y prestando un servicio público a ciudadanos/as, empresas y administraciones en la totalidad de los núcleos de población, al margen de su rentabilidad económica.
Los datos lo ponen en valor: más de 8.000 municipios atendidos, 16 millones de hogares, 3,2 millones de empresas (más del 99% son pymes) y un total de 7.100 puntos de atención en el ámbito rural (carteros rurales y oficinas) y más de 100.000 kilómetros diarios.
Consecuentemente, la regulación postal europea y española contempla mecanismos de financiación para garantizar la prestación del correo en todo el territorio. Un servicio público que sólo es atendido en amplias zonas por la empresa Correos y que, de no ser así, desaparecería, al no darse las condiciones de rentabilidad para su prestación por parte del sector privado.
Se observa con preocupación el sistemático asedio del servicio postal público por parte de algunos grupos de presión con fuertes intereses empresariales y financieros en el sector de la logística y la paquetería. Asedio empresarial, mediático y jurídico que podría afectar a millones de ciudadanos, así como al correcto funcionamiento de la Administración.
Se ha tenido conocimiento de la demanda presentada a la Comisión Europea por la patronal del sector logístico, exigiendo al Estado español la devolución de la financiación del Servicio Postal Universal desde 1998. Mayor preocupación que los contenidos de la propia demanda supone, si cabe, la nula actuación del Gobierno en una cuestión que afecta no ya a Correos, sino al propio papel del Estado (porque es al Estado a quien se ataca) como responsable de garantizar la prestación del servicio postal público.
El estrechamiento de márgenes económicos y empresariales que, como consecuencia de la apatía de los responsables políticos directos (Ministerio de Hacienda, Fomento y SEPI), está sufriendo el operador, está conllevando un coste social muy alto a nivel general (8.000 puestos suprimidos, miles de barrios sin reparto, cientos de zonas rurales descubiertas, más de 16 millones de ciudadanos de medianas y pequeñas poblaciones afectadas), y sobre todo, puede afectar a medio plazo a la futura viabilidad empresarial de Correos, al servicio público que presta y al empleo de los casi 55.000 de trabajadores.
A fecha de hoy la paz social con los representantes de los trabajadores y trabajadoras está a punto de romperse como lo demuestra el bloqueo del Convenio Colectivo tras 6 meses de negociación sin avance alguno o las distintas movilizaciones y paros que empiezan a surgir en diversas provincias y esto puede impedir el desarrollo del Plan de Acción de Correos (plan de desarrollo empresarial).
Así las cosas, de no darse un posicionamiento del Gobierno en este sentido, consideramos que -además de realizar una clara dejación de responsabilidades- se podría poner en peligro la figura del cartero y de los servicios postales a la ciudadanía, y, tal y como han anunciado las organizaciones sindicales, hay un claro riesgo de conflictividad laboral y social.
Por lo expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de La Robla a través de esta MOCIÓN REQUIERE AL GOBIERNO DE LA NACIÓN para que tome las siguientes medidas necesarias para garantizar la viabilidad del servicio postal público:
1ª.- Definiendo una posición de Estado que exprese sin ambigüedad su defensa del servicio postal público y sus compromisos con el futuro de Correos como empresa puntera del sector público, cesando cuanto antes las disputas de intereses y posiciones entre Ministerios.
2ª.- Garantizando los compromisos de financiación para la prestación de los servicios postales a todos los ciudadanos expresados y aprobados en sede del Parlamento español.
3ª.- Impulsando una regulación del mercado que no recorte el PLAN DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO POSTAL UNIVERSAL a los ciudadanos y que cierre espacios a los intereses mercantiles que las multinacionales y lobbies financieros que sólo buscan beneficio y rentabilidad a corto plazo a cuenta del derecho de los ciudadanos.
4ª.- Asegurando que los ciudadanos reciban el reparto de correspondencia 5 días a la semana como mandata la Directiva Postal europea.
5ª.- Desbloqueando las medidas ministeriales que están impidiendo a Correos la transición de la carta, hoy en clara caída por el efecto sustitución, hacia nuevos mercados, sobre todo paquetería.
6ª.- Desbloqueando las decisiones ministeriales que impiden para la consecución de un acuerdo laboral, hoy inexistente, del que dependerá el empleo y las condiciones de 55.000 trabajadores, pero también la paz social a punto de romperse y, en consecuencia, la estabilidad en la gestión del operador público Correos.
7ª Garantizando el 100% de participación publica en la Sociedad Anónima Estatal de Correos.
Se dará traslado de este acuerdo al Gobierno de la Nación y a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de Diputados.



jose antonio diago sanche

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MOCION PARA UNA ELECCIÓN DEMOCRÁTICA DE LOS ALCALDES Y DE LAS ALCALDESAS.

Mensaje  jose antonio diago sanche el Jue Jul 31, 2014 7:44 am

JOSÉ AMADOR LORENZANA ORDIZ, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento dela ROBLA, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su aprobación la siguiente MOCION PARA UNA ELECCIÓN DEMOCRÁTICA DE LOS ALCALDES Y DE LAS ALCALDESAS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El ámbito local es un espacio complejo y plural, de grandes transformaciones y constantes mutaciones, y la primera instancia para la resolución de los problemas de la ciudadanía y para la mejora de las condiciones de vida de la gente.
Los Ayuntamientos han sido capaces de afrontar los grandes retos y los cambios culturales de finales del siglo XX: los fenómenos migratorios, los nuevos modelos familiares, la dependencia y el envejecimiento de la población, y en esta primera década del siglo XXI, son el principal dique de contención contra la crisis, y el principal espacio de resistencia, de dignidad, de defensa de los derechos de la ciudadanía y los principales espacios para generar alternativas sociales y económicas para paliar los efectos de la crisis y los recortes.
Desde diferentes posiciones políticas, todos defendemos un modelo de gobiernos locales de proximidad, un modelo que desarrolle la autonomía local y las competencias, con recursos suficientes para hacerlas efectivas.
La educación, los servicios sociales, las políticas de igualdad, la cultura, la solidaridad y el derecho a la vivienda son las claves de bóveda de la vertebración municipal y la construcción de ciudadanía.
Defendemos un municipalismo que integre los valores del paisaje, el territorio y el espacio natural como vectores de identidad, y de ciudades y pueblos sostenibles. Que huya del crecimiento desde una óptica de ingresos y recursos sustitutivos de una verdadera financiación del mundo local justo y ajustado a sus competencias.
En definitiva, un municipalismo que efectivamente pueda desarrollarse y reconocerse en la Carta Europea de Autonomía Local, y que se base en los principios de simplificación, transparencia y modernización de los entes locales, el principio de autonomía, subsidiariedad, diferenciación, equilibrio territorial, desarrollo sostenible y suficiencia financiera para atender a las necesidades sociales de sus habitantes.
Los municipios españoles han sido desde 1979 la expresión más evidente de la llegada de la democracia a nuestro país: miles de concejales y concejalas, de alcaldesas y alcaldes, elegidos por sus vecinos, accedieron al gobierno de sus Ayuntamientos desde la preocupación por satisfacer las demandas más acuciantes de sus vecinos, y también, ante la falta de definición constitucional de las competencias locales, a afrontar aquellos retos y actuaciones que fueran impulsadas por la ciudadanía. Desde ese principio de administración más cercana, se configuraron los Ayuntamientos como las entidades que visualizaron la democracia en nuestro país y que representaron la primera experiencia, hasta ahora irreversible, de descentralización política.
Consideramos imprescindible conservar ese papel, que ha sido razonablemente garantizado durante todo este período por un sistema electoral que, sin ser perfecto, ha permitido que las opciones políticas significativas en las que se organiza la ciudadanía en cada municipio hayan configurado mayorías de gobierno local con un respaldo mayoritario del voto popular a través de un sistema de representación respetando la proporcionalidad contemplada en la CE.
La democracia no es compatible con un gobierno municipal que no refleje la mayoría de los votos expresada en las elecciones. Eso significa que una lista municipal no puede tener la mayoría de gobierno y, consecuentemente, la alcaldía, si no tiene el respaldo de la mayoría de los votantes, expresada por un sistema de representación política constitucionalmente establecido.
Es más, el art. 140 de la Constitución Española establece que el voto de vecinos y vecinas será igual, por tanto, debe tener el mismo valor y producir los mismos efectos en la elección de los concejales y concejalas. Además, los/as concejales/as serán elegidos de forma directa.
La atribución del alcalde o alcaldesa a la lista más votada llevaría a la paradoja de que podrían ser alcaldes/sas, concejales/as que hubieran obtenido menos del 20% de los votos y, por tanto, no contarán con el apoyo de más del 80% de los vecinos y vecinas. El examen de los resultados de las últimas elecciones municipales o de las últimas elecciones europeas proporciona numerosos ejemplos. En todo caso, con esos supuestos, el número de ayuntamientos cuyo alcalde no estaría apoyado por la mayoría de los electores sería muy mayoritario.
La democracia quedaría seriamente afectada y los criterios de proximidad y participación vulnerados. La mayoría del vecindario vería a alcaldes y alcaldesas lejanos/as y no queridos/as.
Por lo expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de La Robla adopta los siguientes acuerdos:
1.- El Pleno del Ayuntamiento de La Robla manifiesta su oposición a cualquier reforma relativa al método de elección de concejales/as y alcaldes/sas de las Corporaciones Locales y, muy especialmente a:
a) La atribución de cualquier prima de representación por concejales a la lista o listas más votadas, por vulnerar los principios de proporcionalidad y voto igual establecidos constitucionalmente.
b) La atribución de la alcaldía a la lista más votada, cuando no tenga el respaldo de la mayoría de los concejales elegidos en voto igual mediante un sistema proporcional y constituidos en el Pleno del Ayuntamiento.
c) La constitución del Pleno Municipal por concejales/as que no hayan sido elegidos/as en el mismo acto electoral mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, tal como establece el art. 140 de la Constitución Española.
2.- A esta moción se le dará la publicidad necesaria para que sea conocida por la ciudadanía del municipio.
3.- Dar traslado de los acuerdos al Gobierno de la Nación y a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de Diputados.


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MOCION BONO SOCIAL

Mensaje  jose antonio diago sanche el Miér Sep 17, 2014 8:04 am

MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LA ROBLA PARA EXIGIR LA CREACION DE UN BONO SOCIAL


El grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de La Robla, al amparo de lo dispuesto en el artículo 97.3 del Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta al pleno corporativo la siguiente MOCIÓN:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el pleno celebrado el día 19 de Febrero fue aprobada, para paliar la situación de los vecinos de nuestro Ayuntamiento con bajos ingresos, la ordenanza fiscal nº 1 reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles, como consecuencia del desarrollo de la Moción que presentamos para modificación de Ordenanzas Fiscales y un articulado que regule la pobreza energética.
En el pleno celebrado el día 30 de julio se adquirió el compromiso por parte del equipo de gobierno municipal de regularlo de otra manera, pues por problemas legales no se puede aplicar la rebaja tributaria en dicha ordenanza.
Para evitar que por esa legislación estatal no se puedan aplicar los acuerdos tomados, en dicho pleno, proponemos para su:

APROBACION
1º.-Crear un Bono Social de 5000€ para cubrir las necesidades de los vecinos que hayan solicitado y cumplan los requisitos recogidos en la Moción aprobada.
2º.-Publicar un bando que recoja lo aprobado en dicha Moción.
3º.-Que los vecinos que ya tengan reconocido por el Ayuntamiento la aplicación de la Moción aprobada en el Pleno de 19 de Febrero, en la parte que ya esta en vigor, se les aplique la compensación de estos recibos desde ese momento.
4º Que dicho bono social se utilice también para paliar posibles problemas que puedan surgir en la aplicación de las demás modificaciones de las ordenanzas aprobadas en dicho pleno.



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MOCIÓN AMPLIACIÓN AYUDAS ORDENANZAS POR INGRESOS MINIMOS

Mensaje  jose antonio diago sanche el Vie Oct 03, 2014 7:45 am

El Grupo Municipal de I.U. en el Ayuntamiento de La Robla, a tenor de lo establecido en los Artículos 91.4 y 97.3 del Real Decreto 2568/1986, del 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, somete al Pleno de la Corporación para su toma en consideración, si procede, la siguiente MOCION:
EXPOSICION DE MOTIVOS
Que habiéndose aprobado en el Pleno celebrado por este Ayuntamiento el día 24 de Septiembre de 2014, las bases y convocatoria de ayudas públicas Municipales para el pago de los gastos relativos al Impuesto de Bienes Inmuebles de la vivienda habitual a unidades familiares del Municipio de La Robla, en la que se recoge que las familias de 1 a 2 miembros y con un límite de ingresos de 1,3 veces el IPREM (9.691,68€), de 3 a 4 miembros de unidad familiar y con un límite de ingresos de 1,6 veces el IPREM (11.928,22€) y de más de 4 miembros con un límite de ingresos de 2,1 veces el IPREM (15.655,79€), tendrán una reducción en su recibo del IBI del 50% hasta un máximo de 100€.
Consideramos que estas bases emanan de las Mociones que hemos presentado y están aprobadas con fecha 29 de Enero, referente a medidas para prevenir la pobreza energética, 19 de Febrero, sobre modificación de Ordenanzas Fiscales y creación de un artículo que regule la pobreza energética y 24 de Septiembre donde se pide la creación de un bono social, todas ellas aprobadas por esta corporación en sus respectivos plenos.
Por lo que en vista de las ayudas aprobadas para el IBI y emanando todas de las mismas Mociones y con el fin de ayudar a paliar la crisis a las personas con bajo poder adquisitivo de nuestro Municipio, esta corporación Municipal:
ACUERDA
1º Que las bases aprobadas en el pleno de 24 de Septiembre relativas a la Ordenanza fiscal nº 1 Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), queden recogidas, si es aprobada esta Moción en las siguientes Ordenanzas Fiscales: Ordenanza Fiscal nº11 Reguladora de la tasa de alcantarillado, Ordenanza Fiscal nº12 Reguladora de la tasa por recogida de basuras, Ordenanza Fiscal nº13 Reguladora de la tasa por distribución de agua y derechos d enganche.
2º Que las bases aprobadas en el pleno de 24 de Septiembre relativas a la Ordenanza Fiscal nº1 Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) queden recogidas en el articulo aprobado en el Pleno de 19 de Febrero de 2014, sobre reducciones asumidas por el Ayuntamiento en los recibos energéticos, para prevenir la pobreza energética, creando un bono social de 5.000€ (aprobado en Moción presentada en el Pleno de 24 de Septiembre) que supla las carencias hasta que las mismas sean cubiertas por la Administración del Estado.
3º. Que esta Moción si es aprobada se aplique con efecto retroactivo a todas las personas que ya han presentado la documentación solicitada.

