MOCIONES DE IZQUIERDA UNIDA

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MOCION POR UN SERVICIO DEL SAM ITINERANTE

Mensaje  jose antonio diago sanche el Sáb Feb 25, 2017 6:15 am

AL PLENO DEL AYTO DE LA ROBLA

El Grupo Municipal de Izquierda Unida, La Robla en Común, al amparo de lo establecido en la legislación vigente presentan para su debate y en su caso aprobación por el pleno la siguiente Moción: solcitando la ampliación de los recursos humanos en el sam y que este sea un servicio itinerante en la provincia de león

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La provincia de León tiene 1.231 pedanías o entidades locales menores.
Las juntas vecinales gestionan recursos y territorios muy valiosos en el momento actual, sobre los que continuamente se está creando nueva legislación (aprovechamientos de madera, montes, micología, agua, etc.)
La provincia de León tiene una extensión de más de15.584km2 y una red escasa de transporte público.
Teniendo en cuenta que la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local 7/1985, en su art. 36.1.b), atribuye a las Diputaciones, como competencia propia, la “asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica de los municipios”.
Teniendo en cuenta que la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local 7/1985 establece que las Diputaciones prestarán los servicios de asistencia jurídica, económica y técnica a los Ayuntamientos, Juntas Vecinales, Mancomunidades y demás Entes Locales que pudieran existir en la Provincia, a excepción de las Entidades Locales cuyo ámbito territorial se encuentre comprendido en la Comarca del Bierzo y las de población superior a 20.000 habitantes.
Teniendo en cuenta que la Diputación Provincial de León dispone de un Servicio de Asistencia a Municipios (SAM), que fue creado por acuerdo del Pleno de 11 de octubre de 1984 con la finalidad de atender a las necesidades de los pequeños municipios de la Provincia.
Teniendo en cuenta que el Reglamento del SAM establece en su artículo 2 los servicios prestar que serán: de Asistencia jurídica; de Asistencia económica; de Asistencia técnica; de Asistencia administrativa para garantizar la prestación de las funciones públicas de Secretaría-Intervención y de Asistencia informática.
Teniendo en cuenta que en cuanto a la Asistencia económica, la Diputación puede prestar a las Juntas Vecinales los servicios de “Elaboración de la contabilidad y transmisión de los datos económico financieros por vía telemática a la Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales del Ministerio de Economía y Hacienda y al Consejo de Cuentas de Castilla y León”; “elaboración de presupuesto anual, redacción de todos los documentos integrantes del expediente de aprobación y transmisión de los datos económico financieros por vía telemática a la Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales del Ministerio de Economía y Hacienda y al Consejo de Cuentas de Castilla y León”; y “Elaboración de la liquidación anual del presupuesto y transmisión de los datos económico financieros por vía telemática a la Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales del Ministerio de Economía y Hacienda y al Consejo de Cuentas de Castilla y León”; y “Remisión telemática de la Cuenta General de las Juntas Vecinales al Consejo de Cuentas y resolución de las incidencias que la misma pueda generar”.
Teniendo en cuenta que todos los demás servicios de asistencia están regulados en el reglamento del SAM y son igualmente fundamentales e importantes.
Teniendo en cuenta, por otra parte, que continuamente entra en vigor legislación que afecta a los bienes que gestionan las juntas vecinales ya que en esta provincia, los montes, los pastos y sus recursos (madera, recursos micológicos,…) se están convirtiendo en bienes muy preciados.
Dado que estos amplios, complejos jurídicamente y fundamentales objetivos se vienen prestando desde la Diputación de León con muy escasos recursos, por lo que no se da cobertura suficiente a esta responsabilidad de la Diputación.

Dado que pese a contener estos servicios entre los que presta la Diputación, a día de hoy, el 60% de pedanías y el 32% de municipios aún no han presentado las cuentas correspondientes al anterior ejercicio, según el consejo de cuentas de Castilla y León, tal y como se les exige según la normativa vigente, . Esto supone que de las 1.231 pedanías de la provincia, más de 700 aún no han rendido cuentas. De estas 700, al menos 600 han solicitado la asistencia del SAM para este servicio en plazo y forma, pero la la escasez de recursos humanos destinados a este fin han creado un colapso de difícil solución de no tomarse medidas con urgencia.

Es por todo ello que desde Izquierda Unida se propone al pleno el siguiente acuerdo y su traslado al equipo de gobierno la Diputación los siguientes

Acuerdos:

1) Que se reestructure el servicio dotándolo de más medios humanos y materiales para que su prestación se ajuste a su propio reglamento.

2) Establecer que el Servicio del SAM sea un servicio itinerante por la provincia para acercar este servicio a las zonas mas alejadas de la provincia Laciana, Riaño, la Pola, Fabero, Sahagún, …..

3) Dar traslado de este acuerdo al Presidente de la Dipiutacion de Leon.

jose antonio diago sanche

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MOCIÓN PARA RECLAMAR LA PARALIZACIÓN DE LOS CORTES DE LUZ A LAS FAMILIAS CON PROBLEMAS ECONÓMICOS

Mensaje  jose antonio diago sanche el Sáb Feb 25, 2017 6:17 am

MOCIÓN PARA RECLAMAR LA PARALIZACIÓN DE LOS CORTES DE LUZ A LAS FAMILIAS CON PROBLEMAS ECONÓMICOS Y EXIGIR AL GOBIERNO UNA TARIFA ASEQUIBLE PARA LOS CONSUMIDORES DOMÉSTICOS Y UNA AUTÉNTICA TARRIFA SOCIAL PARA FAMILIAS CON BAJOS NIVELES DE RENTA.

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LA ROBLA

El Grupo Municipal de Izquierda Unida, La Robla en Común, en el Ayuntamiento de La Robla, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su aprobación la siguiente

MOCIÓN

La pobreza energética se ha convertido, desde el estallido de la crisis en 2007, en uno de los principales problemas sociales y económicos de nuestro país, al haberse sumado al desempleo y a la reducción de salarios, una escandalosa subida de las tarifas eléctricas. Son ya unos siete millones de personas las que tienen dificultades para pagar la factura de la luz y más de cinco millones se quedarán sin calefacción durante este invierno. Aunque cada año mueren en España más personas por falta de suministros en sus hogares que por accidentes de tráfico, a los afectados por la pobreza energética se les sigue invisibilizando.

Los aumentos indiscriminados de las tarifas de la luz que se han encarecido un 25% en los últimos seis meses, han agravado aún más la situación económica de muchísimas familias; además las grandes compañías se niegan a realizar una auditoría que permita determinar los costes reales de la producción eléctrica, a la vez que promueven un sistema que favorece la especulación.

Las tres mayores eléctricas se han embolsado más de 56.000 millones de euros en beneficios desde el inicio de la crisis, mientras sostienen una deuda millonaria con la ciudadanía. Entre 1998 y 2006, las grandes eléctricas cobraron ilegalmente más de 3.500 millones de dinero público en concepto de Costes de Transición a la Competencia (CTCs).

Con esta situación, se ha constatado que el Bono Social no soluciona el problema de la pobreza energética, ya que sigue suponiendo una tarifa muy elevada, que ni siquiera se aplica por criterios de renta y que para colmo, ha dejado fuera a dos terceras partes de las personas afectadas, a la vez que subvenciona a hogares con rentas altas. Se trata en definitiva de una medida que intenta maquillar la realidad pero que en la práctica es totalmente ineficaz; de hecho dos sentencias dictadas por el Tribunal Supremo el pasado octubre anulan el sistema de financiación del llamado Bono Social, lo cual deja en evidencia el fracaso del actual modelo energético, que inexplicablemente obliga a los usuarios a indemnizar a las eléctricas con más de 500 millones.

En resumen, el oligopolio eléctrico ha abusado de su situación de privilegio vulnerando los derechos de los consumidores, por lo que consideramos apremiante poner fin a la dramática situación de pobreza energética que viven millones de personas en nuestro país. España tiene que respetar los compromisos adquiridos en el marco internacional y garantizar el cumplimiento del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Observación general Número 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, según las cuales un nivel de vida digno requiere de una vivienda adecuada con acceso a suministros básicos como luz, agua y calefacción. Así mismo debe cumplirse la legislación europea sobre suministro eléctrico, que obliga a los Estados miembros a proteger a los usuarios vulnerables y a prohibir los cortes de luz en periodos críticos (artículo 3 de la Directiva 2009/72/CE, de 13 de julio de 2009).

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, La Robla en Común, propone a este Pleno del Ayuntamiento, los siguientes ACUERDOS:

1°.- Instar al Gobierno Central a prohibir por Ley todos los cortes de luz a familias con problemas económicos. Las compañías eléctricas deberán dirigirse a la Administración para comprobar la situación de las familias que no abonen sus recibos y si están en una situación de vulnerabilidad económica, no podrán cortarles el suministro eléctrico y tendrán que asumir ellas el coste de la factura.
2º.-Instar al Gobierno Central a poner fin a los abusos tarifarios aprobando una tarifa asequible, a la que podrán acogerse todos los consumidores domésticos en su primera residencia.
3°.- Instar al Gobierno Central a crear en sustitución del Bono Social, una auténtica tarifa social para familias con bajos niveles de renta y a realizar los trámites oportunos para que sea sufragada por las propias compañías eléctricas.
4°.- Instar al Gobierno Central a realizar las gestiones necesarias para el reconocimiento y la devolución, por parte de las grandes eléctricas, de los 3.500 millones de euros que cobraron indebidamente en conceptos de Costes de Transición a la Competencia (CTCs).
5°.- Instar al Gobierno Central a realizar una Auditoría al sistema eléctrico, analizando todos los costes desde que se puso en marcha la liberalización del sector con el objetivo de determinar el precio real de las tarifas eléctricas
6°.- Instar al Gobierno Central a aplicar a la electricidad el tipo de IVA súper-reducido del 4% en vez del 21% , al considerarla un servicio esencial para la ciudadanía.
7°.- Dar traslado de este acuerdo al Gobierno Central y a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados. APROBADA

jose antonio diago sanche

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MOCION 8 DE MARZO

Mensaje  jose antonio diago sanche el Sáb Feb 25, 2017 6:18 am

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL 8
DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2017

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LA ROBLA

El Grupo Municipal de Izquierda Unida, La Robla en Común, en el Ayuntamiento de La Robla, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su aprobación la siguiente:
MOCIÓN
Este 8 de marzo de 2017, se conmemora en un contexto histórico y político lleno de dificultades para la sociedad en general y para las mujeres en particular.
El contexto del que hablamos está marcado por el ascenso de la extrema derecha en el mundo occidental como consecuencia de las políticas reaccionarias llevadas a cabo por los gobiernos europeos, del repliegue de la social democracia a favor de los mercados y los envites que sufre la izquierda allí donde pretende tener influencia política.
En este mundo globalizado dominado por grandes multinacionales y fortunas, por monopolios y mercados, significa para las mujeres la paralización de muchas políticas públicas que estaban encaminadas a conseguir mayores cotas de igualdad y, aún peor, el avance de una cultura global que desdeña la igualdad como principio de convivencia.
Por eso hoy más que nunca debemos asentarnos en los pilares del feminismo. Ese feminismo que persigue el respeto a las diferencias y la igualdad real. Ese feminismo alejado de la política revisionista y acomodada en las instituciones. Ese feminismo que cambió el mundo a través de una revolución que modificó la práctica y el sentido de la política, transformando sus objetivos en Universales.
Esta Corporación, como representante del pueblo, tiene la responsabilidad de poner los medios a su alcance para que la igualdad sea una realidad inaplazable bajo ninguna circunstancia.
Precisamente por la crisis económica e ideológica que estamos padeciendo, se hace urgente y necesario, cumplir el objetivo del pleno empleo, donde las mujeres puedan aspirar sin discriminaciones de ningún tipo, a trabajos fijos e iguales en condiciones y salarios; Se hace imprescindible, implantar medidas que consoliden los avances y que impidan la regresión de los alcanzados con planes de igualdad dotados económicamente y asistidos por personal suficiente y adecuado a sus objetivos; es fundamental que las instituciones públicas y los gobiernos lleguen a acuerdos que lleven aparejados los instrumentos y presupuestos necesarios para los fines que se persigan.
La igualdad real entre mujeres y hombres necesita de una educación, de una salud, de una historia, de una cultura, de una economía,... enfocadas con perspectiva de género. Ello sólo es alcanzable mediante la voluntad decidida y tenaz de los gobiernos e instituciones públicas.
El 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, es el momento para que esta Corporación Municipal, muestre su disconformidad con la desigualdad entre mujeres y hombres, propiciando medidas reales, cualificables y cuantificables para que la igualdad de las mujeres sea un hecho y no una mera aspiración.
Por ello el Pleno del Ayuntamiento de La Robla.
DECLARA:
1. Su compromiso en la aplicación del principio de TRANSVERSALIDAD en todas sus políticas, disponiendo para ello de todos los medios necesarios, entre los que se encuentran el aumento de los presupuestos dedicados a las políticas de igualdad y contra la violencia de género,no únicamente los días señalados y con actuaciones concretas e inconexas.
2. Su compromiso en la implantación del Consejo de las Mujeres, órgano ya aprobado por este Ayuntamiento.
3. Su compromiso en contar con la participación de las mujeres a través de sus organizaciones y asociaciones, para que las decisiones que se adopten desde el ámbito institucional tengan el consenso de las organizaciones de mujeres y del movimiento feminista, como interlocutoras cualificadas en el conjunto de las políticas públicas.

jose antonio diago sanche

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MOCION LINEAS ELECTRICAS

Mensaje  jose antonio diago sanche el Sáb Feb 25, 2017 6:23 am

MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA, LA ROBLA EN COMÚN, PARA INSTAR A LA FEMP, A LA FRMYPCYL Y AL SAM A COLABORAR ACTIVAMENTE CON LOS AYUNTAMIENTOS DE MENOS DE 20.000 HABITANTES Y CON LAS JUNTAS VECINALES PARA EL ESTABLECIMIENTO, LA GENERALIZACIÓN Y LA CONSOLIDACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES QUE GRAVEN CON TASA LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL DE LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTICA, GAS, AGUA E IDROCARBUROS.

El Grupo Municipal de Izquierda Unida, La Robla en Común en el Ayuntamiento de La Robla, al amparo del artículo 97.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta la siguiente MOCIÓN para su debate y votación por el Pleno Municipal:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

A través de siete sentencias, el Tribunal Supremo avala las tasas municipales a las instalaciones de electricidad y gas. Se trata de siete sentencias dictadas por TS, las cuales avalan las ordenanzas fiscales del año 2014 y aprobadas por los ayuntamientos de Arteixo (A Coruña), Serradilla (Cáceres) y Villalcampo (Zamora), Quintana del Castillo y Cimanes de Tejar(león)las cuales establecían la regulación y las tarifas de la “tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos”.
En consecuencia, El Tribunal Supremo ha aceptado que los Ayuntamientos y las Juntas Vecinales valoren como ‘construcciones’ las líneas eléctricas de alta tensión y las canalizaciones de gas a efectos del cálculo de la base imponible de la tasa por utilización de los bienes de titularidad pública. La Sala III ha rechazado recursos interpuestos por Red Eléctrica, Unión Fenosa y Gas Galicia, compañías que tachaban de error dar esa consideración a esas instalaciones, lo que repercutía en el valor catastral de los terrenos y en un incremento del gravamen que entendían no justificado.
El cálculo de las tarifas de la tasa se realiza de acuerdo a un estudio técnico-económico, según el cual, el valor del inmueble se obtiene sumando el valor catastral del suelo rústico con construcciones al valor de las instalaciones, y la base imponible es resultado de multiplicar ese valor del inmueble al coeficiente de relación con el mercado y la ocupación en metro cuadrado que corresponde a cada metro lineal.
El Tribunal Supremo, contra la postura de las citadas empresas, considera que la ordenanza no vulnera los artículos 24 y 25 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, que establece que el importe de estas tasas se fijará tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados no fuesen de titularidad pública.
El alto tribunal recuerda que “al cuantificar la tasa no se trata de alcanzar el valor de mercado del suelo por el que discurren las instalaciones que determinan el aprovechamiento especial o el uso privativo del dominio público local, sino el de la utilidad que esos aprovechamientos o usos reportan. Por ello, son admisibles todos los métodos que, cualquiera que sea el camino seguido, desemboquen en un valor que represente la utilidad en el mercado obtenida por el sujeto pasivo”. Y añade que “al controlar esa elección los tribunales de justicia no podemos sustituir la opción municipal por nuestro subjetivo criterio. Tan sólo nos compete comprobar que la elección conduce al resultado querido por la Ley y lo hace aplicando, motivada y razonadamente, criterios objetivos, proporcionados y no discriminatorios, determinados con transparencia y publicidad”.
En ese sentido, resalta que “no cabe calificar de inadecuado acudir para determinar el aprecio que corresponde a esa utilidad al valor catastral del suelo, que tiene siempre como límite el del mercado (…), valor catastral que en el caso de la Ordenanza discutida es el rústico con construcciones [el valor catastral es la suma del valor del suelo más el de las construcciones], por ser de esa naturaleza el suelo por el que discurren las instalaciones cuyo establecimiento es la causa del uso del dominio (…). Téngase en cuenta que, a efectos catastrales, se reputan construcciones las instalaciones industriales, considerándose, entre otras, los diques, tanques, cargaderos (…), lista abierta que permite calificar de tales” a las líneas aéreas de alta tensión o a las canalizaciones de gas a que se refieren las Ordenanzas discutidas.
Para el alto tribunal, “la toma en consideración de tales infraestructuras para calcular la base imponible de la tasa resulta adecuada a la finalidad perseguida por el legislador: si se trata de valorar la utilidad que proporciona al sujeto pasivo el uso privativo o el aprovechamiento especial del dominio público local por la instalación de los mencionados elementos relativos a la distribución de electricidad, parece de todo punto razonable tomarlas en consideración”.
Añade que la aplicación del coeficiente de relación con el mercado encuentra plena justificación en la medida en que se trata de cumplir el mandato legal de que el valor catastral no supere al de mercado. Como quiera que la base imponible se determina por el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada del aprovechamiento especial o el uso privativo del dominio público local, parece de todo punto ajustada a las exigencias legales la aplicación de un coeficiente que tiene por designio evitar que el valor catastral de los bienes considerados supere al del mercado. Y precisa que no comparte “la perplejidad de la recurrente ante la eventualidad de que el valor de la utilidad pueda ser superior al catastral del suelo por el que discurren las líneas, porque, como ya hemos indicado, no se trata de gravar un suelo rústico de uso agropecuario, sino la utilidad que le reporta al sujeto pasivo la utilización privativa o el aprovechamiento especial del mismo, con exclusión de los demás, para una actividad netamente industrial consistente en transportar y distribuir energía eléctrica”.
Expone la sentencia que, en un juicio estrictamente técnico, se podrá discutir si otros parámetros distintos de los elegidos hubieran sido más adecuados para determinar el valor de esa utilidad, pero en un juicio estrictamente jurídico, como el que incumbe al Supremo, se debe concluir que los ayuntamientos han aplicado para determinar la base imponible y las tarifas de la tasa que regula la Ordenanza impugnada unos parámetros objetivos, proporcionados y no discriminatorios que respetan las exigencias del artículo 24.1.a) TRLHL.
En consecuencia, el TS avala el establecimiento de una nueva tasa por parte, tanto de Ayuntamientos, como por parte de las Juntas Vecinales, la cual contribuye a mitigar en parte la escasez de recursos con la que cuentan las entidades locales municipales y de ámbito territorial inferior al municipio. Además, se trata de una tasa justa y acorde a lo dispuesto en los artículos 128 y 133 de la Constitución.
Sin embargo, dado el grave problema de la planta departamental local, la mayoría de municipios y la práctica totalidad de las entidades locales menores existentes carecen de medios propios suficientes con los cuales llevar a cabo los estudios previos de carácter técnico que sirvan de base al estudio de carácter técnico-económico a elaborar por los servicios de Intervención de la entidad, exigidos para tramitar la ordenanza fiscal y que servirán de base para el establecimiento de las tarifas correspondientes. Y lo mismo sucede con los servicios de gestión, inspección y recaudación tributaria, inexistentes o a lo sumo, insuficientes en la mayoría de entidades locales que pudieran resultar interesadas en el establecimiento de dicha tasa.
Esta tasa puede resultar especialmente beneficiosa para las entidades locales menores que sufren el paso de este tipo de infraestructuras e instalaciones por sus bienes comunales, imposibilitando su plena y óptima explotación en beneficio de la comunidad.
En este sentido, no podemos obviar el papel que tanto la FEMP, como la propia FRMyPCyL, como las Diputaciones provinciales a través de sus Servicios de Asistencia a Municipios (SAM) deben prestar a los municipios de menos de 20.000 habitantes y a las propias Entidades Locales Menores (ELM) para generalizar y consolidar este nuevo tributo en el territorio.