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MOCIÓN PARA EXIGIR QUE EL SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR SEA GESTIONADO DESDE EL ÁMBITO PUBLICO

Mensaje  jose antonio diago sanche el Vie Nov 21, 2014 7:54 am

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA al Pleno del Ayto. de La Robla. para exigir a la Junta de Castilla y León que el servicio de comedor escolar sea gestionado desde el ámbito público
El Grupo Municipal IU del Ayuntamiento de La Robla, comparece y presenta a consideración del Pleno para su debate y aprobación la siguiente Moción


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Algunos centros escolares de nuestra provincia, los escolares y sus familias han sido vapuleados por la grave situación de que se hayan encontrado gusanos en la comida de los escolares. Este es un hecho tremendamente grave por sus implicaciones sobre cómo afecta a la confianza de las familias la prestación de este servicio que nunca debió dejar de ser gestionado por la administración.
Estas son las consecuencias de las privatizaciones que tanto le gustan al PP.
Gran parte de los centros escolares con servicios de comedor fueron anteriormente dotados con cocinas industriales, tenían personal y se compraban los productos en el entorno local.
Ahora sabemos que estas comidas se producen en Valladolid a muchos Km. de los centros escolares.
La negligencia de esta contratación es muy grave ya que esta misma empresa había sido suspendida de la prestación de servicios de comedor en otra Comunidad autónoma hacia unos años.
La gestión directa parece la fórmula más positiva de gestión desde el punto de vista de la calidad y la seguridad alimentaria además este sistema es el que mas capacidad de generación de empleo y actividad economica local lleva implicito, la alimentación de nuestros menores no es un bien comercial y de negocio,
Esta forma de gestión conlleva una elaboración y producción de productos a gran escala, muy industrializado y las compras de la materia prima no se hacen en la zona y no se aporta riqueza a la economía local, además pasa a considerarse el servicio de comedor como un negocio y no un servicio público, donde prima la obtención de beneficios antes que el derecho de los menores a estar bien alimentados.
Si la información de que la concesión a esta empresa se realizó a una empresa que no existía y que se constituyó cuatro días después y del incumplimiento de la contratación de personas discapacitadas es correcta, tiene que exigirse responsabilidades. Han sido muchos los escolares de nuestros municipios y sus familias los que han sido afectados, por lo que nosotros y nosotras como representantes Municipales tenemos la obligacion de exigir responsabilidades y cambios:
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el ayuntamiento de La Robla, propone al Pleno de la Corporación la aprobación de los siguientes

ACUERDOS
1) Exigir en la Consejería de Educación de Castilla y León la depuración de responsabilidades de esa contratación.
2) Solicitar a la JCyL la gestión directa del servicios de comedor con producción y elaboración local
3) Elevar estos acuerdos a la Junta de Castilla y León

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MOCIÓN DE MODIFICACIÓN DE CRITERIOS ECONÓMICOS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS DE COMEDOR ESCOLAR

Mensaje  jose antonio diago sanche el Vie Nov 21, 2014 7:57 am

MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL IUCyL al Pleno del Ayuntamiento de La Robla, sobre Modificación de los criterios económicos de concesión de ayudas de comedor en los centros escolares, de la Junta de Castilla y León

El Grupo Municipal IU del Ayuntamiento de La Robla comparece y presenta a consideración del Pleno para su debate y aprobación la siguiente Moción Modificación de los criterios económicos de concesión de ayudas de comedor en los centros escolares, de la Junta de Castilla y León



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde IU consideramos que es la hora de la verdad. No se vislumbran ni brotes verdes, ni luz en el túnel. No se puede seguir jugando con más mentiras mientras uno de los colectivos que más sufre la pobreza en nuestra comunidad es la infancia. Jugar con la esperanza de la gente es vil. No es que no se produzca riqueza en nuestro país. El problema es que se produce y cada vez se distribuye menos y se acumula en determinadas manos. Cada vez hay más ricos que aumentan su nivel de riqueza y más pobres que les condenan a mayor pobreza.

El primer informe de UNICEF en Castilla y León “La infancia en Castilla y León: una aproximación a los derechos de la infancia” nos informa de que el 24,9% de los niños y niñas de Castilla y León estaba en riesgo de pobreza y/o exclusión social en 2012, frente al 21,7% del total de la población. Es decir el colectivo de la infancia es el que mayor pobreza sufre en nuestra comunidad.

Y más grave es que este informe revela que respecto al derecho a un nivel de vida adecuado, en nuestra comunidad hay muchos niños y niñas que viven en hogares con privación material severa. Es decir, viven en hogares que no pueden permitirse 4 de estos 9 elementos: pagar el alquiler o una letra; mantener la casa adecuadamente caliente; afrontar gastos imprevistos; una comida de carne, pollo o pescado al menos 3 veces por semana; pagar unas vacaciones al menos una semana al año; un coche; una lavadora; un televisor en color; y un teléfono fijo o móvil. (Indicador AROPE de riesgo de pobreza o exclusión social, estrategia Europa2020)

En este sentido, es importante recordar que, como señala el informe del Comité Español de UNICEF La Infancia en España 2010/2011, “ser un niño pobre en España no significa necesariamente pasar hambre, pero sí tener muchas más posibilidades de estar malnutrido; no significa no acceder a la educación, pero sí tener más dificultades para afrontar los gastos derivados de ella, tener más posibilidades de abandonar los estudios y que sea mucho más difícil tener acceso a los estudios medios o superiores; ser pobre no significa no poder tener dónde guarecerse pero sí habitar una vivienda hacinada en la que no existen espacios adecuados para el estudio o la intimidad; ser un niño pobre en España no significa no poder acudir al médico, pero sí tener problemas para pagar algunos tratamientos y acceder a prestaciones no contempladas en la sanidad pública”.

La tasa de pobreza severa está considerada cuando hay unos ingresos inferiores a 307 euros al mes. La situación de desempleo de nuestra comunidad, así como la bajada de salarios son las causas de esta pobreza, que se ve aumentada por la escasa protección social.


Pues bien, lo que viene a plantear esta moción es que, como recogen todos los informes nacionales e investigaciones internacionales, la pobreza tiene una relación total y directa con la protección social que se da desde las instituciones.


Uno de los escasos instrumentos de protección social a la infancia son las ayudas de comedor en los centros escolares. La normativa que regula las ayudas de comedor en los centros escolares en la Comunidad de Castilla y León, establecen para el curso 2014-2015 la GRATUIDAD TOTAL del servicio de comedor para los alumnos y alumnas pertenecientes a unidades familiares en las que la suma de los ingresos de todos sus miembros obtenidos en el período impositivo inmediatamente anterior (con plazo de presentación vencido) a la presentación de la solicitud de gratuidad de comedor escolar, no exceda en cómputo anual de la mitad del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM) anual fijado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año en el que se presenta la solicitud.

Si este IPREM para 2014 estaba fijado en 6390 €anuales, la mitad del IPREM son 3195 €anuales. Es decir 266,25 € al mes. Lo cual significa que solo pueden recibir gratuidad total de 1 comida los niños y niñas que sus familiares tengan unos ingresos menores de 266,25€al mes. Esta normativa del PP en educación es no sólo totalmente vergonzosa, sino de denuncia escandalosa.

Dicha normativa establece igualmente que se beneficiarán de la GRATUIDAD DEL 75% del precio del menú escolar los alumnos pertenecientes a unidades familiares en las que la suma de los ingresos de todos sus miembros obtenidos en el período impositivo inmediatamente anterior (con plazo de presentación vencido) a la presentación de la solicitud de gratuidad de comedor escolar, no exceda en cómputo anual del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM) anual de 6390€ o 7455. Es decir cuando una familia tenga unos ingresos superiores a 532,5 €mensuales se le obliga a pagar el 25% del coste del comedor. El coste del servicio del comedor que supone en torno a 4,30€ día.

Desde IU consideramos que es imprescindible aumentar la protección social, y en el caso que nos ocupa estamos hablando de una comida al día a los menores de edad. No es admisible la cicatería y mezquindad con lo que se están tramitando estas ayudas, ya que además si la familia no puede hacer frente a ese coste, se le puede suspender la ayuda y sancionarle con un año sin comedor.

Por todo ello proponemos al Pleno de este ayuntamiento los siguientes ACUERDOS

1. Que se exija a la consejería de Educación de la Junta de Castilla y León la modificación de los requisitos económicos para la concesión de las Ayudas de COMEDOR ESCOLAR.

2. Que tenga gratuidad total de 1 comida al día todos los niños y niñas pertenecientes a unidades familiares en las que la suma de los ingresos de todos sus miembros obtenidos en el período impositivo inmediatamente anterior (con plazo de presentación vencido) a la presentación de la solicitud de gratuidad de comedor escolar, sea menos a 1 vez y media el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM), que en el 2014 seria 798,75.

3. Y que sea a partir de esa cantidad donde se empiecen a establecer las diferentes ayudas 75%, 25%…

4. Que se habiliten comedores escolares en los Centros de Secundaria Obligatoria, para que puedan ejercen su derecho a solicitar ayuda de comedor (regulado en la Orden EDU/693/2008, de 29 de abril)

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NOCION QUE DECLARA PERSONA NON GRATA A JOSE MANUEL SORIA

Mensaje  jose antonio diago sanche el Jue Mar 12, 2015 7:37 am

El grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de la Robla, al amparo de lo dispuesto en el artículo 97.3 del Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta al pleno corporativo la siguiente MOCIÓN.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Desde la década de 1990, cuando se aprobó el plan de reestructuración de la minería y los fondos Mineros, el descontrol, el despilfarro, la corrupción, el hacer la vista gorda a todo lo que estaba pasando en el sector, la falta de compromiso de los Gobiernos, anteriores con los territorios mineros y con la minería y en particular del Gobierno actual, no dando alternativas solidas y eficaces para el mantenimiento de la Minería, aprobando una Ley de medidas urgentes de orden Económico y Social, que afecta de manera particular a las comarcas mineras, pues elimina la financiación en infraestructuras que tendría que compensar el cese de actividad, o el incumplimiento sistemático del plan integral de sostenibilidad, lo que demuestra una falta de compromiso del Gobierno del PP, incumpliendo el Plan Nacional de Reserva Estratégica de Carbón 2006-2012 y Nuevo Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de las Comarcas Mineras, a través de su mano ejecutoria, Don José Manuel Soria López, Ministro de Industria Energía y Turismo, baluarte y portavoz de las posiciones del Gobierno, reduciendo en más de un 63%, las ayudas a la explotación Minera, con lo que a supuesto de despidos de personal, recortes salariales, supresión de becas de estudio o retraso en el pago de las ayudas, que han conllevado para nuestra comarca que Empresas que hasta hace poco eran consideradas modelo como la Hullera Vasco Leonesa, se vean avocadas a presentar pre-concurso de acreedores o a meter a su ya menguada plantilla en un nuevo Expediente de Regulación de Empleo.

Por todo lo expuesto, por la dejadez del Ministerio de Industria, dilatando en el tiempo los pagos atrasados, lo que conlleva que a su vez las Empresas no puedan hacer frente a sus obligaciones, sobre todo con sus trabajadores a los que se les adeuda la extra de Navidad y la amenaza de no cobrar las nominas de Marzo y Abril, por el incumplimiento de su compromiso de crear una normativa de garantía de compra de carbón autóctono por las Centrales Térmicas, desde IU de La Robla considerando que el Ministro de Industria, es insensible con la realidad social, oprimiendo al conjunto de los habitantes de las Comarcas Mineras, por los métodos empleados, sus descalificaciones y actitud.

Presentamos para su aprobación si proceden los siguientes ACUERDOS:

1º.- Declarar al Ministro de Industria, Energía y Turismo, Don José Manuel Soria López, como persona “non grata” en el Municipio de La Robla.

2º.- Remitir este acuerdo a los Municipios integrados en ARMI y ACOM, así como al Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

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MOCION DE AMPLIACION DE AYUDAS A PERSONAS CON BAJO PODER ADQUISITIVO

Mensaje  jose antonio diago sanche el Sáb Jul 04, 2015 9:18 am

El Grupo Municipal de Izquierda Unida, en Común, en el Ayuntamiento de La Robla, a tenor de lo establecido en los Artículos 91.4 y 97.3 del Real Decreto 2568/1986, del 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, somete al Pleno de la Corporación para su toma en consideración, si procede, la siguiente MOCIÓN:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Después de escuchar las palabras del Alcalde en su discurso de investidura, donde se dirigía a todos los Roblanos y Roblanas que atraviesan momentos de dificultad, demostrando sensibilidad por esta situación y comentando que el trabajo de su equipo se dirigirá a conseguir que estas personas recuperen la esperanza e ilusión por un futuro mejor, este Grupo Municipal, conociendo la situación económica de nuestro Ayuntamiento ( las arcas municipales pueden asumir un incremento del gasto social) considera un deber de esta Corporación llevar adelante medidas de choque para aliviar, en parte, las necesidades de nuestros vecinos, que por razones de salud, edad discapacidad o inseguridad financiera grave no están en condiciones de garantizar su bienestar personal y el del resto de su familia.
Por este motivo queremos recordar que, en estos momentos y por parte de la anterior corporación han sido aprobadas una serie de Mociones, alguna por unanimidad, como la del Pleno celebrado el 29 de Enero de 2014. Dicha Moción recoge una serie de medidas para prevenir la pobreza energética: Y donde en uno de sus puntos se dice literalmente que el “Ayuntamiento de La Robla elaborará un plan contra la pobreza energética, con el objetivo de garantizar el derecho de la ciudadanía a los suministros básicos del hogar que permita identificar, prevenir y corregir las situaciones detectadas”. Como consecuencia de su aprobación y considerando que había una serie de Ordenanzas Municipales que podían favorecer socialmente a personas con bajo poder adquisitivo, nuestro grupo Municipal elaboró una Moción para la modificación de las Ordenanzas Fiscales Nº 1, 11, 12 y 13, estableciendo como base para prevenir la pobreza energética el Artículo que se aprueba para regular las ayudas. Esta segunda Moción es presentada al Pleno celebrado el día 19 de Febrero de 2014, siendo aprobada por 6 votos a favor (4 PSOE y 2 IU) y 5 votos en contra del PP.
En consecuencia se aprueba Modificar, o en su caso cambiar, la ORDENANZA FISCAL Nº12 REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DE BASURAS, la ORDENANZA FISCAL Nº13 REGULADORA DE LA TASA POR DISTRIBUCIÓN DE AGUA Y DERECHOS DE ENGANCHE y la ORDENANZA FISCAL Nº 1 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, aplicando a las mismas lo recogido en el Artículo 10º de la ORDENANZA FISCAL Nº11 Municipal REGULADORA DE LA TASA DE ALCANTARILLADO y se establece que este Artículo sirva como base para las reducciones aprobadas y que se cree un bono social para suplir las carencias de los ciudadanos hasta que las mismas sean cubiertas por la Administración del Estado”.
En Plenos sucesivos se van matizando puntos y, concretamente en el del 24 de Septiembre se trata la aprobación del escrito presentado por el equipo de Gobierno y consensuado entre todos los grupos para el pago del IBI, poniéndose un tope de 100€; además se incrementan los límites para poder solicitarlo. En este mismo Pleno presentamos otra Moción, en la cual proponemos “Crear un Bono Social de 5000€ para cubrir las necesidades de los vecinos que lo hayan solicitado y cumplan los requisitos recogidos en las bases aprobadas” y que se aprueba con 6 votos a favor (4 PSOE y 2 IU) y 5 en contra del PP.
A día de hoy existe un incumplimiento de los acuerdos adoptados por el Pleno a este respecto, al haber legislado el anterior equipo de Gobierno por Decreto (Resolución de Alcaldía 275/14) para limitar las ayudas, hecho este que motivó que nuestro Grupo Municipal denunciara, ante la Fiscalía del Estado, al anterior Alcalde.
Este Grupo Municipal cree que la situación económica para personas con pocos recursos y pese al triunfalismo que intenta demostrar el Gobierno no ha cambiado, pues según los datos que conocemos, en nuestro país cada vez hay más personas que entran en el umbral de la pobreza: La encuesta de Condiciones de Vida elaborada por el Instituto Nacional de Estadística en 2014, o el indicador Arope, que es el que figura en la estrategia Europa 2020 demuestran que la situación de riesgo de pobreza se ha incrementado en un 1,9% ,lo que equivale a que el 10,2% de los hogares no pueden llevar al día el pago de la hipoteca, el alquiler, el gas, la electricidad o la comunidad de vecinos, que la población Española que vive en riesgo de pobreza es del 29,2%, cifra que se eleva hasta el 30,1% en menores de 16 años y en relación con la actividad, el 45,1% de los parados están en riesgo de pobreza. Es, por tanto, una realidad la existencia de una carencia severa de recursos en muchos hogares, materializada en no poder comer carne, pollo o pescado cada dos días, no poder calentar la vivienda, no poder tener coche, lavadora o teléfono, no poder ir de vacaciones o no disponer de 650€ para gastos imprevistos.
Por todo lo expuesto el Grupo Municipal de Izquierda Unida, en Común, propone al Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS:


1º.- Ampliar el punto 5 del Artículo que sirve como base para las reducciones del 50% de las cuotas de Agua, Basura y Alcantarillado, así como los recibos de IBI y energéticos, añadiendo un nuevo apartado c) que incluya que podrán ser beneficiarios las unidades familiares de tres miembros cuyos ingresos sean inferiores a 1,3 veces el SMI anual (11.804,52€) y de más de tres miembros con ingresos inferiores a 1,5 veces el SMI anual (13.620,6€).
2º.- Crear un bono social -similar al del IBI- de 5000€ para cada una de las Ordenanzas y pobreza energética, que se puedan complementar entre ellos, con un máximo total de 25,000€.
3º.- Derogar el Decreto 275/14 y compensar a las personas con efecto retroactivo en los recibos presentados por pobreza energética.
4º.- Hacer efectivo el reembolso del 50% de los recibos presentados en los cinco días siguientes a su fecha de registro de entrada como máximo.
5.- Implantar un bono social para suministrar productos perecederos a menores de 16 años de familias que cumplan los requisitos para acogerse a estas ayudas, como beneficiarios de estas reducciones.
6º.- Realizar un cálculo - a través de becas de comedor, Asistencia Social, Cruz Roja y Cáritas, de los niños con carencias que hay en nuestro Municipio para llevar a cabo la implantación del bono que permita la adquisición, por parte de estas familias, de productos perecederos durante estos meses de verano.
7º.- Buscar los medios necesarios para que estos niños dispongan de beca comedor durante el próximo curso escolar.
5º.- Dar la máxima difusión a estas ayudas, tanto en redes sociales, como con la publicación de bandos.

jose antonio diago sanche

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MOCIÓN SOBRE POLITICAS REALES DE AYUDA AL REFUGIADO

Mensaje  jose antonio diago sanche el Dom Sep 20, 2015 9:20 am


AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LA ROBLA
Don José Antonio Diago Sánchez, Portavoz del Grupo Municipal de IU en Común, en el Ayuntamiento de La Robla, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su aprobación la siguiente MOCIÓN PARA LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS REALES DE AYUDA A REFUGIADOS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A lo largo de 2014 llegaron a Italia 170.000 inmigrantes y solicitantes de asilo por vía marítima, contándose por miles los muertos en la travesía. En el presente año 2015 más de 350.000 personas refugiadas han huido de la pobreza y la guerra en sus países de origen y han cruzado el Mediterráneo para alcanzar Europa. Durante esa travesía más de 2.500 personas han muerto de acuerdo a los datos oficiales publicados por la Agencia de la ONU para los refugiados. El salvamento y traslado a puerto de los inmigrantes ha generado un vivo debate en la UE sobre su reparto y acogida, poniendo en cuestión la solidaridad comunitaria y la eficacia de la política común de inmigración.
La falta de control de los bandos enfrentados en Libia sobre sus fronteras ha convertido su costa en el principal punto de salida de la inmigración hacia Italia, una inmigración en la que se combinan, por un lado, los flujos migratorios motivados por razones económicas, y por otro, los refugiados que huyen de guerras civiles, dictaduras sangrientas y otros conflictos violentos en Siria, Eritrea, el llamado Estado Islámico, Malí y otros países africanos o de Oriente Próximo. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estima que estos conflictos han provocado en 2014 una cifra récord de 59 millones de refugiados y desplazados internos, superando por primera vez las cifras de la Segunda Guerra Mundial.
El Mediterráneo se ha convertido en la frontera migratoria más desigual del mundo, excluyendo, probablemente, a la que separa las dos Coreas, con una diferencia de renta per cápita entre sus dos orillas mucho mayor que la que separa a los dos países de la otra gran frontera migratoria mundial, EEUU y México. La renta per cápita de EEUU equivale a 3,4 veces la de México, pero la renta per cápita española equivale a seis veces la marroquí, y la italiana supone cinco veces la egipcia.
La oleada migratoria actual transmediterránea se inició en 2011, cuando algunos Estados ribereños, básicamente Túnez y Libia, perdieron la capacidad de controlar la salida de emigrantes desde sus costas tras las llamadas “primaveras árabes”, convirtiendo en papel mojado los acuerdos que Italia había firmado en años anteriores con ellos. En ese año, las rutas del Mediterráneo occidental (entre Marruecos y España) y del Atlántico (desde Mauritania, Senegal y otros países costeros vecinos, hacia Canarias) estaban ya muy controladas, gracias a los acuerdos y la colaboración establecidos por España con estos países a lo largo de los años.
El cierre de esas rutas desplazó la presión migratoria hacia el Este y la frontera greco-turca se convirtió en la principal puerta de entrada de la inmigración al espacio Schengen antes de 2011. A partir de ese año, el Mediterráneo central (entre Italia y Túnez o Libia) devino la ruta principal y, una vez que Túnez logró la estabilidad, Libia pasó a ser el punto de salida. Esta combinación está disminuyendo la entrada en Libia de inmigrantes y está desviando de nuevo a parte de ellos hacia las rutas marítimas y terrestres del Este. Así, en las últimas semanas hemos visto cómo las islas griegas y la frontera terrestre oriental del espacio Schengen (Hungría, con un flujo que viene desde Serbia) están viviendo un aumento considerable de las llegadas.
Las normas europeas, conjuntas o de los Estados miembros, diferencian claramente entre asilados/refugiados e inmigrantes económicos. Mientras en el caso de los primeros prima el enfoque humanitario y tienen derecho a recibir un permiso de residencia si se demuestra que ellos y los países de que proceden cumplen ciertas condiciones, en el caso de los inmigrantes económicos la lógica que domina las decisiones de los Estados es la económica relacionada con el mercado de trabajo. En aplicación de esta lógica, la presión migratoria africana es rechazada por muchos países del primer mundo porque en gran parte no resulta integrable en los mercados de trabajo europeos, que buscan atraer una inmigración de alta cualificación, muy diferente a la de cualificación media o baja que llega de forma irregular a través del Mediterráneo.
Aparentemente, la distinción entre uno u otro tipo de inmigrantes (económicos o refugiados) es fácil, pero en la práctica resulta cada vez más difícil porque las dictaduras más crueles y los conflictos más mortíferos se producen en muchos casos en países que son a su vez pobres, de forma que no siempre está claro si un individuo en particular huye de un país por razones de supervivencia económica o porque su vida o su integridad física está en riesgo. En este punto, en el de encontrar la solución, es donde los países desarrollados han entrado en conflicto, y donde nosotros pensamos que España no ha respondido a las expectativas de un país de primer nivel. España, recibe principalmente refugiados, no inmigrantes económicos, y es por este motivo por el que nuestro gobierno debiera abandonar el discurso de la inmigración porque lo que recibe principalmente ya no son personas en busca de trabajo, sino gente que huye de la guerra y la persecución, es decir, refugiados.
Ha sido este verano uno de los más terribles y deshumanizados que recordamos. Muchos han sido los motivos para este calificativo, pero sin duda las imágenes y las noticias con las que estamos conviviendo y convirtiendo en cotidiano, son las más vergonzosas con las que las denominadas democracias occidentales, nos quedamos en meros espejismos.
Nuestras instituciones y gobiernos, de forma sonrojante, miran hacia otro lado cuando se encuentran miles de seres humanos que solo quieren una vida mejor. Y lo peor es lo que dicen estas instituciones, como el gobierno español: no tenemos recursos para atender a todos. Para Izquierda Unida la vida no es una moneda negociable. Solo los que entienden las relaciones humanas desde el punto de vista mercantil, desde el punto de vista de beneficios o pérdidas, compartirán esta visión capitalista del mundo en el que los seres humanos somos "cosas" que sirven para enriquecer a las corporaciones que tienen el poder (ese que no nace de las urnas), frente a los ciudadanos que solo buscamos un futuro mejor. Se está intentando normalizar el terror de muchas personas convirtiendo nuestras presuntas democracias en un régimen inhumano, y ese es un problema que debe abordar nuestro gobierno.
Exigimos de nuestras instituciones europeas y nacionales, que son los competentes en materia de inmigración, que acometan el debate de este problema para abordar de forma real el drama que están viviendo cientos de miles de personas que intentan llegar a Europa por el Mediterráneo jugándose la vida. Ni el parlamento europeo ni el nuestro pueden seguir de vacaciones y callados mientras el drama en el Mediterráneo aumenta día tras día.
En Europa, el Grupo de la Izquierda Unitaria Europea (GUE/NGL) ya advirtió en junio, que la puesta en marcha de la operación militar en el Mediterráneo EURONAVFORMED sería un fracaso. Esta operación supone la respuesta de la UE a la crisis migratoria en el Mediterráneo central, a la que acaba de incorporarse España. Es una operación militar destinada a combatir las redes de tráfico de personas que facilitan la llegada de inmigrantes a suelo europeo por vía marítima en el Mediterráneo central. De entrada, el objetivo estratégico de EUNAVFORMED es desbaratar las redes, no facilitar el salvamento, lo que resulta paradójico porque los medios militares no son lo más idóneos para combatir actividades delictivas y los buques de la operación pueden acabar salvando a los mismos emigrantes cuyo traslado a Europa por las redes trataban de evitar. Sin embargo, la Comisión Europea hizo oídos sordos a la petición del GUE/NGL y muchas ONGs, que recalcamos la necesidad de crear vías legales para entrar en Europa y que ninguna persona tuviera que lanzarse al mar o jugarse la vida en las fronteras. La Comisión ha decidido seguir con su política de defensa y control de fronteras, de persecución a los migrantes, de trabas para los refugiados y de militarización de las fronteras, lo que ha traído este verano en un periodo estival trágico de muertes.
Esta opción ha resultado ser una opción política insolidaria y cruel. Europa debe recuperar la humanidad y, sobre todo, reconocer que la propuesta militar ha fracasado. En primer lugar, porque pese a algunas operaciones de salvamento han resultado positivas, como la de las 4.400 personas en Italia, el goteo incesante de muertes no se ha evitado. Y en segundo lugar, porque el sistema de reparto de refugiados que se propuso desde un inicio ha recibido la negativa de numerosos Estados MIEMBRO, entre los que está el Estado español. Las muertes en el Mediterráneo, la situación en las islas griegas, el drama en las fronteras de Francia, Macedonia o Hungría y el aumento de la XENOFOBIA institucional como el caso de Reino Unido, merecen una respuesta firme por parte de los europarlamentarios y europarlamentarias, así como de los gobiernos nacionales, incluido el español.
Europa ha decidido defenderse en vez de actuar consecuentemente. Ha seguido poniendo en práctica políticas restrictivas, reforzando Frontex, levantando vallas y haciendo grandes anuncios sobre pseudo-operaciones de salvamento, mientras sigue sin prestarle atención a las verdaderas causas de este drama humano, que no son otras que las políticas económicas, de guerras y de expolio que ha patrocinado en Oriente Medio y África.
La cruel realidad es que estamos ante la mayor crisis humanitaria de los últimos 50 años en Europa. La situación es de auténtica emergencia y la Unión Europea no puede mirar hacia otro lado ante las personas que huyen de guerras provocadas o alentadas por la propia Unión y por su rama militar, la OTAN, en Irak, Siria o Libia.
Tenemos el deber de trabajar también a nivel local para dar soluciones a este problema, ayuntamientos como los de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat, Sabadell y Valencia han manifestado su voluntad de participar en una red de ciudades-refugio que acojan a las personas refugiadas que intentan llegar a Europa poniendo en grave peligro sus vidas.
La presión social puede ser muy útil para romper la dinámica establecida por algunos gobiernos, como el español, que afirman que no tienen medios suficientes para ampliar sus cuotas de aceptación de refugiados. También la presión social es útil para combatir los brotes xenófobos contra las personas refugiadas que surgen en Europa, alentados por grupos de extrema derecha y tristemente también por algunos mandatarios.
Debemos impulsar la acogida a estas personas no sólo como exigencia de su dignidad sino en memoria de los miles de refugiados que nuestro país expulsó a raíz de la Guerra Civil.
Ante esta situación de crisis humanitaria y para evitar que el papel de nuestro país quede relegado a ser uno de los participantes en este disparate humanitario en el que se están regateando cifras de personas con el discurso de “efecto llamada”, cuando en realidad es un efecto salida, este grupo municipal trae al pleno esta moción para llegar a los siguientes:
ACUERDOS
PRIMERO: El Ayuntamiento de La Robla, declara su disposición a ayudar y acoger como ciudad refugio a las personas que huyen de la guerra y la persecución en sus países y solicitan asilo en la Unión Europea y para ello adoptará las siguientes medidas:
1. Creación de un grupo de trabajo entre los servicios sociales municipales, CEAR España, Cruz Roja y otras organizaciones locales que trabajen con personas refugiadas para definir las medidas a adoptar desde el Ayuntamiento, para poder acoger a personas refugiadas en el municipio.
2. Preparar una relación de posibles lugares de acogida, preferentemente de propiedad municipal.
3. Habilitar una partida económica para las actuaciones municipales a adoptar así como para colaborar con las organizaciones que trabajan en la acogida a personas refugiadas.
SEGUNDO: El Ayuntamiento de La Robla, de acuerdo con la propuesta de CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) exige a la Unión Europea y a sus Estados miembro, especialmente al Gobierno de España, que pongan en marcha con carácter urgente las siguientes medidas:

• Desarrollar una nueva política de asilo y migración europea en la que se priorice a las personas y los derechos humanos.
• Poner en marcha una operación de rescate y salvamento eficaz que cuente con los medios y el alcance necesarios, cumpliendo con el deber de socorro, con el fin de evitar más muertes en el Mediterráneo.
• Habilitar vías legales y seguras que garanticen el acceso al derecho de asilo a las personas refugiadas evitando que tengan que emprender travesías mortales para obtener protección en un país seguro. Para ello es necesario:
- Reforzar los programas de reasentamiento en coherencia con el número de refugiados existente, asumiendo un reparto equitativo y solidario entre todos los estados
- Garantizar la posibilidad de pedir asilo en embajadas y consulados en los países de origen y tránsito
- Activar políticas de concesión de visados humanitarios
- Eliminar la exigencia del visado de tránsito para aquellas personas que proceden de países en conflicto
- Hacer realidad la Directiva Europea de Protección Temporal activando el mecanismo contemplado para hacer frente a emergencias humanitarias
- Abordar las causas que provocan los desplazamientos forzados
- Proponer y poner en marcha nuevos mecanismos no militarizados de gestión de los flujos migratorios en Europa, y por ende en España.
TERCERO: Comunicar el presente acuerdo a la ciudadanía del municipio, a CEAR, al Gobierno de España, a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de Diputados y a la Comisión Europea.

jose antonio diago sanche

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MOCION CONJUNTA PSOE y IU SOBRE VIOLENCIA DE GENERO

Mensaje  jose antonio diago sanche el Miér Nov 25, 2015 9:21 am

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA Y EL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE LA ROBLA CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

En La Robla, a 24 de Noviembre de 2015

De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista y Grupo Municipal Izquierda Unidad del Ayuntamiento de La Robla desea someter a la consideración del Pleno Municipal la siguiente

MOCIÓN:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Alrededor de 800 mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas o ex parejas desde el año 2003, cuando comenzaron a recopilarse estadísticas oficiales. Una violencia ante la que no queremos permanecer impasibles porque consideramos que, la igualdad entre mujeres y hombres es un principio fundamental.
Una sociedad decente exige avanzar hacia una sociedad segura y libre de violencia de género, que garantice una respuesta efectiva a las mujeres que sufren violencia así como a sus hijos e hijas.
Por todas estas razones, un año más, atendemos al llamamiento de Naciones Unidas de conmemorar el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres, y ratificamos nuestro compromiso explícito de rechazo de la violencia de género, ratificamos nuestro compromiso de trabajar hasta conseguir su erradicación. Tenemos la convicción de que la tolerancia cero a la violencia contra las mujeres debe ser un valor de la sociedad en su conjunto. Es nuestro compromiso, son nuestros valores.
Este año, ante una cita electoral, queremos denunciar una legislatura que termina y en la que el gobierno del PP con sus recortes y retrocesos ha malogrado cuatro años de la vida de las mujeres víctimas, de sus hijos e hijas. Como sociedad nos han hecho perder mucho tiempo. Y en igualdad, todo lo que no se avanza se retrocede. Además de las modificaciones legales contrarias a la igualdad, los presupuestos del PP a lo largo de esta legislatura evidencian la escasa atención prestada por el gobierno popular a la violencia de género, cuestión que debería estar permanentemente en la agenda política y señalada como una de las cuestiones de Estado prioritarias.