Por todo ello el Pleno municipal del Ayuntamiento de La Robla, ACUERDA:

1º - Instar a la FEMP a colaborar de forma activa con los Ayuntamientos de los municipios que quieran elaborar y aprobar tasas por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos.
2º - Instar a la FRMyPCyL a implicarse de forma especial y específica con las Juntas Vecinales de todas aquellas Entidades Locales Menores que pretendan aprobar tasas por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos.
3º - Instar al SAM de cada Diputación provincial a asumir la parte correspondiente a la Gestión, Recaudación e Inspección de dichas tasas, siempre que se correspondan con ordenanzas fiscales aprobadas por Entidades de Ámbito Territorial Inferior al Municipio o por municipios con población inferior a 20.000 habitantes que graven con una tasa la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos.
4º - Se remita comunicación de dicho acuerdo de forma inmediata tanto a la Presidencia de la FEMP, como a la de la FRMyPCyL y de la propia Diputación provincial correspondiente.

jose antonio diago sanche

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RECLAMACIÓN SOBRE FINALIZACIÓN DE LA REIDENCIA

Mensaje  jose antonio diago sanche el Sáb Feb 25, 2017 6:26 am

Desde nuestra agrupación Izquierda Unida, La Robla en común , queremos hacer un llamamiento a la corporación local de este Ayuntamiento, para llevar a cabo una movilización colectiva de todo el municipio, reclamando la finalización de la obra de la residencia y centro de día, para poder proceder a su puesta en funcionamiento.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
–En base a la contestación de la Junta referente a este tema, en la cual se nos informa que los fondos destinados para finalizar la obra ya no existen (información vacía, no aporta ninguna novedad),y que las personas dependientes se atenderán en otros centros(un poco más de información vacía),lo que SÍ que se deduce es la nula intención de buscar otras vías de financiación y lo que SÍ demuestra es el total desinterés de esta administración en este proyecto.
Tomando como base:
-la necesidad del fomento de empleo directo en las zonas mineras, -el principio de optimización de recursos, ya que se trata de aprovechar dinero ya invertido, -la necesidad de inversión en servicios en la zona rural, para mitigar el grave problema de DESPOBLACIÓN.
Se considera que es fundamental canalizar todas nuestras fuerzas y energías en conseguir este objetivo, ya que constituye un gran beneficio para todas las vecinas y todos los vecinos del municipio.
PROPUESTAS
-Impulsar y promover desde esta corporación todas las iniciativas encaminadas a la consecución de este objetivo: finalizar LA RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA DE LA ROBLA.
-Todas las acciones propuestas dentro del marco de la ley y que no sea la resignación y la inacción.

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MOCIÓN PARA CREAR LAS BASES DE CONTRATACIÓN MUNICIPAL

Mensaje  jose antonio diago sanche el Mar Mar 21, 2017 7:26 am

El Grupo Municipal de I.U. en el Ayuntamiento de La Robla, a tenor de lo establecido en los Artículos 91.4 y 97.3 del Real Decreto 2568/1986, del 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, somete al Pleno de la Corporación para su toma en consideración, si procede, la siguiente MOCION:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Con el fin de desarrollar la Moción aprobada por esta Corporación con fecha de 26 de septiembre de 2012, con los votos a favor de las/los concejalas/es del PSOE y IU y el voto en contra de las/los concejalas/es del PP, en la que “El Ayuntamiento de La Robla, aprueba asumir en todos sus procesos selectivos, incluidas las bolsas de trabajo temporal, el contenido del Artículo 60 de la EBEP (Estatuto Básico del Empleado Público) u de los artículos 91 y 103 de la Ley de Bases de Régimen Local.. Por lo cual serán apartados de los mismos procesos selectivos los miembros de la CorporaciónMmunicipal”.

Al considerar la Moción aprobada, que la participación directa o como integrantes de tribunales selectivos de políticas/os electas/os ha formado parte de la polémica desde que existen las corporaciones democráticas en España. Tanto en la constitución de Tribunales de selección para funcionarias/os como laborales o interinas/os el debate sobre si pueden o no las/los concejalas/es integrarse en los mismos se ha desarrollado tanto en el terreno de lo ético como de lo legal.

Desde Izquierda Unida, La Robla en Común, consideramos que los procesos de selección de personal deben tener transparencia que elimine cualquier duda que pueda surgir en cualquier contratación que se haga a nivel Municipal. Por lo que estimamos que ese proceso se debe realizar por una comisión de no menos de tres personas formada por trabajadoras/es de este Ayuntamiento y que la misma deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. Que, con el fin de dar mas nitidez a la contratación, las/los demandantes de empleo deberán presentar su currículo de forma anónima, con sus datos en sobre separado. Y que los Grupos Municipales debemos crear un baremo que regule entre otros, si la/el solicitante esta en desempleo, renta de la unidad familiar, grados de minusvalía, si es familia monoparetal, trabajos anteriores en esta corporación, etc.

Por lo expuesto el Grupo Municipal de Izquierda Unida, La Robla en Común, propone al Pleno para su aprobación los siguientes ACUERDOS:

1º.- Que los grupos Municipales de este Ayuntamiento, fijen una serie de reunionés, con el fin de consensuar y crear un baremo que regule los criterios de contratación y valoración por la que se regirá este Ayuntamiento,

2º.- Que este baremo una vez aprobado, se aplique a la bolsa de empleo y sea base para futuras contrataciones.

3º.- Que los procesos de selección de las/los posibles solicitantes de los puestos de trabajo que se generen, sean elegidos por una comisión formada entre las/los trabajadoras/es del Ayuntamiento, y que su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.



jose antonio diago sanche

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MOCIÓN CONTRA LA PRECARIEDAD DE LOS/AS JÓVENES INVESTIGADORES/AS

Mensaje  jose antonio diago sanche el Mar Abr 18, 2017 12:19 pm

MOCIÓN CONTRA LA PRECARIEDAD DE LOS/AS JÓVENES INVESTIGADORES/AS
AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE .LA ROBLA

El Grupo Municipal .de Izquierda Unida, La Robla en Común, en el Ayuntamiento de La Robla, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su aprobación la siguiente MOCIÓN
EXPOSICION DE MOTIVOS

Desde el inicio de la crisis -desde 2010 a 2016- el Estado español redujo su inversión en I+D en 2.845 millones de euros y se perdieron más de 10.000 investigadores. El ingente esfuerzo para formar a este capital humano se ha dilapidado o simplemente regalado a nuestros países vecinos, que sí garantizan la continuidad de sus instituciones y sistemas. Aquí, por el contrario, parecemos incapaces de retener a una generación que había alcanzado niveles internacionales en su formación y experiencia profesional.
Estos recortes se llevaron a cabo a pesar de la elevada eficiencia de nuestro sistema de I+D. Los bajos salarios, la elevada precariedad laboral, la escasez de la financiación o el escaso interés empresarial privado, no impidieron a nuestra producción científica y tecnológica alcanzar niveles de eficiencia (productividad/ euro) iguales o superiores a los de los países del G-8.
Los recortes han supuesto una grave descapitalización humana, logística y de infraestructuras en nuestro sistema de I+D. Se han cerrado definitivamente laboratorios e infraestructuras científicas que habían costado millones de euros y que volverá a costar millones recuperar, si algún día vuelven a estar disponibles.
Nuestra I+D está herida de gravedad, y si no se cambia radicalmente el rumbo nuestros investigadores y nuestras investigadoras seguirán abandonando el país y la investigación estará condenada a la irrelevancia.
Esta situación es de especial gravedad para los y las más jóvenes, quienes soportan tasas de temporalidad y encadenamiento de contratos precarios y proyectos que, en muchos casos, ni siquiera pueden desarrollar en nuestro país, lo que les condena a un éxodo con nefastas consecuencias para la consolidación de sus carreras y proyectos de futuro.
Es absolutamente urgente revertir este panorama y situar la investigación, el desarrollo y la innovación como una prioridad política y social para todo el país. Y es prioritario valorar la situación de nuestros y nuestras jóvenes, y cómo ésta revierte en la incapacidad para salir de una crisis cuyas tasas de desigualdad y exclusión han quedado como un problema permanente.
Esta situación se ha visto expuesta a la opinión pública en las últimas semanas, por el cambio en los contratos predoctorales de miles de jóvenes sin comunicación alguna y cuya respuesta ha forzado al Ministerio de Empleo y Seguridad Social a comunicar que procederá a restituir el código previo (401) en lugar del 420 en el que había encuadrado los contratos citados.
La temporalidad en el empleo de los trabajadores y las trabajadoras en la ciencia, como en otros ámbitos, no se resolverá con la rectificación de errores administrativos. Lo que sigue en primer término es la falta de estabilidad como un hándicap para la consolidación de la investigación como motor de desarrollo del país.
Es imprescindible un Pacto por la Ciencia que apueste por el impulso a la investigación, el desarrollo y la innovación como prioridad y no como un lujo prescindible. Además, seguiremos exigiendo el cese de los bajos salarios, la precariedad laboral y la escasez de recursos en el sector llamado a ser un pilar en un modelo económico alternativo basado en el conocimiento, y recogiendo una preocupación social de primer orden.
Por todo ello, el Ayuntamiento de La Robla, adopta los siguientes
ACUERDOS:
1.- Instar al gobierno a impulsar la investigación, desarrollo e innovación y valorar la pérdida de recursos humanos y materiales de investigadores e investigadoras jóvenes en los siguientes términos:
2.- Instar a las CCAA y al gobierno central a eliminar totalmente los límites a la tasa de reposición de empleo público en el sector de I+D, permitiendo la incorporación de nuevos recursos humanos de acuerdo con las necesidades reales del sistema de I+D+i
3.- Elaborar un censo de aquellos y aquellas jóvenes del municipio que han tenido que verse obligados a marchar de sus ciudades y pueblos en busca de proyectos, contratos o becas que les permitan continuar sus carreras profesionales y académicas iniciadas en España, con la pérdida de recursos y el impacto negativo que tiene en sus lugares de origen desde el punto de vista económico y social.
4.- Instar al gobierno del Estado español a evaluar el impacto que tiene la pérdida de investigadores e investigadoras en nuestro país; y adquirir el compromiso de dar estabilidad a las carreras investigadoras de nuestros y nuestras jóvenes, que permitan que el potencial de transformación social que suponen revierta en nuestras Universidades, Centros de investigación y Hospitales públicos.
5.- Instar al gobierno del Estado español a tomar las medidas necesarias para combatir la precariedad, especialmente juvenil, entendida como una imposición desde el empleo o falta de este, falta de recursos, vivienda, oportunidades, acceso a servicios y salidas en igualdad para construir un futuro desde su condición de jóvenes. Y poner todos los medios al alcance de ayuntamientos y CCAA para frenar el éxodo y revertir la precariedad.
6.- Dar traslado del siguiente Acuerdo al gobierno del Estado Español y a los distintos grupos parlamentarios de las Cortes generales.