Así, el programa contra la Violencia de Género baja el 10,92% respecto a 2009. El gasto para el programa específico en prevención de la violencia de género para 2016 aumenta el 6% y asciende a 25.2 millones de euros, lo que queda lejos de los 34,3 millones con los que contaba en 2010. Es decir, a pesar del aumento que han introducido en unos presupuestos aprobados en vísperas de las elecciones generales, ni siquiera consiguen igualar las cifras de hace cuatro años. El presupuesto para igualdad y violencia para 2016 representa el 0,0103% del total. A lo que hay que añadir que solo hay dos millones de euros en los Presupuestos para 2016 destinados a la atención a las víctimas de trata.
Una sociedad decente exige avanzar hacia una sociedad segura y libre de violencia de género, que garantice una respuesta efectiva a las mujeres que sufren violencia así como a sus hijos e hijas generando y ofreciendo los mecanismos necesarios para conseguirlo.
En primer lugar, hay que reponer y dotar suficientemente las partidas presupuestarias, que se han venido recortando en los últimos años, especialmente los recursos destinados a la prevención y a la asistencia social de las víctimas de violencia de género, dependientes tanto de las Comunidades Autónomas, como de los servicios de proximidad de los ayuntamientos. Recursos que también creemos necesario que aumenten en los servicios más próximos por lo que es importante crear un fondo de apoyo a los ayuntamientos que alcance progresivamente en un plazo de cuatro años los 100 millones de euros para dar refuerzo a la red de servicios públicos, impulsando el papel que desempeñan y deben seguir desempeñando los servicios sociales municipales y los centros de la Mujer.
Además de los presupuestos, uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos en la lucha contra la violencia de género en estos momentos está relacionado con la justicia. El número de denuncias es insuficiente. Todos los estudios nos indican que solo se denuncia aproximadamente el 30% de la violencia de género por lo que el 70% queda impune. Tenemos que luchar contra esa impunidad y tenemos que conseguir que las víctimas tengan confianza en la justicia, que estén protegidas y que no teman perder a sus hijos e hijas, que no teman salir ellas denunciadas, que no teman comenzar un periplo sin salida ni final.
Por ello en el Acuerdo que proponemos, subrayamos la necesidad de poner en marcha en los Juzgados Especializados en Violencia de Género el Acompañamiento Judicial Personalizado para hacer accesible la información a las mujeres víctimas de violencia de género sobre el itinerario y procedimiento más seguro en su recorrido judicial, desde el momento en el que ponen la denuncia hasta el final del proceso. Así también es importante el establecimiento de protocolos de intervención específicos para la atención integral a las mujeres que han retirado la denuncia por violencia de género. Hace falta mucho valor, mucho coraje para salir de la violencia, para denunciar al maltratador, para hacerle frente, cada retirada de denuncia es un fracaso de la justicia. Cada denuncia retirada es un éxito del maltratador en su estrategia del miedo, de la coacción, de la amenaza. La impunidad es gasolina para el motor de la violencia que hay que eliminar.


Sabemos que la violencia de género es un fenómeno complejo por tanto, quienes se enfrentan a él tienen que estar especializados y haber recibido una formación completa y rigurosa. Sabemos que existen fallos en la percepción del riesgo y en los informes psicosociales. Sabemos que en numerosas ocasiones se revictimiza a las mujeres por lo que es necesaria la obligatoriedad de formación específica en la materia, impartida por una institución acreditada previamente a ocupar su puesto, tanto de los magistrados al frente de órgano jurisdiccional especializado, como de abogados, forenses y equipos psicosociales que intervengan en los juzgados especializados de violencia de género.
La educación es otra de nuestras preocupaciones. Si no rompemos los ciclos, la violencia de género pasará de generación en generación por lo que es materia del Acuerdo tanto el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género como el Plan integral para prevenir, proteger y reparar el daño a menores víctimas de violencia de género y especialmente, la incorporación al currículum en todas las etapas educativas la formación específica en Igualdad, educación afectivo- sexual y de prevención de la violencia de género.
Por último, tal como han recomendado tanto la CEDAW como Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica, estamos convencidos de que es el momento de ampliar la Ley Integral contra la violencia de género de manera que estén recogidas en ella todas las manifestaciones de dicha violencia y no exclusivamente las que se producen en relaciones de pareja como ocurre en este momento.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista y el Grupo Municipal de Izquiera Unida en el Ayuntamiento de La Robla somete a votación la siguiente MOCIÓN para aprobar los siguientes ACUERDOS y Exigencias dirigidas al Gobierno de España:


ACUERDOS
Este Ayuntamiento dedica un sentido y doloroso recuerdo a la memoria de todas las mujeres asesinadas por violencia de género y expresa sus condolencias a sus familias y amistades. También, a todos los menores, a los hijos y las hijas de los maltratadores, víctimas a su vez de esta violencia, víctimas mortales incluso, convertidas en último ejercicio de venganza contra sus madres.
De igual manera, manifiesta su repulsa a todas las manifestaciones de dicha violencia, redobla su compromiso con las víctimas y declara la tolerancia cero con los maltratadores.
Este Ayuntamiento se compromete a no reducir ni recursos, ni servicios, ni presupuestos para combatir la Violencia de Género así como a:
1. Reclamar que los Ayuntamientos y entes locales recuperen expresamente las competencias en Igualdad y Violencia de género, con la consiguiente dotación presupuestaria suficiente, igual que el resto de las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, con el objeto de aplicar en su integridad y de forma eficaz la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
2. Declararse municipio libre de violencia de género. Para ello, este municipio garantizará una red de atención social a las mujeres en situación de violencia y que les ayudará a buscar alternativas para recuperar su vida (derechos laborales, políticas de formación, apoyo al empleo, vivienda, ayudas sociales). En dicha red estarán incluidos los servicios de protección, información, asesoramiento, acompañamiento y acogida para mujeres en situación de violencia de género, sus hijos y sus hijas.

Este Ayuntamiento exige al Gobierno estatal que:
• Reponga y dote suficientemente las partidas presupuestarias, que se han venido recortando en los últimos años, especialmente los recursos destinados a la prevención y a la asistencia social de las víctimas de violencia de género, dependientes tanto de las Comunidades Autónomas, como de los servicios de proximidad de los ayuntamientos.
• Estipule un fondo de apoyo a los ayuntamientos para dar refuerzo a la red de servicios públicos, impulsando el papel que desempeñan y deben seguir desempeñando los servicios sociales municipales y centros de la Mujer para el desarrollo y cumplimiento de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
• Ponga en marcha, en los Juzgados Especializados en Violencia de Género, del Acompañamiento Judicial Personalizado para hacer accesible la información a las mujeres víctimas de violencia de género sobre el itinerario y procedimiento más seguro, en su recorrido judicial desde el momento en el que ponen la denuncia hasta el final del proceso.
• Establezca protocolos de intervención específicos para la atención integral a las mujeres que han retirado la denuncia por violencia de género.
• Active de forma permanente el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género.
• Incorpore al currículo la formación específica en Igualdad, educación afectivo- sexual y de prevención de la violencia de género en todas las etapas educativas.
• Ponga en marcha un Plan integral para prevenir, proteger y reparar el daño a menores víctimas de violencia de género.
• Estipule la obligatoriedad de que tanto los magistrados al frente de órgano jurisdiccional especializado, como abogados, forenses y equipos psicosociales que intervengan en los juzgados especializados de violencia de género tengan certificado, previamente a ocupar su puesto, formación específica en la materia impartida por una institución acreditada.
• Amplíe las disposiciones preventivas, procesales, punitivas y protectoras de la ley de 2004 para abarcar, con las adaptaciones necesarias, todas las formas de violencia contra la mujer, tal como exige la Recomendación General nº 19 de la CEDAW y el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul), que España ha ratificado.
• De estos acuerdos se dará traslado a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y al tejido asociativo de la localidad.


La Robla, 24 de Noviembre de 2015


Portavoz del Grupo Municipal Socialista y Grupo Municipal Izquierda Unida

jose antonio diago sanche

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MOCION DE APOYO PARA EXIGIR UNA NUEVA LEY REGULADORA DEL DERECHO A LA VIVIENDA QUE CUBRA LAS MEDIDAS DE MINIMOS PARA HACER FRENTE A LA EMERGENCIA HABITACIONAL

Mensaje  jose antonio diago sanche el Mar Ene 05, 2016 11:17 am

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LA ROBLA
El Grupo Municipal de IU La Robla, en Común en este Ayuntamiento, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su aprobación la siguiente MOCION DE APOYO PARA EXIGIR UNA NUEVA LEY REGULADORA DEL DERECHO A LA VIVIENDA QUE CUBRA LAS MEDIDAS DE MINIMOS PARA HACER FRENTE A LA EMERGENCIA HABITACIONAL
Exposición de motivos
La actual crisis económica y el aumento del paro ha impactado de manera dramática en la vida de miles de personas que, a causa de las dificultades económicas sobrevenidas, no pueden cubrir sus necesidades más básicas. Esta situación ha llevado a que muchas familias no puedan hacer frente a las cuotas hipotecarias o de alquiler de su vivienda habitual.
Esto se ha traducido en miles de desahucios en todo el estado español y en que centenares de personas han visto vulnerado su derecho a una vivienda digna, teniendo que afrontar situaciones de grave vulnerabilidad, precariedad extrema, pobreza y exclusión social, económica y residencial.
Según datos del Consejo General del Poder Judicial, desde 2007 hasta el primer trimestre del 2015, se han producido en el Estado Español 624.690 ejecuciones hipotecarias, 8.178 en el primer trimestre del 2015. A estas alarmantes cifras se han de sumar el aumento de las dificultades para afrontar el pago del alquiler que, cada vez, afecta a más personas. El CGPJ ha contabilizado la preocupante cifra de 397.954 desahucios desde el inicio de la crisis en el 2007 hasta el primer trimestre del 2015. Solo en el primer trimestre del 2015 se han ejecutado 9.917 desahucios.
Estamos ante una situación de emergencia y vulnerabilidad habitacional que se incrementa por la existencia de un mercado de alquiler escaso, caro y preocupantemente especulativo y por la falta de un parque público de vivienda social, menos de un 2% de la vivienda construida. Todo ello constituye una auténtica anomalía en el contexto europeo. Además, como denuncia el informe “Emergencia Habitacional en el estado español”, elaborado por el Observatorio DESC y la PAH, esta situación se empeora aún más por el hecho que España es el país de Europa con mas vivienda vacía, 13,7% del parque total (3,5 millones de pisos vacíos según el censo estatal de vivienda de 2011).
El contexto descrito de vulnerabilidad y emergencia en que se encuentra gran parte de la población se está traduciendo también en un significativo aumento de las ocupaciones de vivienda. Una forma de hacer efectivo el derecho a la vivienda que aumenta el grado de vulnerabilidad social de quien se ha visto empujado a esta forma de acceso a una vivienda.
También resulta alarmante el creciente número de personas afectadas por la pobreza energética, entendida como la dificultad para poder pagar las facturas de los suministros básicos de electricidad, agua y luz. Los precios de acceso y consumo de estos suministros, que han crecido de forma exponencial, se han vuelto inasequibles para gran parte de la ciudadanía.
Esta situación de emergencia social que sufren las personas en situación de vulnerabilidad contrasta de forma abrumadora con los ingentes beneficios obtenidos por las entidades financieras y las empresas suministradoras.
La Declaración Universal de DD.HH. (artículo 25) y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en artículo 11, reconoce “el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho…”.
En el marco jurídico nacional, el artículo 47 CE proclama del derecho a una vivienda digna y adecuada así como el deber de los poderes públicos de promover las condiciones necesarias y las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, y el artículo 33 declara la función social de la vivienda.
El artículo 267 del Tratado de la Unión Europea declara la primacía del Derecho Comunitario (STJUE 9/3/1978, Asunto 106/ 77 caso Simmenthal) que desplaza al Derecho Nacional (art. 93 CE, cesión competencias en relación al art. 96 CE, los tratados internacionales celebrados formarán parte del ordenamiento interno).
En relación a lo anteriormente expuesto y concretando en el ámbito que nos ocupa, la regulación del procedimiento de ejecución hipotecaria en la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil infringe la normativa comunitaria. Esta legislación es, por tanto, ilegal al ser de obligado cumplimiento por el juez nacional, adoleciendo de un vicio radical que determina su nulidad de pleno derecho. En este sentido se ha manifestado reiteradamente diferentes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Caso Aziz, caso Sanchez Morcillo y caso Monika Kusionova).
En Catalunya se presentó, en el mes de julio del 2014, una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatori Desc, recogiendo así un clamor de la ciudadanía preocupada por la alarmante situación de emergencia habitacional.
Esta ILP es hoy una realidad. El pasado 29 de julio de 2015, el Parlament de Catalunya aprobó la Ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. Esta victoria en el ámbito autonómico nos demuestra que hacer efectivo el derecho a la vivienda es una cuestión meramente de voluntad política.
La PAH ha hecho pública una serie de medidas de mínimos que considera necesario e imprescindible incluir en una futura Ley reguladora del Derecho a la Vivienda. Estas medidas implican reformas profundas y valientes pero a la vez factibles, ya que en su mayoría están recogidas en la anteriormente citada Ley 24/2015.
La situación anteriormente relatada aconseja la redacción de la presente moción.

EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LA ROBLA DA APOYO A LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LA PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LA HIPOTECA (PAH) Y CONSIDERA NECESARIO INCLUIR LAS SIGUIENTES MEDIDAS en una Ley reguladora del Derecho de la Vivienda:
1. Medidas de segunda oportunidad
• Dación en pago retroactiva y condonación de la deuda (modificación de la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil).
• Eliminación automática por parte de las entidades bancarias y sin previa petición del titular de las cláusulas declaradas abusivas por las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea.
• No se podrá ejecutar la primera y única vivienda tanto de los titulares como de los avaladores para exigir su responsabilidad, en orden a considerar la vivienda habitual como un bien inembargable.
• Eliminación de todos los requisitos restrictivos para acceder a la moratoria de desahucios y al código “Guindos”, salvo vivienda habitual, deudor/a de buena fe y carencia de recursos
2. Alquiler digno
• La regulación del alquiler en favor de la parte más débil de los contratos de arrendamiento: los inquilinos, introduciendo mecanismos de seguridad en la tenencia, estabilidad en la renta y alargando el plazo mínimo de duración del alquiler, como mínimo hasta los 5 años. Cuando el arrendatario pertenezca a un colectivo especialmente vulnerable se producirá una prórroga automática del contrato de alquiler si así lo manifiesta, que será obligada cuando el arrendador sea un banco o gran propietario de viviendas.
3. Vivienda garantizada
• Las entidades bancarias garantizarán un alquiler social para las personas deudoras de buena fe, y sus unidades familiares, que habiendo cedido su vivienda única y habitual en dación en pago no dispongan de alternativa habitacional.
• Los grandes tenedores de vivienda, en especial las entidades financieras y filiales inmobiliarias, fondos buitre, entidades de gestión de activos (incluidos los procedentes de la reestructuración bancarias y entidades inmobiliarias), garantizarán un alquiler social para las personas y unidades familiares en situación de vulnerabilidad que no puedan hacer frente al pago de su vivienda y no dispongan de alternativa habitacional.
• Las personas y unidades familiares en situación de vulnerabilidad que no puedan hacer frente al pago del alquiler de viviendas obtendrán ayudas que les garanticen evitar el desahucio.
• En ningún caso se podrá realizar el desalojo o desahucio de personas en situación de vulnerabilidad, ya sea por impago de alquiler u ocupación en precario motivada por la falta de vivienda, sin que la administración competente garantice un realojo adecuado.
• En el caso que se lleve a cabo el alquiler social en una vivienda diferente a la que reside la familia o persona en situación de vulnerabilidad, éste realojo se producirá en la zona donde éstas tengan sus redes vitales y sociales.
• Creación de un parque público de vivienda a través de la movilización de pisos vacíos en manos de entidades financieras y filiales inmobiliarias, fondos buitre, entidades de gestión de activos (incluidos los procedentes de la reestructuración bancarias y entidades inmobiliarias). La administración regulará mediante ley los mecanismos que posibiliten esta movilización.
• En todas estas medidas el precio a pagar en concepto de alquiler social no superará el 30% de los ingresos de la unidad familiar, incluidos gastos de suministros, de acuerdo con los estándares de Naciones Unidas, siempre y cuando los ingresos familiares superen el salario mínimo profesional 655,08€; en caso contrario el precio a pagar en concepto de alquiler será del 10% de los ingresos y los suministros correrán a cargo de las empresas suministradoras (punto siguiente).
4. Suministros básicos
• Impedir los cortes de suministro básicos de agua, luz y gas de las personas y unidades familiares en situación de vulnerabilidad.
• El pago de los suministros básicos para las familias en esta situación se hará de acuerdo a la capacidad adquisitiva de la unidad familiar, siempre respetando los estándares de Naciones Unidas.
• Los costes asociados a garantizar este derecho y la deuda acumulada que no puedan ser cubiertos por las personas vulnerables serán asumidos por las empresas suministradoras.
5. Creación de un observatorio de la vivienda
Este observatorio estaría compuesto por representantes de las instituciones y de la sociedad civil. Este observatorio será el encargado de investigar y analizar la situación de la vivienda en España. Entre sus funciones estarían hacer censos periódicos de viviendas vacías, hacer seguimiento de las políticas públicas, elaborar de informes; contaría con capacidades no sólo consultivas sino también control, seguimiento, denuncia, ejecutivas y de propuesta legislativa.
6. De estos acuerdos si procede su aprobación
Se remitirán al Presidente del Gobierno Autonómico y Estatal, y al Parlamento Autonómico y a las Cortes Generales, instándoles a que se desarrollen una Ley que cubra los mínimos recogidos en esta Moción.