jose antonio diago sanche

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MOCIÓN PARA UN PACTO EDUCATIVO CONSENSUADO CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Mensaje  jose antonio diago sanche el Mar Abr 18, 2017 12:24 pm

MOCIÓN PARA UN PACTO EDUCATIVO CONSENSUADO CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA
El grupo municipal de Izquierda Unida, La Robla en Común, en el Ayuntamiento de La Robla, al amparo de lo dispuesto en el artículo 97.3 del Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta, para su debate y aprobación si procede, la siguiente MOCION DE APOYO al “Documento de Bases por una nueva Ley de Educación. Acuerdo social y político”
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Tras varias Leyes Orgánicas de Educación que han ordenado el Sistema Educativo Español (LOGSE, 1990; LOE, 2006; y LOMCE, 2013), la sociedad pide un consenso que dote de estabilidad al sistema educativo y asegure una educación pública de calidad en condiciones de igualdad y democracia.
Pero este consenso no se puede lograr sin contar con la comunidad educativa en su conjunto. No cabe, pues, intentar alcanzar un pacto educativo pergeñado solo y exclusivamente en reuniones de despacho, donde los intereses particulares o partidistas campan a sus anchas. Consideramos que ha llegado la hora de construir con la comunidad educativa una alternativa compartida, un modelo educativo estable que apueste por la educación pública como garante del derecho universal a la educación.
Un modelo que no discrimine ni segregue por razones económicas, sociales, de género, que sea compensador de las desigualdades. Un modelo que apueste por un currículo laico, democrático, inclusivo que esté al servicio de la formación integral del alumnado, para que constituyan una ciudadanía con capacidad crítica, que participe activamente en la vida democrática de la sociedad, en la construcción de un mundo más justo y solidario.
Amplios sectores de la comunidad educativa llevan dos años trabajando intensamente, desde abril de 2015, para elaborar colectivamente un Acuerdo Social y Político surgido de la propia comunidad educativa, junto con partidos políticos, sindicatos, organizaciones y movimientos sociales, con el objetivo de proponer conjuntamente una alternativa compartida que sirva de base para una nueva Ley Educativa y que pueda dar estabilidad, calidad y equidad al sistema educativo por generaciones.
El resultado de este trabajo es el Documento de bases para una nueva Ley de Educación. Acuerdo social y político, https://goo.gl/H8w9wh, que debería ser tenido especialmente en cuenta en el proceso abierto en sede parlamentaria para intentar alcanzar un Pacto Educativo, si es que realmente los diferentes partidos políticos quieren contar con los auténticos protagonistas de la educación a la hora de concretar los contenidos de dicho Pacto, sin sucumbir ante las presiones de quienes vienen disfrutando de determinados privilegios, como la Iglesia Católica, o tienen intereses económicos que defender. El Decálogo de ideas-fuerza de este documento se adjunta como ANEXO.
Este Documentos de Bases ha sido elaborado conjuntamente y apoyado por Colectivos Sociales como Amesti Educació, Associació de Mestres Grup de Treball per la Infancia, Asamblea Marea Verde Madrid, Colectivo Infancia, Foro de Sevilla, Europa Laica, Junta de Portavoces de Educación Infantil, Mareas por la educación pública, Ciudadan@s en defensa de la Escuela Pública, Proyecto Roma, Plataforma Crida de las Illes Balears (madres, padres, estudiantes y profesorado), Círculo Podem Educació Catalunya, Asociación IncluyE, Movimiento Cooperativo de Escuela Popular (MCEP) y Stop Ley Wert/La educación que nos une, conformada por colectivos y plataformas como: %ATTAC España, OXFAM Intermón, Confederación Estatal de Movimientos de Renovación Pedagógica, Plataforma en Defensa de la Educación Infantil 0-6, Ecologistas en Acción, Foro Mundial de Educación, Juventud Sin Futuro, Red IRES , Rosa Sensat, Yo Estudié en la Pública; Sindicatos de Estudiantes como Sindicato de estudiantes, Federación de estudiantes progresistas del Estado y Colectivo Estudiantil Salmantino; Asociaciones de Madres y Padres como Confederación Española de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA); Organizaciones Sindicales como Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras , Confederación Stes-intersindical y Federación de Enseñanza de CGT; Partidos Políticos como Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Izquierda Unida, Podemos y Esquerra Republicana de Cataluña.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida. La Robla en Común, propone al Pleno del Ayuntamiento de este Ayuntamiento que adopte los siguientes
ACUERDOS:
1. Instar al Gobierno Central y al de nuestra Comunidad Autónoma para que impulse un pacto educativo consensuado con la comunidad educativa y, por tanto, que esté basado en el Documento de Bases para una Nueva Ley de Educación.
2. Dar traslado de la presente Moción al Gobierno Central, al Gobierno de la Comunidad Autónoma y a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado.
ANEXO
Decálogo ideas-fuerza documento de bases para una nueva Ley de Educación1
1. Principios y finalidades:
a. La educación que queremos se fundamenta en el principio básico del derecho a la educación desde el nacimiento y a lo largo de toda la vida, así como en los principios de igualdad, laicidad, diversidad, inclusión, sostenibilidad, autonomía, convivencia, participación democrática, solidaridad, antiautoritarismo, coeducación y escuela pública. Con un aprendizaje cooperativo que sea participativo, colaborativo y nunca competitivo, implicando en su consecución a toda la comunidad.
b. Las finalidades de la educación que queremos, priorizan la formación intelectual para comprender el mundo en el que vivimos y participar en su mejora; la formación para una ciudadanía responsable, crítica, solidaria y democrática en un mundo pluricultural; el desarrollo emocional y la búsqueda del bienestar personal y colectivo de la comunidad de la que forma parte; la eliminación del sistema patriarcal y el fomento del respeto de las múltiples identidades sexuales; la formación para el conocimiento, respeto e implicación en la defensa del medio natural del que dependemos; el desarrollo de la creatividad y de la estética y el respeto profundo a las necesidades, los ritmos y la intimidad de las personas que implica la individualidad de cada niña y niño y el ofrecimiento de una respuesta educativa ajustada y a la vez integral.
2. La educación como un derecho: Universalidad del derecho a la educación en términos de igualdad y, por lo tanto, de gratuidad. La educación pública es la única que puede garantizar que el derecho a la educación sea una realidad asegurando la cohesión social:
a. Oferta suficiente de escolarización pública y gratuita de 0 a 18 años que garantice que todo alumno y alumna disponga de una plaza asegurada en el sistema público, de titularidad y gestión pública.
b. Supresión progresiva de la financiación pública de los centros concertados. Red única de centros de titularidad y gestión pública que, progresivamente, y de manera voluntaria y negociada, integre los centros privados concertados. Mientras, ni un solo concierto más para la privada y supresión inmediata de financiación a centros que practiquen cualquier tipo de discriminación o no aseguren gratuidad.
3. Educación Infantil, Primaria y Secundaria:
favorecer la escolarización temprana universalizando una oferta gratuita de calidad y dando a la Educación Infantil y Primaria la importancia que merecen como pilares básicos que son de todo el proceso educativo. Asegurando una Educación comprensiva y que refuerce la atención personalizada en todos los niveles.
a. Infantil: Red pública de centros educativos (no asistenciales), de titularidad y gestión pública, que cubra todas las necesidades de escolarización de Educación infantil (0 a 6 años) reincorporando el primer ciclo de la Educación Infantil en las legislaciones generales del sistema educativo.
b. Rebajar la ratio de alumnado por grupo hasta alcanzar los valores recomendados internacionalmente para poder responder adecuadamente a las distintas necesidades del alumnado.
Elaborado por 24 movimientos sociales (como Mareas por la educación pública, Movimientos de Renovación Pedagógica, Europa Laica, La Educación Que Nos Une), los sindicatos de estudiantes más representativos, la Confederación española de asociaciones de padres y madres del alumnado CEAPA, las organizaciones sindicales CCOO, STES y CGT y los partidos políticos PSOE, Podemos, IU y Esquerra Republicana de Cataluña.
c. Ampliación de personal docente y de otros profesionales del ámbito educativo para reducir el número de escolares por grupo y por docente.
d. Se proporcionarán servicios y recursos suficientes para que todo el alumnado reciba los apoyos necesarios para progresar de acuerdo a su ritmo de maduración y aprendizaje a lo largo de la enseñanza básica.
e. Evitar clasificación y selección temprana del alumnado y garantizar una educación integral, común y de igual valor para el alumnado en la etapa obligatoria siendo única la titulación al término de la etapa. Sin perjuicio de una opcionalidad gradual en función de motivaciones que no impliquen agrupaciones de grupo-clase homogéneas.
f. Establecer medidas de protección y promoción social, así como organizativas y curriculares en el ámbito escolar contra el absentismo escolar.
g. Sólo en condiciones muy excepcionales se recurrirá a la repetición de curso en la enseñanza obligatoria. Antes de llegar a la repetición proporcionar medidas de apoyo y de refuerzo educativo a quienes muestren necesidades específicas de aprendizaje.
h. Crear las necesarias pasarelas para lograr que, los y las jóvenes puedan incorporarse a acciones formativas para alcanzar la certificación de la educación secundaria obligatoria y el acceso a cualquier tipo estudio de forma accesible.
4. FP y Personas Adultas:
a. Formación Profesional: Red pública de centros integrados de FP con una oferta pública de ciclos formativos adecuada y suficiente, que promueva también perfiles profesionales ligados especialmente al bienestar social y la sostenibilidad ambiental y no sólo al interés inmediato empresarial.
b. Educación Personas Adultas: Extender la red pública, dependiente de Educación y no de Bienestar Social, provista del personal docente cualificado necesario para cubrir las demandas existentes.
5. Educación Inclusiva: que considere la diferencia como un valor y destine los recursos necesarios a quien lo necesite.
a. Gratuidad en el acceso a la educación: La gratuidad de la enseñanza básica incluirá la dotación a los centros públicos de libros, recursos y materiales didácticos que utilice el alumnado y el profesorado y el transporte escolar. Así como ayudas, en su caso, de los servicios de comedor, desplazamientos y residencia, junto a becas salario para el alumnado que lo necesite para evitar que los hijos o hijas deban dejar los estudios para contribuir a los ingresos de la familia. Gratuidad en el acceso a la educación postobligatoria no universitaria. Dotar de becas suficientes para el acceso a estudios universitarios de toda la población y reducir sus tasas de forma inmediata. Tender a la gratuidad total de la educación pública, desde la primera infancia hasta la universidad.
b. Organización del centro y del currículum desde la inclusión: docencias compartidas en la misma aula, flexibilidad de grupos, profesorado y otros profesionales que se ajusten a las necesidades... No segregar al alumnado por capacidades, sexos, diversidad cultural, social... Formar al profesorado para estas funciones y reconocerle el ejercicio que supone realizarlas.