En La Robla a 4 de Enero del 2016

jose antonio diago sanche

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MOCIÓN 8 de MARZO de 2016 “Sin IGUALDAD no hay DEMOCRACIA”

Mensaje  jose antonio diago sanche el Sáb Feb 20, 2016 7:03 pm

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LA ROBLA
El Grupo Municipal de Izquierda Unida La Robla, en Común, en el Ayuntamiento de La Robla, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su aprobación la siguiente MOCIÓN 8 de MARZO de 2016 “Sin IGUALDAD no hay DEMOCRACIA”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La desigualdad es la realidad que rodea la vida de las mujeres, en todas las partes del mundo. Diferentes son los grados, o la forma en la que se muestra esa desigualdad. Pero en todas y cada una de las sociedades, culturas y religiones, las mujeres siguen estando en una posición subordinada; las mujeres siguen siendo ciudadanas de segunda.
Es indudable que en las últimas décadas se ha progresado (en unos lugares más que en otros), pero eso no puede conformarnos como sociedad, como administraciones, como responsables institucionales. Debemos trabajar para conseguir que nuestro municipio sea un espacio exento de discriminación y desigualdades.
Debemos desarrollar políticas públicas dirigidas a la sensibilización ciudadana, a las medidas sociales y laborales que posicione a las mujeres en situación de igualdad, para poder hacer realidad que las mujeres sean, también, ciudadanas con plenos derechos.
Hacemos un reconocimiento expreso a la lucha histórica del movimiento de mujeres y reconocemos el feminismo como herramienta irremplazable para conseguir elementos definitivos y consolidables de igualdad para todas y todos.
Por ello, desde esta Corporación Municipal, nos comprometemos con las siguientes medidas:
-Reforzamiento de la Concejalía de Mujer y Igualdad, con competencias y presupuesto adecuado, desde donde se deben coordinar las políticas transversales para la igualdad entre mujeres y hombres.
-Aprobar unos presupuestos específicos para programas de igualdad de género. Partiendo del compromiso de aumento anual del presupuesto para políticas de igualdad de género, con la obligación de alcanzar al menos un 2% del presupuesto en los próximos 4 años.
-Constitución del Consejo de la Mujer, con incidencia real en las políticas institucionales que afecten de manera especial o específica a la vida de las mujeres.
Y desde esta Corporación Municipal, elevamos al Gobierno Central y Autonómico, las propuestas siguientes:
-Modificación de la ley de Régimen Electoral General para garantizar que las listas electorales contemplen, al menos, un 50% de mujeres.
-Despenalización total en el Código Penal de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, partiendo del reconocimiento del derecho a la IVE basado en la libre decisión de la mujer y que garantice su práctica en las 24 primeras semanas en la Sanidad Pública. Además esta cobertura, en la Sanidad Pública, debe estar garantizada en cualquier momento de la gestación si supone un peligro para la vida de las mujeres. Garantizar el Derecho al aborto de las jóvenes de 16 a 18 años.
-Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que debe pasar por una modificación de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de género, para dotarla de un carácter verdaderamente integral, donde se recojan todos los tipos de violencia de género, se desarrolle las medidas de prevención y sensibilización social, se recoja una red de recursos reales y efectivos y se responsabilice y estructure las competencias y responsabilidades de las diferentes administraciones públicas.
-Políticas activas contra la explotación sexual de las mujeres y por la abolición de la prostitución.
-Rechazo de la custodia compartida impuesta. Manifestándonos contra cualquier desarrollo legislativo o reglamentario, que imponga la Custodia Compartida como preferente.


jose antonio diago sanche

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MOCIÓN PARA LA DEROGACIÓN DEL APARTADO 3 DEL ARTÍCULO 315 DEL VIGENTE CÓDIGO PENAL.

Mensaje  jose antonio diago sanche el Sáb Feb 20, 2016 7:04 pm

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LA ROBLA
El Grupo Municipal de Izquierda Unida La Robla, en Común, en el Ayuntamiento de La Robla, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su aprobación la siguiente MOCIÓN PARA LA DEROGACIÓN DEL APARTADO 3 DEL ARTÍCULO 315 DEL VIGENTE CÓDIGO PENAL.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 315 del Código Penal viene a tipificar los delitos contra la libertad sindical y el derecho de huelga, incluidos dentro del Título autónomo —el Título XV— dedicado a «los delitos contra los derechos de los trabajadores».

Los dos primeros apartados de este artículo dicen textualmente: «1. Serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses los que mediante engaño o abuso de situación de necesidad impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga», añadiendo el apartado segundo que «2. Si las conductas reseñadas en el apartado anterior se llevaren a cabo con fuerza, violencia o intimidación, se impondrán las penas superiores en grado».

Sin embargo, el apartado 3 del mismo artículo establece: «3. Las mismas penas del apartado segundo se impondrán a los que, actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga».

De la propia redacción del artículo 315 del Código Penal se observa cómo la conducta tipificada en el apartado 3 es completamente diferente a las que regula en sus dos primeros apartados, tratándose de un ejemplo de permanencia de un precepto anterior —y diferente— que se integra en un nuevo texto, sin que existan razones para ello.

El actual artículo 315.3 del Código Penal proviene del antiguo artículo 496 del viejo Código Penal, introducido precisamente en medio de la transición política, a través de la reforma del Código Penal producida en julio de 1976. El objetivo declarado de la norma era el de «hacer frente a la creciente actividad agresiva de grupos organizados que se autodenominan piquetes de extensión de huelga». Bajo ese eufemismo, el objetivo que se buscaba era la intimidación de las organizaciones sindicales —entonces todavía clandestinas, recuérdese que la Ley de Asociación Sindical es de abril de 1977— y de los trabajadores más activamente comprometidos con ellas y especialmente reivindicativos, en la organización y desarrollo de los piquetes de huelga.

Este precepto no ha sido alterado por las reformas legislativas que, sin embargo, se produjeron en todos los ámbitos jurídicos —también, obviamente, el de derecho penal económico y de la empresa— a partir de la Constitución de 1978. Incluso, la reforma del Código Penal de 1995, llamada «el Código Penal de la democracia», mantiene prácticamente

el mismo precepto de la transición política que busca la incriminación de los piquetes de huelga coactivos, ni que la aplicación por los jueces y tribunales de este artículo haya degradado el significado estricto que tiene el término de coacciones y que podría haber permitido una interpretación restrictiva del mismo, acorde con el reconocimiento constitucional del modelo de huelga —derecho que lleva a cabo nuestra Constitución—.

El artículo 315.3 del Código Penal ha sido profusamente utilizado en la represión de trabajadores en sus actuaciones de organización o extensión de la huelga. En especial en los supuestos de huelgas generales de un día de duración, pero también en otros conflictos laborales en los que se ha producido un cierto enconamiento en las posiciones de las partes.

El elevado número de condenas en aplicación del apartado 3 del artículo 315, en contraste con la prácticamente inaplicación de los apartados 1 y 2 del mismo artículo, pone de relieve la asimetría de nuestro sistema penal en esta materia, hasta el punto de que la parte del Código Penal que protege los denominados «Delitos contra los trabajadores» no tiene efectividad real en relación con las actuaciones penales encaminadas a preservar las violaciones más graves de las condiciones de trabajo y los derechos de los trabajadores. Por otro lado, en los últimos meses, se ha podido constatar la incoación de numerosos procedimientos penales contra trabajadores y trabajadoras y representantes sindicales, derivados del ejercicio del derecho de huelga, para los cuales el Ministerio Fiscal solicita, como regla general, penas privativas de libertad, excesivas y desproporcionadas.

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de IU eleva al Pleno los siguientes acuerdos:

Primero.- Exigir al Gobierno de la Nación, la derogación del apartado 3 del artículo 315 del vigente Código Penal, con el objetivo de evitar que el Derecho Penal pueda seguir criminalizando el ejercicio del derecho de huelga y funcionando con efectos limitadores o disuasivos en su ejercicio. En resumen, la iniciativa propone la supresión del delito de coacciones para promover la huelga como figura penal incompatible con la constitución y con la garantía internacional de la libertad sindical.

Segundo.-Dar traslado a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de Diputados.


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MOCIÓN PARA SOLICITAR LA DEROGACIÓN DEL REAL DECRETO 900/2015 DE AUTOCONSUMO ELÉCTRICO.

Mensaje  jose antonio diago sanche el Sáb Feb 20, 2016 7:06 pm

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LA ROBLA
El Grupo Municipal de Izquierda Unida La Robla, en Común, en el Ayuntamiento de La Robla, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su aprobación la siguiente MOCIÓN PARA SOLICITAR LA DEROGACIÓN DEL REAL DECRETO 900/2015 DE AUTOCONSUMO ELÉCTRICO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El autoconsumo eléctrico es un derecho cívico y un instrumento clave a la hora de crear un nuevo modelo energético sostenible que nos permita hacer frente a la realidad del cambio climático. El autoconsumo contribuye a reducir la dependencia energética del exterior (que en el caso del Estado español es del 86%) y genera energía eléctrica de forma descentralizada y respetuosa con el medio ambiente. Por otro lado, incrementa la eficiencia energética, mejora la competitividad de las empresas, crea empleo y fomenta la economía local; además, es una herramienta que, en manos de la Administración Pública, puede paliar la pobreza energética. Mucho más cuando, a día de hoy, no requiere de ninguna subvención pública para desarrollarse en nuestro país.
Por estas razones y por la necesidad de democratizar la energía, tal y como recoge la propuesta de Unión Energética de la Comisión Europea, cualquier normativa reguladora del autoconsumo debería tener como principal objetivo favorecerlo y, por lo tanto, inspirarse en las mejores prácticas disponibles.
Desde la Administración Municipal no debemos ni podemos permanecer ajenos a este cambio. Las administraciones públicas territoriales son las más cercanas a la ciudadanía, y por ello las primeras que deben desempeñar un papel ejemplarizante e informativo. Existe un gran potencial de generar ahorros importantes, que pueden destinarse a fines sociales, especialmente a la impulsión de medidas contra la pobreza energética. Por tanto, debemos utilizar todos los recursos a nuestra disposición para garantizar, dentro del marco de nuestras competencias, una transición ordenada hacia un modelo energético limpio y sostenible.
Por todo ello, consideramos imperiosamente necesario que se produzca la derogación del Real Decreto 900/2015 de 9 de octubre, por el que se establece la regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo para que sea modificado íntegramente, considerando las mejores prácticas disponibles y abriendo un proceso participativo de redacción, con la máxima urgencia, de una normativa realmente favorable al desarrollo del autoconsumo que permita a la sociedad en su conjunto disfrutar de sus beneficios económicos, ambientales y sociales, teniendo en cuenta las consideraciones de los diferentes agentes afectados por esta normativa.

En base a lo expuesto, proponemos al Ayuntamiento Pleno que adopte los siguientes ACUERDOS:

1º Mostrar el rechazo del Ayuntamiento de La Robla, al Real Decreto 900/2015 de autoconsumo e instar al Gobierno de España a la derogación del mismo.

2º Comunicar este acuerdo a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados.

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MOCIÓN DE APOYO A MIGRANTES Y REFUGIADAS. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Mensaje  jose antonio diago sanche el Miér Mar 23, 2016 10:26 am

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LA ROBLA
El Grupo Municipal de Izquierda Unida La Robla, en Común, en el Ayuntamiento de La Robla, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su aprobación la siguiente MOCIÓN DE APOYO A MIGRANTES Y REFUGIADAS.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Manifestamos nuestra solidaridad con las centenares de miles de personas que han llegado a la Unión Europea huyendo de las guerras, la explotación y el hambre. Debido a esto actualmente se está produciendo el mayor movimiento de población desde la Segunda Guerra Mundial, ante la pasividad de las autoridades europeas que no han puesto en marcha medidas para facilitar la llegada segura y la correcta acogida de estas personas.
Las situaciones creadas por el cierre de fronteras se unen al fracaso de los planes de readmisión, poniendo en peligro la vida de las personas migrantes y refugiadas. Tras el tiempo trascurrido, España solo ha acogido a 18 personas, de los 17.000 refugiados a los que se comprometió. A la vez, hemos visto como el espacio europeo de libre circulación se desmoronaba y los discursos xenófobos aumentaban en toda la Unión Europea. El acuerdo entre la Unión Europea y Turquía es una pata más de este modelo y no garantiza de ninguna manera la llegada segura y el cumplimiento de los derechos de las personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares; al contrario, las pone en mayor riesgo.
Si no se habilitan vías de acceso legales y seguras, se seguirá obligando a las personas a jugarse la vida en el Mediterráneo y el Egeo, donde el año pasado murieron más de 30.000 personas. La reciente decisión de militarizar nuestras fronteras marítimas con buques de la OTAN no hace sino aumentar el riesgo al que se enfrentan migrantes y refugiadas.
Por este motivo, el Ayuntamiento de La Robla, se adhiere a la red de ciudades refugio y se presta a acoger refugiados en el municipio de La Robla, en coordinación con el Gobierno de España, el Gobierno autonómico, la FEMP, la Unión Europea y las entidades colaboradoras.
Por ello, y teniendo en cuenta los puntos anteriores, el Grupo de Izquierda Unida la Robla, en Común del Ayuntamiento de La Robla propone al Pleno los siguientes ACUERDOS:

1. Reiterar nuestro ofrecimiento y colaboración como Ciudad Acogedora de Refugiados.
2. Poner a disposición de las personas migrantes y refugiadas las instalaciones municipales necesarias para su acogida, y gestionar a través de los Servicios Sociales en colaboración con las entidades e instituciones interesadas las políticas para su recepción y acogida.
3. Instar a la Unión Europea y a sus Estados miembro, especialmente al Gobierno de España, a habilitar vías legales y seguras que garanticen el acceso al derecho de asilo a las personas refugiadas evitando que tengan que emprender travesías mortales para obtener protección en un país seguro. Para ello es necesario:
- Reforzar los programas de reasentamiento en coherencia con el número de refugiados existente, asumiendo un reparto equitativo y solidario entre todos los estados.
- Garantizar la posibilidad de pedir asilo en embajadas y consulados en los países de origen y tránsito.
- Activar políticas de concesión de visados humanitarios.
- Habilitar vías de acceso legales seguras a territorio europeo.
- Eliminar la exigencia del visado de tránsito para aquellas personas que proceden de países en conflicto.
- Hacer realidad la Directiva Europea de Protección Temporal activando el mecanismo contemplado para hacer frente a emergencias humanitarias.
- Abordar las causas que provocan los desplazamientos forzados.
- Proponer y poner en marcha nuevos mecanismos no militarizados de gestión de los flujos migratorios en Europa, y por ende en España.
De la siguiente Moción se dará traslado a la Comisión Europea, al Gobierno de España, a los Grupos Parlamentarios en el Congreso, el Senado y el Parlamento Europeo, a CEAR y ACNUR España.
En La Robla a 18 de Marzo del 2016

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MOCIÓN DE APOYO Y CONCIENCIACION EN LA LUCHA CONTRA EL SIDA

Mensaje  jose antonio diago sanche el Sáb Abr 09, 2016 8:25 am

MOCION AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LA ROBLA

El Grupo Municipal de Izquierda Unida La Robla, en Común, en el Ayuntamiento de La Robla. Viene a formular para su aprobación la siguiente moción, para su debate en la próxima sesión plenaria, en base a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En España se estima que cada año contraen el virus del Sida, entre 3.500 y 4.000 personas, afectando ya a un total de 150.000 personas. De los nuevos diagnósticos, un 45% son tardíos, lo que complica no sólo la puesta en marcha del protocolo sanitario sino la recuperación de la propia persona. En la actualidad, se producen anualmente más de 1.000 muertes a lo largo de todo el Estado español por enfermedades asociadas a esta pandemia. Además, unas 50.000 personas que han contraído el virus desconoce que lo tiene, suponiendo un tercio del total, lo que aumenta las posibilidades de infección a terceras personas, siendo de hecho este desconocimiento el causante de más del 70% de las nuevas transmisiones.

Frente a lo que supone un problema de salud pública de primer orden nos encontramos con un recorte presupuestario en la dotación del Plan Nacional sobre el Sida de los 4,5 millones de euros con los que contaban las entidades implicadas en 2011 a tan solo 1,7 millones de euros para 2015. Esta importante reducción lleva inexorablemente a la desarticulación de los servicios de atención a las personas que viven con VIH, así como de los servicios y campañas de prevención que se venían desarrollando tanto a nivel estatal, autonómico y local, siempre bajo el paraguas del Plan Nacional sobre el Sida.

A los recortes en prevención se suman las carencias en el control de la infección por VIH, estrategia fundamental de cara a frenar la pandemia y alcanzar el objetivo de una generación sin VIH/Sida. Por un lado se ejerce la desprotección frente a las personas afectadas, con los riesgos de ello derivados en cuanto a su salud y la de su entorno, puesto que frente al descontrol y la desinformación las posibilidades de transmisión del virus a otras personas se incrementa exponencialmente, lo que supone un anunciado incremento en la incidencia de VIH en la población. Cabe recordar en este sentido que los costes en tratamiento siempre serán mucho mayores que los costes en prevención y control, no sólo en un sentido estrictamente económico, sino también en términos de salud pública y calidad de vida. Para finalizar, los recortes de estos últimos años han afectado también a la investigación, alejando así la posibilidad de poner una solución definitiva.

Por todo ello, el pleno del ayuntamiento asume los siguientes:

ACUERDOS

1. Solicitar al equipo de gobierno de este Ayuntamiento el desarrollo de una campaña informativa de prevención de VIH en el ámbito municipal que fomente el uso del preservativo y conciencie a la población sobre la necesidad de hacerse la prueba de detección, pues un diagnóstico precoz del VIH asegura una mejor calidad de la salud y abarata los costes sanitarios. Esta campaña debe ir especialmente dirigida a la juventud, así como a la población más vulnerable: los hombres que tienen sexo con hombres (HSH), y a la población más expuesta, como es el caso de las mujeres y hombres que ejercen la prostitución.

2. Solicitar al Ayuntamiento el apoyo y colaboración con las entidades sin ánimo de lucro que prestan servicios a las personas que viven con VIH afincadas en el municipio, con el fin de suplir las carencias derivadas del drástico recorte de financiación al Plan Multisectorial sobre Sida.

3. Solicitar a la Consejería de Sanidad del Gobierno autonómico que desarrolle un plan regional para el fomento y la accesibilidad de la prueba rápida de detección del VIH de manera anónima, gratuita y universal. De igual manera, que garantice la asistencia sanitaria y el acceso al tratamiento antirretroviral a todas las personas afectadas de VIH, incluidas las personas refugiadas e inmigrantes, ya que este colectivo supone una parte relevante de los nuevos diagnósticos.

4. Instar a la Consejería de Sanidad a que retire el copago sanitario de los fármacos de dispensación hospitalaria, medida que repercute negativamente también en los pacientes con VIH/Sida, puesto que algunos de estos fármacos son necesarios en el tratamiento de enfermedades asociadas al VHI/Sida. En tanto esta modificación no es adoptada, se emplaza al Ayuntamiento a adoptar las medidas que considere oportunas para evitar una situación de fracaso terapéutico y exclusión socio-sanitaria de aquellas personas que no puedan asumir el copago sanitario.

5. Solicitar a las Consejerías de Sanidad y Educación del Gobierno autonómico desarrollar conjuntamente con el municipio un plan de concienciación y prevención de la infección del VIH en los centros sanitarios y educativos. Dichos planes deben hacer hincapié en la educación sexual de las beneficiarias, en especial las personas jóvenes, al caracterizarse éste como el medio más eficaz y económico de prevención de riesgos en la transmisión del VIH y otras ITS.

6. Emplazar a la Consejería de Sanidad a que adecúe la catalogación de la infección por VIH como enfermedad infecto-transmisible en lugar de enfermedad infecto-contagiosa, de cara a evitar situaciones discriminatorias en el acceso a bienes y servicios de las personas que viven con VIH/Sida.

7. Dar cuenta de este acuerdo a todas las personas y grupos de interesados, como asociaciones de familiares de afectados y las ONGs implicadas en la lucha contra el VIH/Sida.

8. De la presente moción se dará traslado, al Gobierno central (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ministerio de Educación, Ministerio del Interior). Gobierno autonómico (Consejerías con competencias en Educación, Sanidad, Servicios Sociales y Empleo). Y a las organizaciones para la prevención del VIH de la comunidad autónoma y el municipio si las hubiere.


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MOCIÓN CONTRA LA DISCRIMINACIÓN HACIA LAS PERSONAS DE GÉNEROS Y SEXUALIDADES DIVERSAS.

Mensaje  jose antonio diago sanche el Vie Mayo 20, 2016 9:42 am

Al amparo de lo establecido por las leyes vigentes, el Grupo Municipal de Izquierda Unida en Común del Ayuntamiento de La Robla, presenta la siguiente MOCIÓN CONTRA LA DISCRIMINACIÓN HACIA LAS PERSONAS DE GÉNEROS Y SEXUALIDADES DIVERSAS, con motivo de la conmemoración del 17 de mayo, Día Internacional Contra la Discriminación hacia las personas de Géneros y Sexualidades Diversas, para su debate por este Pleno Municipal.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 17 de mayo de 1990 la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la desclasificación de la homosexualidad como enfermedad mental, hecho que se conmemora ahora a nivel internacional, en reconocimiento de una fecha histórica en la lucha por la dignidad de las personas de Géneros y Sexualidades Diversas, es decir, todas las personas que tienen orientaciones sexuales, orientaciones románticas, sexos, identidades de género y/o expresiones de género no normativas y discriminadas.
Como es bien sabido, antes y después de esta fecha histórica se han seguido produciendo manifestaciones de discriminación y persecución hacia las personas de Géneros y Sexualidades Diversas por todo el mundo. Aún a día de hoy siguen existiendo legislaciones que criminalizan, persiguen, condenan y encarcelan a las personas de Géneros y Sexualidades Diversas en casi 80 países del mundo, y en algunos de ellos determinadas orientaciones sexuales están castigadas con la pena de muerte.
En España, tras varias décadas de desprecio, humillación, persecución, encarcelamiento y criminalización de numerosas personas por su orientación sexual y su identidad de género, se han conseguido avances significativos en el reconocimiento legal de importantes derechos de las personas de Géneros y Sexualidades Diversas, gracias a la larga lucha que durante décadas han llevado a cabo activistas y organizaciones sociales. Pero debemos tener muy claro que estos avances legales, que también pueden seguir mejorando, no deben hacer que relajemos nuestros esfuerzos en la lucha contra la discriminación.
Las discriminaciones sociales que sufren las personas de Géneros y Sexualidades Diversas siguen teniendo lugar en su día a día, en sus lugares de estudio, de trabajo, en su entorno social, en las calles de nuestra ciudad o incluso en sus propias casas. Nuestra sociedad a día de hoy aún tiene mucho que avanzar en el respeto y la no discriminación hacia las personas de Géneros y Sexualidades Diversas, como así lo demuestra el alarmante aumento de las agresiones y otras manifestaciones de violencia hacia las personas de Géneros y Sexualidades Diversas en España.
En el pasado, y aún a día de hoy, muchas personas de Géneros y Sexualidades Diversas sintieron la presión de la discriminación y se vieron obligadas a emigrar a grandes ciudades donde vivir abiertamente con su orientación sexual o su identidad de género fuera más sencillo.
A estas personas no les ayudaron nada las declaraciones homófobas y tránsfobas que durante mucho tiempo fueron realizando algunas personalidades públicas, declaraciones que iban siendo además difundidas por los medios de comunicación de ámbito estatal. No podemos consentir esta situación. Todas las personas tienen que sentir que pueden vivir libremente sin esconder su orientación sexual, orientación romántica, sexo, identidad de género o expresión de género.
Ninguna persona debe ser insultada, humillada ni discriminada de ninguna forma por ello.
La implicación activa de todas las instituciones en la lucha contra la discriminación y a favor de la igualdad real y social de las personas de Géneros y Sexualidades Diversas está sobradamente mandatada por el Derecho internacional, europeo y estatal, incluyendo la Constitución Española:
Las normas internacionales sobre Derechos Humanos consagran como principios básicos la igualdad y la no discriminación. El artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece la afirmación inequívoca de que "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos". El art. 2 de la misma Declaración afirma posteriormente que, "toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición". La propia ONU ha declarado que este mandato implica el derecho a la igualdad de trato ante la ley y el derecho a ser protegido contra la discriminación por diversos motivos, entre ellos la orientación sexual y la identidad de género.
En el año 2006 se redactan los principios de Yogyakarta, sobre la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos a las cuestiones de orientación sexual e identidad de género. Contiene 29 principios y recomendaciones adicionales que, partiendo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, declaración y programa de acción de Viena y otros tratados de derechos humanos, marcan estándares básicos para que las Naciones Unidas y los Estados avancen en la garantía de los derechos humanos de las personas de Géneros y Sexualidades Diversas.
En esta misma línea, en España, el artículo 14 de la Constitución Española declara que "todos los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquiera otra condición o circunstancia personal o social". Mientras que el artículo 9.2 establece que "Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica cultural y social".
Por todos estos motivos el Ayuntamiento de La Robla, debe implicarse activamente en la lucha contra la discriminación y a favor de la igualdad real y social de las personas de Géneros y Sexualidades Diversas en nuestro pueblo. Todas las actuaciones del Ayuntamiento en esta materia deben basarse en el principio del respeto a la libre manifestación de la orientación sexual y la identidad género de las personas, desde el respeto a la igualdad y a la dignidad de todas ellas.
La educación es el instrumento fundamental para desterrar totalmente la intolerancia y la intransigencia de nuestra sociedad e impulsar el respeto a la diversidad. Los espacios educativos deben ser lugares que reflejen la sociedad actual, y nuestra sociedad hoy es un plural mosaico formado por diversas orientaciones afectivo-sexuales, diversas identidades y expresiones de género, y diversas modalidades familiares, que deben ser dadas a conocer también en el ámbito de la enseñanza. El respeto a la diversidad debe ser transmitido a las personas más jóvenes como un valor esencial para la convivencia en sociedad. Como dijo Nelson Mandela: “La educación es el arma más poderosa que podemos usar para cambiar el mundo”.
Esta lucha y todos los avances que logremos gracias a ella serán un motivo de orgullo tanto para las personas de Géneros y Sexualidades Diversas como para el resto de la población, ya que la igualdad, el respeto y la dignidad son unos principios elementalmente democráticos y que, por lo tanto, nos competen a todas las personas que vivimos en democracia.
Por todo ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, en Común, formula la presente MOCIÓN al Pleno para que se adopten los siguientes:
ACUERDOS
1. El Ayuntamiento de La Robla se declara “Municipio por la Diversidad”, en la que cada persona sienta que puede vivir libremente sin esconder su orientación sexual, su orientación romántica, su sexo, su identidad de género o su expresión de género. Esta declaración tan solo es el primer paso para llevar a cabo actuaciones concretas que promuevan una igualdad efectiva eliminando cualquier tipo de discriminación hacia las personas de Géneros y Sexualidades Diversas.
2. El Ayuntamiento pondrá en marcha campañas educativas y campañas de concienciación y formación de la sociedad en general y de la comunidad educativa: alumnado, profesorado y ampas. Para ello se llevarán a cabo:
a) Impartición de talleres en todos los ámbitos.
b) Adquisición por parte de la biblioteca municipal de libros, revistas y materiales, en diferentes soportes, que traten sobre educación sexual y sexualidad en general, y más específicamente temáticas de Géneros y Sexualidades Diversas, así como literatura juvenil e infantil que visibilice a parejas del mismo sexo/género, a familias homoparentales y otras muestras de diversidad familiar, y a diferentes expresiones de identidad de género.
c) Inclusión de actividades culturales y de animación sobre diversidad familiar y diferentes expresiones de identidad de género en las actividades infantiles organizadas por el Ayuntamiento en distintos ámbitos.
d) Inclusión de campañas y actividades que promuevan el respeto activo a la diversidad familiar y diferentes expresiones de identidad de género entre la población mayor, a través de los servicios sociales y centro de mayores.
3. El Ayuntamiento impartirá formación específica sobre los delitos de odio y la discriminación hacia las personas de Géneros y Sexualidades Diversas a la Policía Municipal, para que pueda actuar mejor contra este tipo de discriminaciones y pueda dar un mejor servicio a las víctimas.
4. El Ayuntamiento incluirá en el Plan Municipal de Igualdad actuaciones para fomentar la visibilidad de las personas de Géneros y Sexualidades Diversas y la lucha contra la discriminación hacia las Personas de Géneros y Sexualidades Diversas como elemento conexo al machismo. De igual forma, toda persona cuya identidad de género sea la de mujer, independientemente de su sexo asignado al nacer, podrá acceder en condiciones de igualdad a los recursos existentes para las mujeres víctimas de malos tratos.
5. El Ayuntamiento se compromete a presionar y negociar con los gobiernos central y autonómico para la aprobación y desarrollo de una Ley de Identidad y Expresión de Género, que responda a las necesidades reales de las personas trans en los ámbitos educativos, sanitarios, laborales, etc., como ya han llevado a cabo diversas comunidades autónomas, en concreto las de Navarra, País Vasco, Galicia, Cataluña, Canarias, Andalucía, Extremadura y Madrid. De igual forma, el Ayuntamiento se compromete a presionar y negociar con los gobiernos central y autonómico para la aprobación y desarrollo de una Ley Contra la Discriminación hacia las Personas de Géneros y Sexualidades Diversas, como ya ha llevado a cabo Cataluña.
6. El Ayuntamiento dará apoyo institucional para la conmemoración del 17 de mayo, Día Internacional Contra la Discriminación hacia las personas de Géneros y Sexualidades Diversas, y del 28 de junio, Día Internacional del Orgullo. Este apoyo incluirá, para ambos días, el izado de la bandera arcoíris, símbolo de la diversidad sexual y de género, en la Casa Consistorial, así como la iluminación arcoíris de la fachada del Ayuntamiento.
7. El Ayuntamiento manifiesta su rotunda condena a cualquier legislación, de cualquier lugar del mundo, que criminalice y persiga a las personas de Géneros y Sexualidades Diversas y/o a las personas y organizaciones sociales que defiendan los Derechos Humanos de las personas de Géneros y Sexualidades Diversas. De igual forma, el Ayuntamiento instará al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, tanto al presente que está en funciones como al próximo que se forme, a que traslade la condena y repulsa del Gobierno Español contra las mencionadas legislaciones, solicitando su inmediata retirada a cada país donde se estén produciendo actualmente o se produzcan a partir de ahora, y que establezca un protocolo que garantice una especial atención en nuestras delegaciones diplomáticas a los procedimientos y solicitudes de asilo y refugio de las personas procedentes de aquellos países donde se persigue a las personas de Géneros y Sexualidades Diversas y a quienes defienden sus Derechos Humanos.
8. El Ayuntamiento apoyará proyectos de Cooperación al Desarrollo con poblaciones de Géneros y Sexualidades Diversas, haciendo especial hincapié en proyectos de Educación para el Desarrollo y sensibilización que den a conocer la vulneración de Derechos Humanos de las personas de Géneros y Sexualidades Diversas en diferentes países del mundo promoviendo su cumplimiento. Igualmente instamos a que el Ayuntamiento presione sobre el Gobierno Autonómico para que apoye dichos proyectos para impedir que las personas de Géneros y Sexualidades Diversas puedan ser condenadas a prisión, a pena de muerte, o incluso ser perseguidas y asesinadas por su orientación sexual a instancias o con el beneplácito de los propios gobernantes, de manera que se promuevan espacios de convivencia donde sea posible y se apoye a personas activistas que se ven perseguidas por la defensa de la igualdad social y legal de las personas de Géneros y Sexualidades Diversas.
9. El Ayuntamiento instará, que se promuevan cambios en la Ley, cambios que ya recogen leyes autonómicas como la de Navarra, y que citan expresamente en su artículo 2: “se considera pareja estable la unión libre y pública, en una relación de afectividad análoga a la conyugal, con independencia de su orientación sexual”, promoviendo así la ampliación de derechos de la Ley de Parejas de Hecho a la vez que se expresa sin ninguna ambigüedad la igualdad de derechos de todo tipo de parejas con independencia de su orientación sexual, siguiendo el principio de no discriminación que también cita la ley Navarra en su primer artículo.
10. El Ayuntamiento de La Robla, trasladará la presente moción:
a) A las organizaciones sociales que luchan contra la discriminación hacia las personas de Géneros y Sexualidades de la Comunidad Autónoma.
b) Al Gobierno Autonómico (Consejerías con competencias en Educación, Sanidad, Servicios Sociales, Empleo y Cooperación para el Desarrollo).
c) Al Gobierno Central (Ministerio con competencias en Asuntos Exteriores y Cooperación para el Desarrollo).