c. El carácter plurinacional del Estado español reconocerá el funcionamiento de diecisiete sistemas educativos con aspectos comunes y diferentes y con sus propias leyes de educación contempladas dentro del marco legal definido por las leyes de ámbito estatal.
d. Plan de medidas para favorecer el éxito escolar de todo el alumnado en la educación obligatoria, concretando actuaciones de apoyo a quienes presentan dificultades de aprendizaje desde el momento en que se detectan. Incremento de la dotación de recursos a zonas y centros con mayor escolarización de alumnado con dificultades y/o en desventaja social.
e. Contextos educadores: políticas sociales activas, inversión social en experiencias educativas no formales que eviten la desigualdad, con políticas laborales y en el sistema educativo que favorezcan la conciliación de la vida familiar y laboral y la formación integral de las personas a lo largo de su vida.
6. Currículo sin idearios particulares.
a. Laico: El carácter laico debe respetarse en el conjunto del sistema educativo, que respete la libertad de conciencia, eduque sin dogmas y elimine toda forma de adoctrinamiento del currículo escolar. En consecuencia, la religión, en sus formas confesionales, y sus actos y símbolos deben salir del currículo y del ámbito escolar. Para ello se derogará el concordato con el Vaticano.
b. Para la vida: Currículo que reúna e integre el conocimiento de las ciencias y de sus aplicaciones tecnológicas, las humanidades, las ciencias sociales, las artes, los saberes populares y los que componen la vida cotidiana, de forma que sirva al cuidado de las personas, de la naturaleza y de la vida comunitaria... y que facilite la deliberación de problemas controvertidos y ayude a comprender el medio en el que se habita para construir una ciudadanía informada y crítica.
c. Pluricultural: El especial respeto de la diversidad cultural y de idiomas de las diferentes Comunidades Autónomas hace necesaria el reconocimiento de su autonomía curricular fijada para los distintos ámbitos: estatal, autonómico y de centro. Así como configurar los currículos desde un enfoque intercultural e inclusivo, potenciando también el reconocimiento de los idiomas y la cultura del alumnado proveniente de familias migrantes y de minorías en los centros escolares, sin utilizar el bilingüismo como forma de segregación, y con una perspectiva de género, ecológica y que aprecie la diversidad sexual.
d. Integral: El diseño del currículo y su desarrollo no se formulará en términos de listados de contenidos “mínimos” con un atiborrado compendio de competencias, sino de forma global, integrada y compleja en términos de resolución de problemas, situaciones sociales, ambientales y éticas relevantes. Sustituyendo la compartimentación actual del conocimiento por una propuesta integral, flexible e interdisciplinar (o globalizada) consensuada por la comunidad educativa y partiendo de las necesidades e intereses del alumnado, que utilice metodologías activas y participativas centradas en el alumnado, incorporando el conocimiento que los alumnos y alumnas construyen colectivamente y respete los diferentes ritmos de aprendizaje.
e. Adaptado al contexto: El currículo básico contendrá los ámbitos o áreas de conocimiento propios de cada etapa educativa, con un amplio margen para su adaptación y desarrollo por parte de la comunidad educativa.
f. Que potencie el conocimiento abierto y compartido: que tenga en cuenta los nuevos usos sociales de las TIC, el importante papel de las redes sociales y las comunidades de software libre, para promover la cultura de la colaboración y el conocimiento abierto. Cuestionando la hegemonía del libro de texto y favorecer la creación de bancos de recursos didácticos y digitales y ayudas a la implementación de proyectos curriculares y materiales alternativos en soportes diversos.
g. No competitivo: No se realizarán pruebas externas que tengan como objetivo la homogeneización del aprendizaje y la elaboración de rankings, que conduzcan a la jerarquización de centros.
h. Ecológico: Currículo anclado en el territorio, con actividades ligadas al entorno próximo y contenidos ligados a la sostenibilidad, el mantenimiento de la vida y la ética ecosocial. Construir y adaptar los centros educativos reduciendo la huella ecológica y evitando derroches energéticos. Crear espacios verdes educativos dentro de los centros, incluyendo huertos escolares, bosques “comestibles” y zonas arboladas no cementadas. Organizar sistemas de transporte sostenible a los centros educativos a pie y en bicicleta. Promover el consumo de alimentos ecológicos y locales en los comedores escolares.
7. Profesorado comprometido y reconocido
a. Estatuto del profesorado acordado con los sindicatos que establezca el marco de las condiciones de trabajo de los docentes, elimine la precarización laboral fijando las obligaciones del desempeño de tareas que desbordan la jornada lectiva y que dé estabilidad docente para conformar equipos de trabajo estables en torno a proyectos educativos de centro. Reducir al mínimo imprescindible la interinidad como sistema de provisión de puestos docentes.
b. Formación inicial: que asegure una sólida formación pedagógica y práctica que posibilite la atención diversificada a un alumnado cada vez más diverso con un equilibrio e integración del conocimiento de la materia, el conocimiento didáctico específico y los conocimientos generales vinculados a los procesos de enseñanza aprendizaje. Y todo ello en el contexto de experiencias prácticas ejemplares, donde cobren sentido y funcionalidad los componentes disciplinares de la formación. Una preparación que facilite la innovación educativa en los centros, que promocione el trabajo en equipo y que fomente una actitud positiva y creativa hacia las nuevas exigencias culturales y pedagógicas. Todo ello en una formación equivalente con grados y posgrados que garanticen un cuerpo único de profesorado.
c. Selección profesorado: Seleccionar con mayor rigor a los candidatos y candidatas a la profesión docente con pruebas rigurosas que incluyan conocimientos profesionales y una evaluación de la inmersión a la práctica guiada por tutores seleccionados. Reconocer en las bolsas de contratación y en las oposiciones el tiempo trabajado y valorado positivamente como uno de los factores fundamentales para el acceso a la profesión docente. Esto irá acompañado de actuaciones de control que permitan conocer su competencia profesional docente.
d. Formación permanente: una parte obligatoria y dentro del horario lectivo. Desarrollar instituciones como los Centros de profesorado u otras fórmulas que estabilicen el desarrollo profesional docente y los programas de perfeccionamiento. Crear redes virtuales y presenciales de profesorado en las que se sirvan de la experiencia.
e. Carrera docente: que garantice un sistema de incentivos profesionales y un modelo de promoción profesional que contribuya a un compromiso eficaz con la innovación y la mejora de la enseñanza. Su labor deben ser dignificadas, pero no con leyes de autoridad que contribuyen a judicializar la educación
8. Autonomía pedagógica y participación educativa en la organización escolar:
a. Autonomía de los centros en la organización interna, pedagógica y de uso de los recursos para ajustarse a la demanda, características y necesidades de su alumnado y el entorno, a través de las competencias de los Consejos Escolares, haciendo que sea ser el verdadero órgano de gobierno de los centros, en un marco de equidad que garantice la no discriminación de unos centros respecto a otros.
b. Autonomía pedagógica del profesorado y la dirección para desarrollar un proyecto educativo consensuado en el seno de la comunidad educativa, facilitándoles la regulación de los aspectos de gestión económica que respondan a sus necesidades y proyectos.
c. Ley de participación educativa que contemple una representación equitativa y proporcional de todos los sectores de la comunidad educativa en los Consejos escolares de centro, en los municipales y autonómicos, volviendo a ser el órgano de gobierno de los centros, que a la vez se abran a otros agentes sociales relacionados con el proceso de socialización.
d. Favorecer la cultura participativa desde los 0 años. Promoción del asociacionismo y la participación democrática de estudiantes y AMPAS.
e. Articular mecanismos de participación entre el profesorado y familias en el aula, con una comunicación bidireccional, en atención al interés superior del alumnado
f. Dirección representativa y colegiada, voluntaria y renovable, con una limitación en el desempeño del cargo, representantes de la comunidad educativa. Elegida democráticamente por la comunidad educativa del propio centro. Debe ser autónoma respecto a la administración y rendir cuentas ante la comunidad educativa. Fortalecer el liderazgo pedagógico compartido. Los equipos directivos gestionarán las decisiones tomadas por los órganos colegiados.
g. La comunidad educativa promoverá la participación, el debate pedagógico, el trabajo en equipo y la cooperación dentro y fuera del centro, frente a un modelo competitivo. Esto exigirá la reforma de horarios para poder celebrar reuniones de coordinación y creación de espacios para facilitar y visibilizar esos encuentros.
h. Integración del contexto social en la dinámica educativa: Fomentar la integración de las organizaciones sociales de los barrios en la vida de los centros y promover los movimientos sociales asociativos de AMPAS y estudiantes
i. Apertura de centros fuera del horario escolar al contexto social: Programa educativo para el tiempo después de la escuela, sin que signifique una prolongación de la escuela, sino una oferta rica en actividades formativas y culturales interesantes.
9. Evaluación educativa para la mejora:
a. Utilizar la evaluación como instrumento necesario para mejorar los procesos educativos, atendiendo a la singularidad y a las necesidades de cada estudiante.
b. Las evaluaciones externas servirán para recabar información sobre programas y políticas educativas que proporcionen un conocimiento público sobre el sistema educativo para su mejora. En ningún caso se harán evaluaciones externas sobre el rendimiento del alumnado que conduzcan a la estandarización de los conocimientos, la competitividad entre centros y las clasificaciones.
c. Los centros recibirán apoyos para la realización de evaluaciones que conduzcan a la mejora de sus programas educativos, dando voz a todos los agentes de la comunidad educativa en una evaluación democrática. Así mismo, se fomentará la cultura de la autoevaluación individual del profesorado y colectiva de los equipos docentes.
d. Los Servicios de Inspección Educativa desarrollarán funciones de asesoramiento y apoyo a la comunidad educativa, tanto en su tarea diaria como en los procesos de autoevaluación.
10. Financiación garantizada constitucionalmente:
a. La educación es un derecho fundamental que debe estar garantizado por una financiación presupuestaria garantizada suficiente del 7% del PIB.
b. Constitucionalizar el PIB destinado a Educación quedando recogido como suelo del gasto en educación en una futura Constitución.
C. Fondo de Compensación Educativa para financiar actuaciones que aseguren la equidad en todo el territorio en el ejercicio del derecho a la educación desde la Educación Infantil a la Enseñanza Superior.
d. La gratuidad de la enseñanza básica incluirá la dotación a los centros públicos de libros, recursos y materiales didácticos que utilice el alumnado y el profesorado y el transporte escolar. Así como ayudas, en su caso, de los servicios de comedor.