En la Robla a 17 de mayo de 2016

jose antonio diago sanche

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MOCIONES PRESENTADAS PARA SU DEBATE EN EL PROXIMO PLENO.

Mensaje  jose antonio diago sanche el Jue Nov 10, 2016 10:16 am

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LA ROBLA
El Grupo Municipal de Izquierda Unida, La Robla en Común, en el Ayuntamiento de LA ROBLA, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su aprobación la siguiente MOCIÓN POR UN MUNICIPIO LIBRE DEL TRÁFICO DE MUJERES Y NIÑAS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La prostitución es una forma de explotación que debe ser abolida y no una profesión que hay que reglamentar porque es una forma de violencia de género extrema: «lo que las mujeres prostituidas y hombres tienen que soportar equivale a lo que en otros contextos correspondería a la definición aceptada de abuso sexual y violación reiterada. ¿El hecho de que se pague una cantidad de dinero puede transformar ese abuso en un «empleo», al que se le quiere dar el nombre de “trabajo sexual”?
Regular la prostitución legitima implícitamente las relaciones patriarcales: equivale a aceptar un modelo de relaciones asimétricas entre hombres y mujeres, establecer y organizar un sistema de subordinación y dominación de las mujeres, anulando la labor de varios decenios para mejorar la lucha por la igualdad de las mujeres.
Al legitimarla se convierte en un soporte del control patriarcal y de sujeción sexual de las mujeres, con un efecto negativo no solamente sobre las mujeres y las niñas que están en la prostitución, sino sobre el conjunto de las mujeres como grupo, ya que la prostitución confirma y consolida las definiciones patriarcales de las mujeres, cuya función sería la de estar al servicio sexual de los hombres.
Si reglamentamos la prostitución, integrándola en la economía de mercado, estamos diciendo que esto es una alternativa aceptable para las mujeres y, por tanto, si es aceptable, no es necesario remover las causas, ni las condiciones sociales que posibilitan y determinan a las mujeres a ser prostituidas. A través de este proceso, se refuerza la normalización de la prostitución como una «opción para las pobres».
Si convertimos esta violencia en una profesión como otra cualquiera para las mujeres. ¿Cómo podremos educar para la igualdad en una sociedad donde las niñas sabrán que su futuro puede ser prostitutas, viendo a otras exhibirse en escaparates al estilo del barrio rojo de Holanda, y los chicos sabrán que puede usarlas para su disfrute sexual si tienen el suficiente dinero para pagar por ello?
En una sociedad que regule la prostitución estamos socializando a niños y niñas en valores claramente diferenciados: A los niños, en que ellos como hombres, van a poder comprar, pagar por usar, el cuerpo, la atención, el tiempo… de las mujeres. Y a las niñas, en que ellas como mujeres, pueden estar al servicio de los hombres. Quizás no ellas personalmente o directamente, pero sí las mujeres, muchas mujeres. Si se regula la prostitución, educar en la igualdad en nuestras ciudades va a ser imposible.
Por eso compartimos y defendemos claramente la ambiciosa postura del movimiento abolicionista que busca ir a la raíz de un problema que afecta a los derechos humanos. Derechos que en tanto que esenciales están fuera de discusión: los de toda persona a no ser abusada ni utilizada sexualmente, ni de forma gratuita ni a cambio de ninguna compensación económica. De ahí que el foco debamos dirigirlo a las personas que demandan, la clientela, los prostituidores. Porque sin demanda, la oferta desaparece.
Estamos inmersos no solo en una lucha económica, sino también en una lucha ideológica, de valores y en una lucha por construir otra subjetividad y otra conciencia social. Si queremos construir realmente una sociedad en igualdad hemos de centrar las medidas en la erradicación de la demanda, a través de la denuncia, persecución y penalización del prostituidor (cliente) y del proxeneta: Suecia penaliza a los hombres que compran a mujeres o niños con fines de comercio sexual, con penas de cárcel de hasta 6 meses o multa, porque tipifica este delito como «violencia remunerada». En ningún caso se dirige contra las mujeres prostituidas, ni pretende su penalización o sanción porque la prostitución es considerada como un aspecto de la violencia masculina contra mujeres, niñas y niños.
Cambiar el destino de las mujeres y hombres que están en la prostitución pasa por plantear un sistema económico justo y sostenible que incorpore en igualdad a ambos sexos. Cambiar su destino pasa por perseguir a las mafias y no favorecer su instalación en nuestro país con leyes permisivas y con modelos económicos basados en el ladrillo o en “Eurovegas” en nuestras ciudades. Cambiar su destino pasa por transformar la mentalidad de esos varones, no sólo con multas que les quiten las ganas sino con una educación que obligue a los medios a cambiar la imagen de la mujer como objeto sexual y a los hombres a corresponsabilizarse emocional y vitalmente. Cambiar su destino pasa porque los derechos de las mujeres dejen de ser derechos de segunda y pasen a formar parte de verdad de los derechos humanos.
Se dice que la prostitución siempre ha existido, dicen. También las guerras, la tortura, la esclavitud infantil, la muerte de miles de personas por hambre. Pero esto no es prueba de legitimidad ni validez. Tenemos el deber de imaginar un mundo sin prostitución, lo mismo que hemos aprendido a imaginar un mundo sin esclavitud, sin apartheid, sin violencia de género, sin infanticidio ni mutilación de órganos genitales femeninos. Sólo así podremos mantener una coherencia entre nuestros discursos de igualdad en la sociedad y en la educación y las prácticas reales que mantenemos y fomentamos.
Por eso nuestro municipio debe implicarse activamente, hoy más que nunca, en esta lucha por la igualdad de hombres y mujeres apostando por la abolición de la prostitución empezando este compromiso por unirnos a la red de ciudades libres del tráfico de mujeres, niñas y niños destinados a la prostitución
Por todo lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno del Ayuntamiento de LA ROBLA, que adopte los siguientes
ACUERDOS:
1. Nuestro Ayuntamiento se adhiere a la red de ciudades libres del tráfico de mujeres, niñas y niños destinados a la prostitución.
2. Nuestro Ayuntamiento diseñará una campaña periódica para sensibilizar y convencer a la población de que la prostitución es igual a violencia de género y explotación sexual de las mujeres, visibilizando al denominado eufemísticamente «cliente», siempre en el anonimato y justificado socialmente, buscando deslegitimar social y públicamente a los prostituidores, protagonistas, actores responsables y cómplices activos en esta forma de violencia de género.
3. Nuestro Ayuntamiento exigirá al Gobierno Central y a nuestra Comunidad Autónoma que se aplique realmente la ley, persiguiendo el tráfico de mujeres y personas, y a los proxenetas que están campando por sus fueros en los clubes y burdeles de carretera que todo el mundo conoce.
4. En colaboración con la Administración Central y Autonómica nuestro Ayuntamiento centrará la acción en la erradicación de la demanda, a través de la denuncia, persecución y penalización del prostituidor (cliente) y del proxeneta, exigiendo al Gobierno Central que establezca de forma urgente una normativa que penalice, como en Suecia, a los hombres que compran a mujeres con fines de comercio sexual, con penas de cárcel de hasta 6 meses y multa.
5. Nuestro Ayuntamiento, siguiendo el ejemplo de la normativa sueca, en ningún caso dirigirá su acción contra las mujeres prostituidas, ni pretenderá su penalización o sanción, sino que, en colaboración con la Administración Central y Autonómica, proveerá de fondos para servicios sociales integrales que sean dirigidos a cualquier prostituta que desee dejar esa ocupación ayudando a las mujeres que abandonen la prostitución.
6. Nuestro Ayuntamiento apostará también por una intervención preventiva de las causas frente a la represora de las consecuencias, exigiendo al gobierno y a las administraciones centrales y autonómicas erradicar la precariedad del mercado laboral y las condiciones de explotación que en él se viven, que provocan el que la prostitución sea a veces la única alternativa para poder pagar las deudas o mantener a la familia. En vez de beneficiarse de los impuestos recaudados de la industria del sexo, exigiremos al gobierno que embargue los bienes de la “industria del sexo” e invertirlos en el futuro de las mujeres que están en la prostitución proporcionando recursos económicos y alternativas reales.
7. Nuestro Ayuntamiento instará al Gobierno Central y Autonómico para que establezca normativa que impida que los medios de comunicación, tanto impresos como audiovisuales, se lucren con la explotación sexual de las mujeres ofertando servicios sexuales en anuncios o publicidad, que suponen una forma de colaborar con la prostitución que controlan proxenetas y mafias y una forma de colaborar con violencia contra las mujeres.
8. Dar traslado de la presente Moción al Gobierno Central, al Gobierno de la Comunidad Autónoma y a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado


MOCIÓN EXIGIENDO LA PARALIZACIÓN DE LAS REVÁLIDAS, DEROGAR LA LOMCE Y REVERTIR LOS RECORTES EDUCATIVOS

El grupo municipal de Izquierda Unida, La Robla en Común, en el Ayuntamiento de LA ROBLA al amparo de lo dispuesto en el artículo 97.3 del Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta al pleno corporativo la siguiente

MOCION EXIGIENDO LA PARALIZACIÓN DE LAS REVÁLIDAS, DEROGAR LA LOMCE Y REVERTIR LOS RECORTES EDUCATIVOS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La comunidad educativa exige la retirada inmediata del Decreto de REVÁLIDAS, impuesto por el gobierno en funciones del PP en contra de las propias Comunidades Autónomas que lo tendrían que aplicar; exige la reversión de los RECORTES educativos, que han supuesto el deterioro de la educación pública con la expulsión de miles de docentes de sus aulas; y la DEROGACIÓN de la LOMCE, que prosigue implantándose, pese a haber sido RECHAZADA por la gran mayoría de la comunidad educativa y por el Congreso de los Diputados hasta en dos ocasiones en los últimos meses.
El pasado 29 de julio de 2016, el Gobierno en funciones aprobó en consejo de ministros el Real Decreto 310/2016 por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, pruebas comúnmente conocidas como reválidas, y previstas en la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Dichas pruebas, cuya puesta en marcha está programada para este curso 2016/2017, y que afectarán a alrededor de 335.991 alumnos de ESO y otros 229.332 de Bachillerato, según datos del propio Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, obliga a los alumnos a tener que someterse a un examen antes de poder obtener el correspondiente título académico, aunque hubiese aprobado todas las asignaturas.
El alumnado de 4º de la ESO y 2º de Bachillerato que suspenda la prueba, habiendo superado la ESO o Bachillerato, se verán expulsados del sistema educativo, dejando sin validez alguna los años cursados durante cada etapa o, en el caso de la ESO, abocados a retroceder en el sistema yendo a la Formación Profesional Básica (FPB) que ofrece un bajo nivel formativo y la cualificación profesional más baja que existe en España.
Este modelo de evaluaciones estandarizadas, que se han convertido en el objetivo fundamental de reformas neoliberales que, como la LOMCE, supuestamente tratan de “elevar” los resultados educativos con un control burocrático sobre las prácticas escolares y la profesión docente. Pero está sobradamente demostrado que este tipo de pruebas estandarizadas solo sirven para fomentar un aprendizaje fundamentalmente memorístico y descontextualizado. Y es que las reválidas, por sí mismas, no mejoran ni cambian nada. La experiencia de EEUU, que abusa de este tipo de pruebas externas, indica que los resultados han sido un desastre y ha reforzado la mediocridad del sistema. Sólo están sirviendo para segregar y excluir a las hijas y los hijos de la clase trabajadora a la hora de acceder a determinados niveles y centros educativos.
Está claro que las reválidas no están al servicio de la mejora de la educación, sino que su finalidad es seleccionar, y tienen efectos negativos sustancialmente perjudiciales:
a) La presión sobre los niños y niñas para que tengan resultados acomodados a las pruebas.
b) El estrés del control continuo y permanente, como si solo se pudiera aprender mediante la presión y el miedo al examen, olvidando la curiosidad y la motivación por conocer.
c) La deslegitimación de la función docente y la desconfianza hacia el profesorado, ya que no es el profesorado que tiene docencia directa con el alumnado el que lo evalúa, pues se le expulsa del proceso de valoración final.
d) La degradación de contenidos: se acaba estudiando lo que se somete a examen, y se centra el tiempo y los esfuerzos docentes en preparar al alumnado para superar pruebas y exámenes, como ya pasa en 2º de Bachillerato de cara a la selectividad.
e) El control sobre el trabajo docente y la pérdida de su autonomía educativa, al convertirse el profesorado en “preparadores de pruebas”.
f) El coste económico para el sistema, tan alto como inútil, por la realización de las múltiples pruebas externas todos los años; y el coste para las familias del alumnado que haya suspendido, cuando tengan que pagar academias para repetir la reválida.
g) La injusticia para el alumnado, que ha de jugarse en una prueba externa varios años de escolarización, frente a la función de la evaluación como instrumento de mejora de la educación, respetando la diversidad y los ritmos de aprendizaje.
h) La publicidad de estas pruebas en rankings, hasta ahora prohibida, configurando listados de centros ordenados en función de las puntuaciones obtenidas por el alumnado, que convierte la evaluación en un mecanismo de competición entre centros y no de cooperación; traslada la responsabilidad de estos resultados a los centros y al profesorado, pues a los docentes es a quienes primero se responsabiliza de los malos resultados, sin tener en cuenta el conjunto de factores asociados a los rendimientos escolares; y fomenta la posible selección por parte de los centros de cierto alumnado que no les haga descender en el ranking, evitando "cargar" con quienes tienen más dificultades de aprendizaje y pueden estropear el puesto obtenido.
En definitiva, estas pruebas de evaluación final o reválidas, junto con otras recientemente adoptadas como la de 6º de Primaria y las evaluaciones externas ya implantadas, sólo sirven para estigmatizar al alumnado, profesorado y centros, generando un mercado, según la concepción neoliberal y en sintonía con el carácter fundamental de la LOMCE, de elección de aquellos centros que ocupan lugares más destacados en detrimento del resto, incrementando las desigualdades estructurales, muy lejos del carácter compensador que debe tener el sistema educativo en pro de la equidad y la cohesión social.
Frente a este modelo educativo neoliberal basado en el control, la presión y el miedo al examen, debemos apostar por un modelo educativo basado en enfocar la educación como un proceso de descubrimiento apasionante que estimule la creatividad y el desarrollo integral de nuestras jóvenes generaciones y apoyar la lucha de los representantes de todos los sectores de la comunidad educativa (madres y padres, estudiantes y profesionales de la educación) contra los brutales recortes presupuestarios educativos que superan ya los 7.000 millones de euros y con el compromiso añadido de este gobierno con la Troika de recortar todavía más en educación hasta dejarnos en un 3,9 del PIB, cuando la media de la UE está en un 6,2 y países como Finlandia superan el 7% del PIB, que tiene como objetivo encubierto el desmantelamiento de servicio público educativo.
Por eso, ahora más que nunca debemos defender un modelo de educación pública inclusiva, igualitaria, laica, de calidad, gratuita y democrática, único garante real del derecho universal a la educación en condiciones de igualdad.
Por todo lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno del Ayuntamiento de LA ROBLA que adopte los siguientes
ACUERDOS:
1. INSTAR al Gobierno de la Nación a que derogue de manera inmediata el Real Decreto 310/2016 por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
2. INSTAR al Ministerio de Educación, a que convoque con carácter urgente la Conferencia Sectorial de Educación para tratar la derogación de dicho Real Decreto, como así le han trasladado la gran mayoría de los Consejeros de Educación autonómicos.
3. INSTAR al Consejero de Educación de la Comunidad a que se sume a la reivindicación del resto de Consejeros autonómicos que abogan por un gran acuerdo de las Comunidades Autónomas, rechazando la propuesta de Real Decreto del Gobierno y pidiendo la derogación inmediata del mismo.
4. INSTAR a la Consejería de Educación de la Comunidad y al Ministerio de Educación a revertir los recortes en educación y equiparar la inversión en educación pública a la media de la UE del 6.2% del PIB en esta legislatura.
5. INSTAR a todos los partidos firmantes del acuerdo de derogación de la LOMCE a que lo lleven a cabo de forma inmediata cumpliendo su compromiso.
6. DAR TRASLADO de la presente Moción al Gobierno Central, al Gobierno de la Comunidad Autónoma, a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado, así como a la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública, sindicatos de enseñanza y Asociaciones de Madres y Padres de los centros escolares de nuestro municipio.
MOCIÓN DE APOYO A LA PROPOSICIÓN DE LEY PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE RÉGIMEN LOCAL PRESENTADA EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LA ROBLA


El Grupo Municipal de Izquierda Unida, La Robla en Común en el Ayuntamiento de LA ROBLA al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su aprobación la siguiente

Las Administraciones Locales han sido una de las grandes perjudicadas por las políticas de austeridad llevadas a cabo en los últimos años por el Gobierno central del Partido Popular. La modificación del artículo 135 de la Constitución Española en el año 2011 elevó al máximo exponente normativo el concepto de “estabilidad presupuestaria”, que fue posteriormente desarrollado a través de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y cuya puntilla puso la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local conocida como “Ley Montoro”.