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MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LA ROBLA

Mensaje  jose antonio diago sanche el Miér Abr 19, 2017 11:59 am

MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LA ROBLA
El grupo Municipal de Izquierda Unida, La Robla en Común, , al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 y siguientes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta al pleno corporativo la siguiente MOCIÓN PARA HACER EFECTIVO EL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL EN NUESTRO MUNICIPIO.
EXPOSICION DE MOTIVOS
La Garantía Juvenil es una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo. En España se enmarca en la estrategia de Emprendimiento Joven aprobada en febrero de 2013 por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La Recomendación sobre la Garantía Juvenil establece que los y las jóvenes puedan recibir una oferta de empleo, de educación o formación tras haber finalizado sus estudios o quedar desempleados.
Pero este programa se está aplicando tan mal en España que recientemente la UE ha estado a punto de obligar al Ministerio de Empleo a devolver los fondos por su mala gestión. En una evaluación llevada a cabo por la Comisión en octubre de 2016 a los 20 países beneficiarios del programa, España figura en el grupo de los que peor lo han gestionado. Según datos oficiales de enero, había algo más de 421.000 jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil en España frente al millón de potenciales beneficiarios que se esperaban, en un país como el nuestro que tiene un 42,9% de desempleo juvenil. Desde la UE solamente coordinan y facilitan la financiación, pero que la gestión de los programas se hace y depende de los estados miembros y son ellos, en este caso las autoridades de empleo y juventud de cada país, los que se encargan de implementarlos.
La Garantía Juvenil busca asegurar que todas las personas menores de 30 años reciban una oferta de empleo de calidad, educación, formación o prácticas al cabo de cuatro meses de estar en el desempleo o de haber acabado la educación formal.
La financiación de la UE para dicho programa era de 6.400 millones de euros inicialmente. Pero se han inyectado 2.000 millones más para cubrir el periodo 2014-2020.
España fue uno de los primeros países de la UE en desarrollar su plan de Garantía Juvenil en diciembre de 2013 por su elevada tasa de paro entre los jóvenes. Además, España ha recibido unos 900 millones más que están a la espera de la aprobación del Parlamento Europeo. De confirmarse, la dotación del programa se incrementaría hasta los 3.260 millones.
Recientemente la ministra de Empleo, Fátima Báñez, explicó que de los 421.209 inscritos en enero, solo 143.645 habían encontrado empleo. Y afirmó que España deberá justificar el próximo mes de diciembre 1.082 millones y en 2018 849 millones más.
En las declaraciones de la Junta de Castilla y León y del Gobierno de España, la lucha contra el desempleo juvenil parece ser una prioridad. De hecho la Junta cuenta con el Plan de Empleo Joven, al que se destinaron 181 millones de euros en 2016 -de los cuales, 14,2 millones procedían del programa de Garantía Juvenil-, y la Estrategia de Impulso Joven 20/20, elaborada a partir de las propuestas de más de 40 entidades e instituciones relacionadas con los jóvenes y recientemente aprobada por el Consejo Asesor de Juventud de Castilla y León, para facilitar formación, acceso al empleo y la participación a las y los jóvenes, con cerca de 140 medidas y una financiación estimada hasta 2020 en torno a los 250 millones de euros.
Pero los datos reales muestran que en Castilla y León la Junta solo ha gastado en 2015 el 41% del presupuesto de garantía juvenil. Ha dejado de ejecutar 8,5 millones de €, según reconocen las tres Consejerías de la Junta implicadas en este plan: Empleo, Familia y Educación. El número de inscritos en relación con su público-diana es muy bajo, se constata una falta de transparencia en los datos sobre participación o plazo en el que se recibe una oferta formativa o laboral, y la campaña de comunicación de Garantía Juvenil en nuestra región es prácticamente inexistente.
Es intolerable que sólo un 21% de los 37.100 demandantes de empleo de CyL se les haya dado cobertura bajo el ‘paraguas’ de Garantía Juvenil cuando hay financiación destinada específicamente a ello y los responsables políticos de nuestra Comunidad no hayan sido capaces de dar respuesta y gestionarla, de tal forma que la Unión Europea ha tenido que amenazar con obligarnos a devolver los fondos por la mala gestión realizada de los mismos. Es decir, tenemos numerosos jóvenes demandantes de empleo y abundantes fondos europeos para darles empleo. Pero no tenemos responsables políticos capaces de unir y combinar el hambre con el pan para comer en Castilla y León.
La experiencia en políticas activas de empleo demuestra que la coordinación y concertación de todas las Administraciones Públicas permiten resultados positivos. No se pueden desperdiciar recursos y debe actuarse con eficacia porque abordamos un serio problema en el presente, con graves consecuencias a medio y largo plazo.
Es increíble que haya 3 consejerías implicadas de la JCyL: Empleo, Familia y Educación con dotaciones millonarias, Empleo 8.4 millones, Familia 3,5 millones y Educación 2,7 millones. Pero de estos presupuestos, la Consejería de Empleo solo ha implementado 2,2 millones, es decir el 26,6% del presupuesto y la Consejería de Educación el 12% del presupuesto, 326.000€.
Mientras nos preguntamos si las y los jóvenes de nuestro municipio conocen y se les ha facilitado información de que tienen que inscribirse en el programa. Nos preguntamos qué oportunidades de formación y empleo se les ha proporcionado hasta ahora.
Por todo se presenta esta Moción al pleno para su aprobación con los siguientes acuerdos dispositivos:
MEDIDAS URGENTES PARA IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL EN LA PROVINCIA
1) Instar a las Administraciones competentes, y especialmente a las Consejerías de CyL implicadas en el programa a que desarrollen una campaña de comunicación más eficaz, para dar a conocer la iniciativa a toda la población joven potencialmente beneficiaria, mejorando la coordinación y colaboración interinstitucional, y ofreciendo a nuestro Ayuntamiento los apoyos y recursos necesarios para colaborar en esta labor creando una red de informadores e informadoras juveniles y promotores y promotoras de los programas de Garantía Juvenil en cada Ayuntamiento, como servicio público para hacer una campaña informativa continua y sostenida en el tiempo, dado que no sirve el actual programa de subvenciones a asociaciones juveniles con este fin, puesto que en buena parte de las localidades no hay red asociativa y en la mayor parte de los casos no tienen influencia ni posibilidades reales para realizarlo.
Esta red de promotores tiene que llegar a todas las personas inscritas en el programa de garantía juvenil y a las pequeñas empresas de las zonas, información sobre las medidas que implementa el programa de garantía juvenil (Erasmus, bonificaciones …etc)
2)Dado que se ha corregido el sistema de registro, simplificándolo, evaluar para asegurar que hay una inscripción ágil y sencilla de los y las jóvenes potencialmente beneficiarios, evitando así que éstos desistan. Y que permita que todos los y las jóvenes puedan acceder a los programas diseñados para ellos y ellas, y se eviten disfuncionalidades.
3) Se refuerce el papel de las Administraciones Locales para la implementación de programas de formación, recualificación, mejora de la empleabilidad, apoyo al autoempleo y el cooperativismo social, a través de apoyo técnico, presupuestario, de coordinación y asesoramiento de la Universidad…etc..
4) Se incremente la dotación presupuestaria del programa regional vinculado a Garantía Juvenil, así como el número de jóvenes con los que poder trabajar desde el ámbito municipal, en el marco de unas políticas públicas, donde se evalúe su impacto real y cumplimiento de objetivos.
5) Se exija a la Junta de CyL la ampliación de la oferta formativa en módulos y formación profesional ocupacional en todos los Institutos de Educación Secundaria de la zona rural para el curso 2017-2018.
Las persona jóvenes de nuestras poblaciones no pueden esperar más. A no ser que lo que se quiere conseguir es que terminen de irse.


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Re: MOCIONES DE IZQUIERDA UNIDA

Mensaje  jose antonio diago sanche el Sáb Jul 29, 2017 6:12 am

El Grupo Municipal de Izquierda Unida del Ayuntamiento de La Robla, al amparo de lo dispuesto en el artículo 97.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, somete a la consideración del Pleno de la Corporación Local la presente:


MOCIÓN PARA LA EXIGENCIA DE REPARACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS DE LA OBRA FERROVIARIA DE LA VARIANTE DE PAJARES POR EL DESVÍO DE CIENTOS DE MILES DE METROS CÚBICOS DE AGUA DE LA CUENCA DEL DUERO A LA CUENCA ASTURIANA DEL NORTE.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El agua es el elemento más importante para la vida. Es de vital importancia para el ser humano, y el resto de animales y plantas. También el agua es un bien esencial para cualquier actividad económica, imprescindible para la agricultura y ganadería.

Este año ha sido especialmente seco, de tal forma que la CHD, ante la situación de los embalses de la Cuenca del Duero, que están al 56,6% de su capacidad, ha solicitado a los ayuntamientos de Astorga, León, Palencia, Burgos y Valladolid, que extremen las medidas de control del consumo, y recientemente la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha decretado la situación de emergencia en el sistema del Órbigo y en el sistema del Esla-Valderaduey.

Esta situación de sequía de este año, ha sacado también a la luz los efectos devastadores sobre los acuíferos de la obra del AVE entre León y Asturias, no solo es el sobrecoste que esta obra ha tenido (vamos por los 3.500 millones) sino que ha dejado a toda una zona protegida sin agua.
Como ha salido publicado, fuentes secas, ríos sin agua. Este es el paisaje sobre los túneles de Pajares, resultado de la gran chapuza del AVE. La vertiente leonesa de la cordillera cantábrica, una zona protegida por la Unión Europea y reserva de la biosfera, bajo la que discurren los túneles de la variante de Pajares, los que conectan León y Asturias para el AVE, que llevan en obras desde 2004 y que ya han costado más de 3.500 millones siguen sin fecha de apertura, pero se han llevado buena parte del agua de esta zona.

Múltiples fuentes: la de Cáscaro, la de Navares, la del Canto de la Friera... todas están secas. El río Rodiezmo aún lleva algo de caudal, pero los vecinos y vecinas de la zona aseguran que este verano estará seco en este tramo.

Aunque son tres los ayuntamientos afectados, los problemas conciernen a decenas de pedanías, pequeños núcleos de población e irradia a toda la provincia. Esto afecta a la ciudadanía, a la agricultura, la ganadería, el riego…etc..

El origen de todos estos problemas está en el túnel realizado para la construcción de la variante de Pajares para el AVE. La obra, anunciada inicialmente en 1.000 millones de euros, debía sustituir al trazado por el puerto de Pajares, la gran obra ferroviaria del siglo XIX y aún en servicio. Se ha disparado de precio por las filtraciones primero y ahora por los deslizamientos en Asturias lo que ha originado que ya se hayan consumido como se ha dicho 3.500 millones de euros.

Se preveía abrir los túneles en 2009 pero aún siguen cerrados. El problema ha sido abordar un túnel tan complejo como el de Pajares sin apenas estudios previos para conocer el terreno. Se obviaron estudios hidrogeológicos detallados. Las tuneladoras perforaron los acuíferos y bajaron los niveles del agua de la cordillera en la vertiente leonesa, la más seca. Como los túneles tienen pendiente hacia el Cantábrico, el agua baja de sur a norte por los túneles y reaparece en Campomanes, en Asturias, donde tienen problemas de escorrentías y calidad de agua, ya que ésta se ha llevado en ocasiones parte de los materiales usados para sellar el túnel.

La ejecución de este proyecto ha supuesto el desvío de cientos de miles de metros cúbicos de agua de la cuenca del Duero a la cuenca asturiana del Norte, sin Estudio de Impacto Ambiental. Esto es un aspecto muy grave, pues incumple la directiva de Aguas, al ser un trasvase entre cuencas no previsto ni aprobado, y que se está comprobando que tiene un efecto muy grave en los montes y las aguas de diversas pedanías y entidades locales.

Como ha denunciado Carlos González-Antón, catedrático de Derecho Administrativo de León y abogado de la Federación Leonesa de Entidades Locales y de la asociación ecologista LACERTA: Se “incumple la directiva europea de Hábitats, porque es una zona protegida; incumple la directiva de Aguas, porque es un trasvase entre cuencas que no se ha aprobado y que afecta incluso a Portugal, y también se salta la directiva de impacto ambiental, porque la declaración que aprobó la obra en 2002 no preveía el daño a los acuíferos y han cambiado las condiciones para las que se aprobó la obra. Además, ADIF incumple sistemáticamente los requisitos de seguimiento de las obras. No están estudiando el impacto ambiental que ha tenido".

A lo que hay que sumar que el plan de gestión del espacio protegido “Red Natura 2000 Montaña Central de León” recoge ya los problemas derivados de la construcción del túnel de Pajares (como la desviación del nivel freático, contaminación del Bernesga, etc.).

Izquierda Unida presenta esta moción para proponer a la Diputación provincial de León, como Administración con competencia en Asesoramiento a Municipios y apoyo a Entidades Locales Menores, que en coordinación con las mismas se persone como Administración afectada en los expedientes incoados por las deficiencias e infracciones cometidas por la obra “Nuevo acceso ferroviario a Asturias. Variante de Pajares", promovido por el Ministerio de Fomento, presente una denuncia ante la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD e impulse la exigencia de procedimientos de restauración del daño causado.

Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, La Robla en Común, se proponen, para su debate y aprobación, los siguientes

Acuerdos:

1. Instar a la Diputación Provincial de León para que presente una denuncia ante la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) y se persone en los expedientes incoados por las deficiencias e infracciones cometidas por la obra “Nuevo acceso ferroviario a Asturias. Variante de Pajares", promovida por el Ministerio de Fomento.

2. Instar a la Diputación Provincial de León para unirse a la queja que, por vulneración de la legislación comunitaria, han presentado ante la Unión Europea diversos ayuntamientos de Asturias, juntas vecinales leonesas, y la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores. Así mismo, que la Diputación de León preste apoyo y asesoramiento a los Ayuntamientos y Entidades afectados por las deficiencias e infracciones cometidas por la obra “Nuevo acceso ferroviario a Asturias. Variante de Pajares", promovida por el Ministerio de Fomento.

3. Instar a la Diputación Provincial de León para que, a través de sus servicios técnicos, preste apoyo y asesoramiento para que los municipios y pedanías puedan elaborar un estudio propio de las deficiencias y los impactos que las obras de la variante de Pajares están causando en la provincia, dado que los pequeños municipios afectados no tienen la capacidad económica ni técnica para afrontar dichos estudios.
4. Instar a la Diputación Provincial de León para que, a través de sus servicios técnicos, elabore un estudio propio de las deficiencias y los impactos que las obras de la variante de Pajares están causando en la provincia, en coordinación con los municipios afectados.

5. Instar a la Diputación Provincial de León para que exija a ADIF la presentación de un proyecto integral de restauración de las zonas afectadas, previa realización de un inventario de daños y de medidas correctoras.

6. Instar a la Diputación Provincial de León a que denuncie ante el Ministerio de Medio Ambiente los incumplimientos de la legislación en materia de “Evaluación de Impacto Ambiental” en la obra “Nuevo acceso ferroviario a Asturias. Variante de Pajares", promovida por el Ministerio de Fomento. A pesar de que el Ministerio de Medio Ambiente ha manifestado que la “Evaluación de Impacto Ambiental”, aprobada en 2002, se estaba cumpliendo, en realidad esa evaluación inicial no calculó en ningún momento impacto alguno sobre el agua subterránea, aspecto que debe ser denunciado por la Diputación Provincial, en defensa de los Ayuntamientos y entidades locales afectadas.

7. Remitir los acuerdos de esta Moción a la Excma. Diputación de León.

jose antonio diago sanche

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Re: MOCIONES DE IZQUIERDA UNIDA

Mensaje  jose antonio diago sanche el Sáb Jul 29, 2017 6:13 am

MOCIÓN SOBRE LA INCLUSION DE NUESTRO MUNICIPIO EN EL DESARROLLO DE LA RED BÁSICA FERROVIARIA TRANSEUROPEA


AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LA ROBLAl
El Grupo Municipal de Izquierda Unida, La Robla en Común, en el Ayuntamiento de La Robla, , al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su aprobación la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las leyes españolas, o normas de obligado cumplimiento, aunque tengan origen en la Unión Europea, Reglamento (UE) 1315/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las Orientaciones para el desarrollo de las redes transeuropeas de transporte, y el Reglamento (UE) 1316/2013, del Parlamento Europeo y del consejo, relativo al Mecanismo “Conectar Europa”, ambos aprobados el 11 de diciembre de 2013, señalan que la Comisión Europea, nuestra administración pública de ámbito europeo, debe definir la red básica ferroviaria transeuropea en 2023, para que pueda ponerse en servicio en 2030, dentro de la propuesta de la Unión de reducir emisiones de gases con efecto invernadero en un 80% antes de 2050, correspondiendo al sector del transporte una reducción del 60%.
Estas normas se aplican a la red transeuropea de transporte que comprende las infraestructuras de transporte y las aplicaciones telemáticas, así como las medidas de fomento de la gestión y uso adecuado de dichas infraestructuras, para que permitan la creación y funcionamiento de servicios de transporte sostenibles y eficientes.
Las infraestructuras referidas comprenden las del transporte ferroviario, además del transporte por carretera, del transporte marítimo, del transporte aéreo, del transporte fluvial y del transporte multimodal.
La infraestructura ferroviaria se compondrá, entre otros elementos, de todas las líneas ya sean consideradas de alta velocidad o normales, en servicio o cerradas hoy al tráfico, las estaciones e intercambiadores para personas en el ámbito de las grandes aglomeraciones y en el ámbito rural, las plataformas intermodales para mercancías, la electrificación de todas las líneas, los aparatos de vía para el cambio automático de ancho, la señalización ETCS, o sistema europeo de control de trenes, la administración de la circulación ERTMS, o sistema europeo para la gestión del tráfico ferroviario, y los trenes con rodadura desplazable capaces de circular por los diversos anchos, pero siempre tomando en consideración que la infraestructura debe ser eficiente para la circulación de todos los tipos de trenes, de personas o de mercancías, reduciendo el impacto ambiental e incrementado la interoperabilidad entre las diversas instalaciones preexistentes que hay en los diferentes Estados Miembros de la Unión.
Por el territorio de nuestro municipio discurre la línea ferroviaria de (ADIF que conecta con Asturias, así como la línea de via estrecha que lo hace hasta Matallana y en u futuro se prevé el paso de la alta velocidad que conectará la meseta con Asturias a través de los túneles de Pajares).
Considerando además la distribución competencial establecida en nuestro ordenamiento jurídico y administrativo, y la asignación de funciones y potestades a las instituciones de cada ámbito territorial, europeo, estatal, autonómico y local, nuestro Gobierno Municipal tiene la responsabilidad de asumir la capacidad e iniciativa de anticiparse a las situaciones que puedan favorecer o perjudicar a las personas que viven en nuestro municipio

Estamos apremiados por el tiempo, ya que desde ahora hasta el 2023 sólo faltan seis años, y los asuntos de servicios de transporte e infraestructuras necesitan períodos prolongados para ponerse en marcha.
Por todo ello, el Pleno

ACUERDA:

Que el Municipio de La Robla inste al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla y Leon, y, por medio de ella, al Gobierno de España para que nos comunique:

¿Qué planteamientos está trasladando la Comunidad Autónoma de Castilla y León, al Ministerio de Fomento, en cuanto a nuestras estaciones, nuestras líneas ferroviarias y nuestros servicios ferroviarios para personas y mercancías, ante las decisiones que tomará la Comisión Europea en 2023, más la puesta en servicio de la red básica ferroviaria transeuropea en 2030?

¿Qué líneas está proponiendo nuestra Comunidad Autónoma y el Gobierno de España para su integración en la red básica ferroviaria transeuropea?

¿Qué líneas hoy cerradas al tráfico se incorporan a dicha propuesta?

¿Cuál es la planificación para electrificar las líneas que aún no lo están?

¿Cuál es la planificación para instalar los sistemas europeos ETCS y ERTMS en nuestras líneas férreas?