Desde entonces, las reformas impulsadas desde el Gobierno Central han supuesto un retroceso considerable en la autonomía de los gobiernos locales. Nos encontramos ante una situación de emergencia histórica en el municipalismo , y por ello es urgente e imprescindible acabar con la asfixia competencial y financiera actual que la Ley 27/2013 somete a los municipios. Una Ley que además contó, desde su tramitación, con el absoluto rechazo de casi todas las fuerzas parlamentarias representadas en las Cortes Generales. Muestra de ello es el nulo consenso que se generó durante su elaboración y aprobación, así como el recurso de inconstitucionalidad interpuesto ante el Tribunal Constitucional por parte de casi todo el arco parlamentario, que se unió a los presentados y admitidos por distintos Parlamentos y Gobiernos Autonómicos.

En el caso de los municipios, han sido más de 3.000 ayuntamientos de todo el Estado español, que representan a más de 16 millones de ciudadanos y ciudadanas, los que expresaron su rechazo a esta normativa y salieron en defensa de la autonomía local.

Supuestamente, el objetivo de la Ley 27/2013 era ajustar el funcionamiento de las Administraciones Locales a la coyuntura económica bajo el pretexto del despilfarro, el solapamiento de competencias y el incumplimiento financiero; sin embargo, los efectos que en realidad se ha producido han sido una merma importante en los servicios públicos prestados por los entes locales, un incremento de las privatizaciones con su consecuente aumento de costes para la administración y una reducción en las competencias municipales.

En este sentido, la ley introdujo cambios sustanciales en el funcionamiento de Ayuntamientos, Diputaciones (o similares) y Comunidades Autónomas amputando garantías democráticas, de representación y participación ciudadana, recortando servicios sociales que se prestaban en los municipios de manera satisfactoria, y, en consecuencia, atentando contra el ámbito competencial de las CCAA y contra la autonomía local, como incluso ha declarado el propio Tribunal Constitucional.

Por todo lo anterior, el pasado día 4 de octubre de 2016 se registró en el Congreso de los Diputados la Proposición de Ley para la aplicación de medidas urgentes en materia de régimen local por el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que contó con el apoyo de los Ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Zaragoza, Cádiz, A Coruña o Valencia, entre otros. Con dicha Proposición se pretende volver temporalmente al consenso anterior a 2013, e implementar medidas urgentes que permitan a los Ayuntamientos, hasta que haya una nueva Ley de Bases de Régimen Local, prestar los servicios esenciales necesarios para el funcionamiento de nuestras ciudades. En la misma se entiende que el ámbito local constituye un espacio fundamental para la defensa y la lucha de derechos sociales como el derecho a la sanidad, a la educación o a la vivienda y que por tanto es necesario sentar las bases del nuevo municipalismo del Siglo XXI, que tenga como bases la elaboración de una nueva Ley de Bases de Régimen Local, para clarificar y aumentar las competencias de los Entes Locales; garantizar un nuevo sistema de financiación local que asegure derechos y la prestación de servicios esenciales; y garantizar la transparencia y la participación directa y vinculante de la ciudadanía.

En definitiva se trata de construir ciudades con derechos, y recuperar los derechos de las personas que las habitan.


Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, La Robla en Común, propone a este Pleno del Ayuntamiento, los siguientes ACUERDOS:


1. Apoyar la tramitación de dicha proposición de ley y, por consiguiente, apoyar la derogación y modificación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local en el Congreso de los diputados.

2. Instar al Gobierno Central y a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados a que faciliten y apoyen un proceso participativo en el que estén representados los entes locales, las asociaciones de municipios, la sociedad civil y la ciudadanía en su conjunto, donde se elaboren las bases para la construcción del nuevo municipalismo del siglo XXI. Las bases de este nuevo municipalismo deben partir de la asunción de nuevas competencias, de garantizar una financiación adecuada y suficiente para las corporaciones locales, y de garantizar la transparencia y la participación vinculante de la ciudadanía.

3. Dar traslado de este acuerdo al Gobierno Central y a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados.


AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LA ROBLA
El Grupo Municipal de Izquierda Unida en Común en el Ayuntamiento de LA ROBLA, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su aprobación la siguiente MOCIÓN, con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, “BASTA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES”
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La política y la cultura patriarcal es la responsable de que las mujeres sigamos soportando una violencia que no cesa. El neoliberalismo se ha convertido en correa de transmisión de los poderes fácticos, la socialdemocracia ha investido al capitalismo más feroz. Por eso, la izquierda tiene que reivindicar, con mucha más fuerza, que la violencia contra las mujeres es una prioridad política y no una nota irrelevante de los discursos.
No sólo el trágico balance de asesinatos en lo que llevamos de año en nuestro país, demuestra que la violencia sexista sigue asentada como parte normalizada de la “convivencia”; sino que los datos específicos y concretos de manifestaciones violentas contra las mujeres, nos llevan a concluir que los gobiernos no responden adecuadamente contra esta lacra. La violencia agrede la vida de las mujeres en todos los espacios, en todas las situaciones sociales, territoriales, culturales, incluso económicas. La violencia recorre nuestras vidas; el uso de nuestros cuerpos (explotación sexual, prostitución, vientres de alquiler,..), incluso algunos, pretenden regularlo y normalizarlo.
Sólo una sociedad fundamentada y asentada en la igualdad real, impediría que la crisis económica pudiera servir de pretexto o explicación de que en todos los lugares del mundo, las mujeres sigamos teniendo menores salarios en iguales trabajos y menos oportunidades; de que la mayoría de las responsabilidades domésticas y de cuidados recaigan sobre nosotras; que la representación en los ámbitos públicos sea todavía hoy noticia; que la Historia siga siendo contada de forma sesgada y que el reconocimiento de nuestras aportaciones, siga escondido en sus rincones, que la cosificación de las mujeres con fines comerciales esté patentada; que la explotación sexual de mujeres y niñas esté permitida como forma de riqueza y que la feminización de la pobreza siga siendo un marcador de la desigualdad.



Como no basta con Declaraciones Institucionales, el Ayuntamiento en Pleno, comprometida contra la violencia hacia las mujeres, ACUERDA:
I. Comprometerse a hacer políticas reales y efectivas por la igualdad y contra la violencia de género y a destinar esfuerzos y presupuestos suficientes para, que social e institucionalmente, exista Tolerancia Cero contra la desigualdad y la violencia contra las mujeres.
II. Destinar en los Presupuestos de 2017, al menos, un 5% para políticas de igualdad y contra la violencia de género. Dichas dotaciones presupuestarias se realizarán de forma transversal desde todas las delegaciones municipales, y se destinarán especialmente para implementar programas destinados a la prevención, sensibilización; destinando estos fondos para acciones directas y estructurales.
III. Instamos al Congreso de los Diputados, a la modificación de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, para dotarla de un carácter verdaderamente integral, donde se recojan todos los tipos de violencia de género, se desarrolle las medidas de prevención y sensibilización social, se recoja una red de recursos reales y efectivos y se responsabilice y estructure las competencias y responsabilidades de las diferentes administraciones públicas. Asimismo, instamos al Parlamento de Castilla y León, para que modifique la Ley autonómica, en el mismo sentido.

jose antonio diago sanche

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MOCIÓN PARA QUE "EN LA ROBLA NADIE PASE FRiO"

Mensaje  jose antonio diago sanche el Sáb Feb 04, 2017 8:40 am

El Grupo Municipal de Izquierda Unida, La Robla en Común, en el Ayuntamiento de La Robla, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen

MOCION

Ante la ineficacia del Bono Social en la práctica y con el fin de que “EN LA ROBLA, NADIE PASE FRiO”, creemos que es necesario acordar unas medidas concretas que resuelvan REALMENTE la situación de estas unidades familiares, permitiéndolas beneficiarse de ayudas locales. Consideramos que es inadmisible que familias con bajos ingresos deban elegir en muchas ocasiones, entre pagar la cesta de la compra o calentarse en invierno.

El Bono Social ha demostrado ser una medida que maquilla el problema, pero que realmente deja fuera a dos terceras partes de las personas afectadas, a la vez que subvenciona a hogares con rentas altas. El hecho de poder acceder al Bono Social no solamente por la renta, sino también por la condición familiar (ser familia numerosa con ingresos superiores a 38.000€ anuales y tener potencia instalada inferior a 10Kw) ya supone una clara discriminación. A esto hay que añadir el escandaloso incremento del precio de la luz y la insuficiente sección de línea instalada en gran parte de los hogares afectados, lo que imposibilita que puedan beneficiarse de calefacción eléctrica.

Con fecha 29 de Enero de 2014, aprobamos por unanimidad una Moción en la que se acuerda que “el Ayuntamiento de La Robla elaborará un plan contra la pobreza energética, con el objetivo de garantizar el derecho de la ciudadanía a los suministros básicos del hogar, que permita identificar, prevenir y corregir las situaciones detectadas”. Con el fin de desarrollar dicho plan aprobamos en el Pleno del 14 de febrero de ese mismo año, con los votos de PSOE e IU, otra MOCIÓN para modificar las ORDENANZAS FISCALES Nº12, Nº13 y Nº1 y aplicar a las mismas lo aprobado para el Articulo 10º de la ORDENANZA FISCAL Nº11, que establece el SMI como base de cálculo. Acordamos además que dicho Artículo regulara las condiciones económicas recogidas en la Moción que habíamos aprobado para subvencionar la pobreza energética, con el fin de suplir las carencias del Bono Social. Estos acuerdos lejos de cumplirse, fueron modificados en el Pleno del 17 de Octubre de 2015, sustituyendo el SMI por el IPREM como base para realizar los cálculos para conceder las ayudas. Esta modificación supone una disminución en el límite de la cuantía económica para optar a la ayuda de un 33%, debido a que el SMI se incrementa de forma anual, mientras que el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) lleva con éste, siete años congelado.

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, La Robla en Común, propone a este Pleno del Ayuntamiento, los siguientes:

ACUERDOS

1º.- Aplicar nuevamente el SMI en vez del IPREM, como base para establecer los límites en las rentas en la concesión de ayudas sociales, cumpliendo así lo acordado en las distintas Mociones anteriormente mencionadas.
2º.- Valorar la necesidad de cada unidad familiar de forma individual, con el fin de adaptar la ayuda a cada caso particular.
3º.- Que las ayudas por pobreza energética, se extiendan a todo tipo de combustible utilizado comúnmente para calefacción.
4º.- Publicitar de forma adecuada estas ayudas con el fin de que todos los vecinos sean informados de su existencia.

jose antonio diago sanche

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MOCIÓN CONTRA LA POBREZA ENERGETICA

Mensaje  jose antonio diago sanche el Sáb Feb 04, 2017 8:44 am

MOCIÓN PARA RECLAMAR LA PARALIZACIÓN DE LOS CORTES DE LUZ A LAS FAMILIAS CON PROBLEMAS ECONÓMICOS Y EXIGIR AL GOBIERNO UNA TARIFA ASEQUIBLE PARA LOS CONSUMIDORES DOMÉSTICOS Y UNA AUTÉNTICA TARIFA SOCIAL PARA FAMILIAS CON BAJOS NIVELES DE RENTA.

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LA ROBLA

El Grupo Municipal de Izquierda Unida, La Robla en Común, en el Ayuntamiento de La Robla, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su aprobación la siguiente

MOCIÓN

La pobreza energética se ha convertido, desde el estallido de la crisis en 2007, en uno de los principales problemas sociales y económicos de nuestro país, al haberse sumado al desempleo y a la reducción de salarios, una escandalosa subida de las tarifas eléctricas. Son ya unos siete millones de personas las que tienen dificultades para pagar la factura de la luz y más de cinco millones se quedarán sin calefacción durante este invierno. Aunque cada año mueren en España más personas por falta de suministros en sus hogares que por accidentes de tráfico, a los afectados por la pobreza energética se les sigue invisibilizando.

Los aumentos indiscriminados de las tarifas de la luz que se han encarecido un 25% en los últimos seis meses, han agravado aún más la situación económica de muchísimas familias; además las grandes compañías se niegan a realizar una auditoría que permita determinar los costes reales de la producción eléctrica, a la vez que promueven un sistema que favorece la especulación.

Las tres mayores eléctricas se han embolsado más de 56.000 millones de euros en beneficios desde el inicio de la crisis, mientras sostienen una deuda millonaria con la ciudadanía. Entre 1998 y 2006, las grandes eléctricas cobraron ilegalmente más de 3.500 millones de dinero público en concepto de Costes de Transición a la Competencia (CTCs).

Con esta situación, se ha constatado que el Bono Social no soluciona el problema de la pobreza energética, ya que sigue suponiendo una tarifa muy elevada, que ni siquiera se aplica por criterios de renta y que para colmo, ha dejado fuera a dos terceras partes de las personas afectadas, a la vez que subvenciona a hogares con rentas altas. Se trata en definitiva de una medida que intenta maquillar la realidad pero que en la práctica es totalmente ineficaz; de hecho dos sentencias dictadas por el Tribunal Supremo el pasado octubre anulan el sistema de financiación del llamado Bono Social, lo cual deja en evidencia el fracaso del actual modelo energético, que inexplicablemente obliga a los usuarios a indemnizar a las eléctricas con más de 500 millones.

En resumen, el oligopolio eléctrico ha abusado de su situación de privilegio vulnerando los derechos de los consumidores, por lo que consideramos apremiante poner fin a la dramática situación de pobreza energética que viven millones de personas en nuestro país. España tiene que respetar los compromisos adquiridos en el marco internacional y garantizar el cumplimiento del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Observación general Número 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, según las cuales un nivel de vida digno requiere de una vivienda adecuada con acceso a suministros básicos como luz, agua y calefacción. Así mismo debe cumplirse la legislación europea sobre suministro eléctrico, que obliga a los Estados miembros a proteger a los usuarios vulnerables y a prohibir los cortes de luz en periodos críticos (artículo 3 de la Directiva 2009/72/CE, de 13 de julio de 2009).

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, La Robla en Común, propone a este Pleno del Ayuntamiento, los siguientes ACUERDOS:

1°.- Instar al Gobierno Central a prohibir por Ley todos los cortes de luz a familias con problemas económicos. Las compañías eléctricas deberán dirigirse a la Administración para comprobar la situación de las familias que no abonen sus recibos y si están en una situación de vulnerabilidad económica, no podrán cortarles el suministro eléctrico y tendrán que asumir ellas el coste de la factura.
2º.-Instar al Gobierno Central a poner fin a los abusos tarifarios aprobando una tarifa asequible, a la que podrán acogerse todos los consumidores domésticos en su primera residencia.
3°.- Instar al Gobierno Central a crear en sustitución del Bono Social, una auténtica tarifa social para familias con bajos niveles de renta y a realizar los trámites oportunos para que sea sufragada por las propias compañías eléctricas.
4°.- Instar al Gobierno Central a realizar las gestiones necesarias para el reconocimiento y la devolución, por parte de las grandes eléctricas, de los 3.500 millones de euros que cobraron indebidamente en conceptos de Costes de Transición a la Competencia (CTCs).
5°.- Instar al Gobierno Central a realizar una Auditoría al sistema eléctrico, analizando todos los costes desde que se puso en marcha la liberalización del sector con el objetivo de determinar el precio real de las tarifas eléctricas
6°.- Instar al Gobierno Central a aplicar a la electricidad el tipo de IVA súper-reducido del 4% en vez del 21% , al considerarla un servicio esencial para la ciudadanía.
7°.- Dar traslado de este acuerdo al Gobierno Central y a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados.

jose antonio diago sanche

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Re: MOCIONES DE IZQUIERDA UNIDA

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