¿Cómo se abordará la circulación de los trenes de mercancías por las líneas que ahora están consideradas de alta velocidad?

jose antonio diago sanche

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Re: MOCIONES DE IZQUIERDA UNIDA

Mensaje  jose antonio diago sanche el Sáb Jul 29, 2017 6:15 am

MOCIÓN PARA QUE LOS PARQUES INFANTILES SEAN MÁS INCLUSIVOS MEDIANTE LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y LA CREACIÓN DE NUEVOS PARQUES O ADECUACIÓN DE LOS EXISTENTES CON EL FIN DE QUE TODOS LOS MENORES, INDEPENDIENTEMENTE DE SUS CAPACIDADES FUNCIONALES, PUEDAN DISFRUTAR DE ÉSTOS.
AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LA ROBLA
El Grupo Municipal de Izquierda Unida, La Robla en Común en el Ayuntamiento de La Robla, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su aprobación la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En nuestra sociedad existen colectivos de población que demandan nuestra máxima atención, formación, cuidado y protección. Uno de estos colectivos sería el compuesto por los menores para los que una de sus actividades principales a su edad es el juego y la diversión. Dentro de este colectivo las Administraciones Públicas y en especial los ayuntamientos deberían prestar una atención y protección especial al grupo formado por aquellos niños y niñas con capacidades diferentes y necesidades especiales y para los que debemos reivindicar y poner en práctica el derecho a la igualdad, también en los espacios de ocio y esparcimiento.
Sin embargo, en nuestros respectivos lugares de residencia, el juego en los parques infantiles públicos de los niños y las niñas con diversidad funcional, en la mayoría de las ocasiones, son los grandes olvidados. Es perentoria la necesidad de espacios de juego inclusivos tal y como demandan sus progenitores y tal como debería de proteger una administración pública cuyo objetivo sea que sus pequeños y sus pequeñas se eduquen como personas integradoras.
Los niños y niñas necesitan espacios de juego donde compartir su tiempo sin importar cuáles sean sus capacidades y en el que aprendan a vivir en igualdad, sin que las diferencias sean un obstáculo. De la misma manera que se suprimen las barreras arquitectónicas para las personas que poseen dificultades de movilidad, tienen que existir zonas habilitadas con juegos e infraestructuras adaptadas con el objetivo de que también puedan ser utilizadas por estos niños y estas niñas, es de todo el mundo conocido que nuestros hijos e hijas aprenden jugando.
Como referencias normativas para reivindicar los derechos de los menores y en especial de aquellos con capacidades diferentes y necesidades especiales podemos citar:
.- La Constitución Española, que en sus artículos 9, 10, 14 y 49 recoge la igualdad de los españoles ante la ley sin posibilidad de discriminación alguna; la dignidad de las personas y los derechos inviolables que le son inherentes; la responsabilidad de los poderes públicos para promover la igualdad de los individuos removiendo los obstáculos que impidan o dificulten el alcance de su plenitud o participación en la vida social; y la realización por parte de los poderes públicos de una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos a los que prestarán la atención especializada que requieran y ampararán para que disfruten de sus derechos.
.- La Ley 51/2003 de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU) que supuso un cambio de enfoque en la forma de abordar la equiparación de derechos de estas personas dentro de la sociedad al reconocerse por primera vez mediante una ley las desventajas de las personas con diversidad funcional, originadas, más que por sus propias dificultades personales, por la existencia de obstáculos y condiciones limitativas impuestas por una sociedad concebida con arreglo a un determinado patrón de personas sin diversidad funcional. Introduciéndose, de esta forma, el concepto de «accesibilidad universal», entendida como la condición que deben cumplir los entornos, productos y servicios para que sean comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas.
.- Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, que da cumplimiento a la disposición final novena de Ley 51/2003, y por el que se aprobaron las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. Regulándose por primera vez una norma de rango estatal con dichas condiciones, dado que hasta el momento sólo las Comunidades Autónomas, en cumplimiento de sus competencias, habían desarrollado una normativa específica de accesibilidad relativa al diseño de los entornos urbanos, resultando una dispersión de normas y diferentes criterios técnicos que ponía en tela de juicio la igualdad entre las personas con diversidad funcional a la hora de aplicar el concepto de accesibilidad en las ciudades.
.- La Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el mandato contenido en la disposición final cuarta del Real Decreto 505/2007, ya citado, que demanda la elaboración de un documento técnico de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados por medio de Orden del Ministerio de Vivienda. Desarrolla asimismo los criterios y condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación, aplicables en todo el Estado, presentados de forma general en dicho Real Decreto
Así, en su artículo 8. Sectores de juegos, esta Orden recoge que los elementos de juego, sean del tipo que sea, deberán permitir la participación, interacción y desarrollo de habilidades por parte de todas las personas, teniéndose en cuenta las franjas de edades de éstas, el uso de colores y texturas para favorecer la orientación espacial y la percepción de los usuarios; o la previsión de áreas donde puedan estar personas en silla de ruedas.
.- La Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, que viene a modificar entre otras cosas la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil que viene a reforzar y desarrollar el derecho del menor a que su interés superior sea prioritario. Para ello dota de contenido a este concepto estableciendo a efectos de la interpretación y aplicación en cada caso del interés superior del menor, determinados criterios que se ponderarán teniendo en cuenta una serie de elementos como: “La necesidad de garantizar su igualdad y no discriminación por su especial vulnerabilidad, ya sea por la carencia de entorno familiar, sufrir maltrato, su diversidad funcional, su orientación e identidad sexual, su condición de refugiado, solicitante de asilo o protección subsidiaria, su pertenencia a una minoría étnica, o cualquier otra característica o circunstancia relevante”
Así mismo, incorpora jurisprudencia del Tribunal Supremo de los últimos años e indica que la ley, sus normas de desarrollo y demás disposiciones legales relativas a las personas menores de edad, se interpretarán de conformidad con los Tratados Internacionales de los que España sea parte y, especialmente, de acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas y la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, siendo los poderes públicos los que garantizarán el respeto de los derechos de los menores y adecuarán sus actuaciones a la presente ley y a la mencionada normativa internacional.
.- El Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre por el que se aprueba dicho texto, que en la letra a) de su artículo primero recoge el objeto de la Ley, que es la de “garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como el ejercicio real y efectivo de derechos por parte de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones respecto del resto de ciudadanos y ciudadanas, a través de la promoción de la autonomía personal, de la accesibilidad universal, del acceso al empleo, de la inclusión en la comunidad y la vida independiente y de la erradicación de toda forma de discriminación, conforme a los artículos 9.2, 10, 14 y 49 de la Constitución Española y a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España”
En suma, las administraciones están obligadas a garantizar que niños, niñas y adolescentes con diversidad funcional disfruten de una vida llena, que les permita llegar a valerse por sí mismos y facilite la participación activa en la comunidad. Si queremos una ciudad inclusiva, tenemos que empezar por formar niños inclusivos y niñas inclusivas dentro y fuera de la escuela, y esto implica que los todos ellos y todas ellas jueguen unidos y mezclados.
Estos espacios deben servir para inculcar valores y educar en la diversidad al resto de niños y niñas de hoy. De esta forma pueden acompañarles divertirse juntos y colaborar con ellos y ellas cuando lo necesiten. Al mismo tiempo serán punta de lanza para romper tabús y estereotipos entre los mayores, tal y como defienden los colectivos que trabajan en el ámbito de la diversidad funcional, ya que todos y todas somos diferentes de una forma o de otra no deben caber distinciones ni barreras.
La reivindicación de la accesibilidad en los parques infantiles además de permitir concienciar a la sociedad y a los gestores públicos sobre la necesidad de la accesibilidad universal y el diseño para todos, es percibida y ampliamente apoyada como algo necesario por la sociedad. En los últimos años, no sólo los ayuntamientos comienzan a hacer más accesibles e inclusivos los parques infantiles y sus juegos, sino que también los están instalando otro tipo de establecimientos como colegios, comunidades de vecinos y empresas privadas.
Para garantizar el derecho de los niños a disfrutar de un entorno accesible, la administración local debe proponer el diseño de espacios públicos y zonas recreativas en las que puedan confluir todos los niños y todas las niñas, independientemente de su edad y de su diversidad funcional.
Porque aunque exista una determinada normativa, apenas existe alguna que recomiende cómo debe ser un parque infantil accesible, inclusivo y seguro, siendo por tanto ésta una tarea pendiente, así como la de los elementos que deberían componer éstos y en los que la integración de los juegos habituales con juegos accesibles y adaptados para niños con alguna diversidad funcional sea el objetivo principal con el fin de que todos las criaturas puedan disfrutar y divertirse juntas en estas zonas. Sería necesario por tanto el que existieran una serie de directrices sobre cuáles deberían ser los criterios para considerar un parque infantil como accesible, inclusivo y seguro para sus usuarios y usuarias.
En este sentido, la eliminación o la reducción al máximo de las barreras arquitectónicas es fundamental, -un escalón en la entrada o la arena del suelo son obstáculos difíciles de superar, más cuando se tiene que tener como principio que en todas las actividades relacionadas con los niños con diversidad funcional se ha de tener como consideración primordial la protección de su interés superior.
Un posible aspecto a tener en cuenta para la consecución de esos objetivos sería analizar la conveniencia o no de proceder a una posible ampliación del número de plazas de aparcamiento para personas con diversidad funcional en lugares lo más próximos posibles a estos parques infantiles, así como la instalación, en su caso, de paradas de transporte público lo más cercanas posibles a los mismos
En cuanto a la seguridad podríamos indicar que deberían contar con unas medidas mínimas, al menos y como ejemplo: que estén separados suficientemente del tráfico rodado bien de manera natural o artificial; que la superficie sobre la que vayan a jugar este realizada de materiales blandos con el fin de evitar posibles lesiones ante caídas; que los dispositivos de juego estén diseñados y producidos con materiales que no puedan causar daño a los menores; o que tengan información próxima y visible para llamar a un servicio médico próximo en caso de necesidad. Además, el mantenimiento de estas zonas es un punto clave, dado que puede haber juegos inclusivos que estén descuidados y dañados, no pudiéndose consentir esta situación.
Debemos ser capaces de establecer un calendario para proceder a aplicar las medidas oportunas para la inclusión de juegos accesibles en los parques infantiles independiente de la agenda que haya prevista para llevar a cabo otras actuaciones de mantenimiento y mejoras de los existentes. En su diseño deben participar desde el inicio y en el marco de un proceso participativo desde asociaciones de vecinos y colectivos sectoriales, a colectivos de padres y madres que son los que mejor que nadie saben cuáles son las dificultades con las que se encuentran sus hijos e hijas a la hora de poder acceder a un parque infantil de juego, así como de aquellos técnicos precisos para asesorar en las posibles soluciones y elementos de juego que más convengan, ya que si se piensan bien desde el inicio, los parques infantiles creados con criterios de accesibilidad, son más innovadores, más divertidos y seguros y por ello no deben de ser más caros.
Por todo ello el Grupo de Izquierda Unida, La Robla en Común. presenta para su aprobación, si procede, la siguiente MOCIÖN
“El Pleno Municipal ACUERDA:
1.- Realizar, en colaboración con colectivos especializados en el ámbito de la diversidad funcional, así como con las asociaciones de padres y madres de menores afectados por alguna disfuncionalidad y aquellos técnicos y profesionales necesarios, un estudio sobre la accesibilidad e inclusividad de los parques infantiles existentes en el municipio.
2.- Adoptar las medidas necesarias para que los parques infantiles existentes en el municipio se adapten a los resultados derivados de dicho estudio
3.- Buscar la colaboración de otras administraciones públicas para alcanzar los objetivos que se recojan en el citado estudio.
4.- Declarar todos los servicios municipales, y en especial los relacionados con la accesibilidad y la inclusividad, como prioritarios y por tanto solicita la expresa autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para poder ejercer las facultades propias de gobierno de nuestro municipio con plena autonomía organizativa y dedicar los fondos necesarios para el cumplimiento de estos fines.
5.- Trasladar esta moción a todos los grupos políticos representados en la Diputación de León y Comunidad Autónoma de Castilla y León.

jose antonio diago sanche

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